En una decisión histórica y controversial, la Cámara de Representantes de Carolina del Norte aprobó una ley que autoriza al tesorero estatal a invertir hasta un 5% de los fondos públicos en criptomonedas y otros activos digitales. La iniciativa, conocida como NC Digital Assets Investments Act, fue impulsada principalmente por legisladores republicanos y ha abierto un debate crucial sobre el papel que deben jugar las criptomonedas en la gestión de fondos públicos y planes de pensiones estatales. La legislación cubre más de dos docenas de fondos, incluyendo el plan de pensiones estatal valorado en aproximadamente 129 mil millones de dólares, que proporciona seguridad financiera a bomberos, maestros, policías y empleados estatales. Este plan es uno de los pilares fundamentales para garantizar estabilidad económica a miles de personas dedicadas al servicio público, y la decisión de incluir criptomonedas en su cartera de inversiones representa un cambio significativo en la política financiera oficial del estado. Originalmente, la propuesta contemplaba un límite del 10% para inversiones en activos digitales, pero tras negociaciones y debates en la Cámara, se acordó reducir ese techo al 5%.
Esta modificación reflejó preocupaciones sobre la volatilidad inherente a las criptomonedas y la necesidad de proteger los fondos públicos de riesgos excesivos. Además, el proyecto de ley ahora obliga a que un consultor externo e independiente evalúe cualquier plan de inversión en criptomonedas, asegurando una supervisión adicional que promueva la transparencia y prudencia en la administración de los activos. Una de las críticas iniciales del proyecto giraba en torno a la exclusividad del acceso a las “claves privadas” digitales, que permiten gestionar las billeteras virtuales donde se almacenan las criptomonedas. El texto original otorgaba al tesorero estatal un control exclusivo sobre dichas claves, lo que levantó dudas sobre la seguridad y la responsabilidad en caso de posibles vulnerabilidades. El uso de sistemas de custodia seguros reemplazó esta disposición, introduciendo plataformas especializadas que protejan los activos digitales contra hackeos y pérdidas, siguiendo las mejores prácticas de la industria fintech.
La legislación también considera la posibilidad de utilizar activos digitales incautados por el Estado, explorando la creación de un fondo de reserva en criptomonedas. Esta medida responde a la realidad creciente de bienes digitales confiscados en investigaciones y procesos judiciales que podrían, a partir de ahora, utilizarse de manera eficiente y estratégica para fortalecer las finanzas estatales. Este paso marca a Carolina del Norte como uno de los estados pioneros en Estados Unidos que abraza de manera institucional la inversión en criptomonedas dentro de fondos públicos. Su ejemplo resalta un interés creciente en integrar tecnologías emergentes al manejo financiero, buscando diversificar las carteras y adaptar los sistemas públicos a las tendencias globales del mercado financiero y tecnológico. El contexto nacional muestra que al menos 40 estados están evaluando o implementando leyes relacionadas con la inversión en criptomonedas, con estados como Florida, Ohio, Iowa y Dakota del Norte explorando sus propias iniciativas.
Algunos ya permiten que parte de sus fondos de pensiones se inviertan en activos digitales, como Wisconsin y Michigan, mientras que Arizona está próxima a crear la primera reserva pública estatal exclusivamente en Bitcoin. En Carolina del Norte, la medida también genera división política. Los demócratas han expresado su escepticismo, argumentando que las criptomonedas son demasiado volátiles e inciertas para fondos tan importantes como el de la jubilación estatal. Sin embargo, este sector también reconoce la necesidad de diversificar y modernizar los instrumentos financieros, por lo que plantean mantener cautela y un control riguroso para no comprometer la estabilidad. El gobernador demócrata Josh Stein ha manifestado un apoyo prudente a la legislación, destacando la importancia de otorgar autonomía al tesorero para tomar decisiones de inversión inteligentes y diversificadas.
Según Stein, la ley no obliga a realizar inversiones en criptomonedas pero permite que, de evaluarse como opciones sabias y rentables, puedan formar parte de la cartera de activos estatales. Este respaldo desde el poder ejecutivo refleja la tensión natural entre innovación y regulación que caracteriza la irrupción de las criptomonedas en sistemas tradicionales. Más allá de los debates inmediatos, este avance pone en relieve la necesidad de marcos normativos sólidos que permitan aprovechar las oportunidades que presenta la tecnología blockchain sin dejar de proteger los intereses públicos y minimizar riesgos. Para la comunidad financiera y tecnológica, la aprobación de esta ley es un indicador de que las criptomonedas están ganando legitimidad y aceptación institucional. La inclusión de plataformas de custodia seguras y la exigencia de evaluaciones independientes son medidas que responden a recomendaciones internacionales en materia de gestión de activos digitales, y podrían sentar precedentes para otros estados y gobiernos.
El proyecto ahora se encuentra en consideración del Senado estatal, que ya mostró indicios favorables hacia las inversiones públicas en criptomonedas, evidenciados en su aprobación previa de un presupuesto que permite hasta un 5% de activos digitales en fondos estatales. El proceso legislativo continuará generando atención tanto local como nacional, mientras que expertos en finanzas, tecnología y legislación observan de cerca los resultados y posibles efectos de esta integración financiera. El impacto potencial de esta ley va más allá de lo financiero. Podría dinamizar el sector tecnológico local, atraer inversiones y talento, y posicionar a Carolina del Norte como un estado innovador en materia de políticas públicas digitales. Esto se alinea con tendencias globales, donde gobiernos y sectores privados están explorando cada vez más activos virtuales para mejorar eficiencia, transparencia y rentabilidad.
Sin embargo, también es crucial considerar los retos que implica la gestión de activos digitales en el ámbito público. La volatilidad de los mercados de criptomonedas, las amenazas informáticas y la incertidumbre regulatoria federal representan desafíos constantes que demandan actualización, supervisión constante y capacitación especializada para quienes administran estos fondos. En este sentido, la experiencia de Carolina del Norte será monitoreada cuidadosamente como caso testigo. Los resultados y aprendizajes podrían inspirar o desaconsejar movimientos similares en otros estados y países. La formación de reservas en activos digitales, la promoción de inversiones diversificadas y la integración de tecnologías avanzadas en finanzas públicas constituyen una nueva frontera cuya gestión responsable determinará el éxito o fracaso de tales iniciativas.
En suma, la aprobación de la NC Digital Assets Investments Act representa un avance significativo en la incorporación de las criptomonedas en la esfera pública, reflejando el crecimiento e influencia de estos activos en el mundo actual. Mientras que el escepticismo y la precaución persisten, la apertura hacia la innovación en Carolina del Norte podría marcar un antes y un después en la forma en que los estados gestionan sus recursos financieros en un contexto económico cada vez más digital y globalizado.
