El reciente fallo del Tribunal del Cuarto Circuito en el caso United States v. Chatrie ha generado una notable resonancia en la esfera legal y tecnológica al centrarse en la controvertida técnica de geofencing y su relación con los derechos constitucionales, especialmente la Cuarta Enmienda de los Estados Unidos. Este caso emblemático no terminó con una opinión mayoritaria clara, sino que se caracterizó por una profunda división entre los jueces involucrados y una serie de opiniones concurrentes y disidentes, lo que refleja la complejidad de aplicar principios constitucionales tradicionales a contextos digitales y emergentes. En esencia, el caso se trataba de determinar si la obtención de datos de ubicación anonimizada mediante geofencing, es decir, la recopilación de información restringida a un área geográfica específica para identificar a posibles sospechosos, constituye una violación a los derechos que protegen contra registros e incautaciones irrazonables. Más allá de la metodología técnica, lo que subyace es un debate antifundado sobre la privacidad en la era digital, la vigencia del llamado "tercero doctrine" y el alcance de la excepción de buena fe dentro del ámbito judicial.
El fallo per curiam que simplemente afirmó la decisión del tribunal de distrito sin emitir un análisis detallado evidenció la disparidad de criterios entre los quince jueces que participaron en la votación. Siete concurrences y una disidencia se desencadenaron, exponiendo visiones divisorias sobre si el geofencing debe considerarse una búsqueda bajo la Cuarta Enmienda y, en consecuencia, si se requieren garantías estrictas para proteger los datos personales tras la intervención gubernamental. Los argumentos propuestos por uno u otro lado revelaron enfoques ideológicos y jurídicos distintos. Por un lado, algunos jueces defendieron que el uso de geofencing no representa una búsqueda porque los usuarios voluntariamente comparten su ubicación con terceros, en este caso Google, invocando la doctrina de terceros como fundamento para validar la legalidad de estas prácticas sin necesidad de una orden judicial específica que detalle a cada persona afectada. Esta adopción apunta a una interpretación restrictiva y tradicional de la Cuarta Enmienda, donde la privacidad se limita en función de la disponibilidad previa de los datos ante terceros.
En contraste, otros miembros expresaron que el fallo histórico en Carpenter v. United States, que modificó ciertos aspectos la doctrina del tercero para proteger mejor la privacidad digital, debe interpretarse de forma expansiva y adaptativa. Según esta lectura, el geofencing sí constituye una búsqueda porque el estado adquiere información altamente sensible y detallada de la vida privada, lo que justifica un análisis multifactorial para sopesar los derechos protegidos frente a los intereses policiales. En esta línea, se demandan órdenes judiciales más precisas y exigentes para supervisar el acceso a datos anonimizados y su posterior desanonimización para identificar a personas de interés. No obstante, en una línea discursiva transversal a la mayoría, resalta la aplicabilidad de la excepción de buena fe, que permite la admisibilidad de pruebas derivadas de órdenes o procedimientos que, aunque posiblemente defectuosos o cuestionables, fueron realizados bajo la creencia razonable de cumplimiento legal.
Esto significa que, a pesar de la divergencia constitucional sobre la naturaleza de la búsqueda, la evidencia obtenida será válida en la mayoría de los casos, lo que limita la capacidad de defensa basada en la supresión de evidencias. La ausencia de una posición mayoritaria clara en el Cuarto Circuito deja un panorama jurídico incierto y fragmentado respecto a cómo deben abordarse las tecnologías de vigilancia basadas en datos de ubicación. Esta disparidad anticipa una continuidad en los litigios futuros para delimitar los límites de la privacidad digital y las facultades del Estado, con una probable escalada hasta la Corte Suprema para unificar criterios. El trabajo de análisis también expone una brecha profunda entre las interpretaciones ideológicas de jueces designados por diferentes administraciones políticas. En términos generales, los jueces designados por administraciones republicanas tienden a preservar la doctrina tradicional y se muestran más reticentes a ampliar las protecciones frente a la recopilación de datos a través de terceros, mientras que los nombrados por administraciones demócratas adoptan una visión más progresista y proteccionista, enfatizando la necesidad de adaptar la Cuarta Enmienda a las realidades tecnológicas contemporáneas.
Asimismo, el rechazo unánime a la posición del Quinto Circuito, que calificó los geofence warrants como inherentemente inconstitucionales, subraya que, aunque hay dudas sobre su procedimiento, la técnica de geofencing no será descartada como ilegal de manera absoluta por los tribunales. Este escenario revela no solo las dificultades jurídicas para responder a la evolución tecnológica sino también las tensiones políticas que influyen en la interpretación del derecho. En un entorno donde la recopilación masiva de datos y la vigilancia digital se vuelven cada vez más comunes, la resolución de estas cuestiones definirá el equilibrio entre seguridad pública y protección de los derechos fundamentales. Además, el debate ha supuesto una invitación a la conciencia respecto a la privacidad digital y a la necesidad de una legislación clara y actualizada que establezca límites y salvaguardas concretas para el manejo de datos personales por parte de entidades gubernamentales y empresas privadas. En conclusión, el caso del Cuarto Circuito no significa un cierre definitivo, sino más bien un punto de partida para un diálogo continuo sobre la protección constitucional frente a nuevas tecnologías.
