En mayo de 2025, el caso de Eric Council Jr., acusado por hackear la cuenta oficial de Twitter del SEC (Securities and Exchange Commission) para publicar un mensaje falso sobre la aprobación de un fondo cotizado en bolsa (ETF) de Bitcoin, entró en una fase decisiva. La defensa del hacker solicitó al juez una condena de 366 días, contradiciendo la petición de dos años solicitada por los fiscales federales. Esta disputa pone en evidencia las tensiones sobre cómo deben ser sancionados los delitos cibernéticos en un entorno donde la confianza en la información financiera es clave para la estabilidad del mercado. El ataque cometido en 2024 consistió en un SIM swap, técnica que permite a los delincuentes hacerse con el control del número telefónico de la víctima para manipular cuentas verificadas mediante SMS.
La maniobra permitió a Council y a su grupo usurpar la cuenta oficial del SEC y publicar información falsa indicando que las autoridades regulatorias habían aprobado fondos ETF de Bitcoin al contado, una noticia que podría haber influido considerablemente en la cotización y confianza del mercado cripto. Inicialmente, el acusado se declaró no culpable, pero posteriormente cambió su declaración a culpable por cargos de conspiración para cometer robo de identidad agravado y fraude con dispositivos de acceso. Tras esta admisión, la defensa argumentó que la recomendación de una condena de aproximadamente un año y un día de prisión sería adecuada para cumplir con los fines de justicia, incluyendo el castigo, la promoción del respeto por la ley y la prevención de conductas futuras. Por otro lado, los fiscales sostienen que la conducta de Eric Council fue parte de un esquema sofisticado de fraude del cual supuestamente obtuvo beneficios por orden de 50,000 dólares, además de causar un daño significativo a la integridad del SEC y los mercados financieros. Por ello, piden una condena de dos años para subrayar la gravedad y el impacto del delito.
El juez a cargo, Amy Berman Jackson, ha requerido que los fiscales clarifiquen los detalles de las pruebas, incluyendo la identificación precisa del delito grave y la evidencia que lo sustenta para la audiencia de sentencia que se programó para el 16 de mayo. Este requerimiento apunta a asegurar que la condena se base en fundamentos sólidos y que se resguarden los derechos del procesado. Este caso se enmarca en un contexto más amplio de creciente preocupación por la seguridad en la era digital, especialmente en sectores relacionados con las criptomonedas y la regulación financiera. La publicación de mensajes falsos desde una cuenta oficial puede desestabilizar mercados y generar pérdidas multimillonarias, por lo que la respuesta judicial es clave para disuadir acciones ilícitas semejantes. Además, la sentencia y desarrollo de este proceso judicial llegan en un momento de cambio en la administración del Distrito de Columbia, donde la llegada de Jeanine Pirro como fiscal interina podría influir en la estrategia y énfasis en la persecución de crímenes relacionados con la tecnología y el cripto.
Este suceso también pone en evidencia la vulnerabilidad de las cuentas oficiales protegidas mediante métodos tradicionales de autenticación, como los mensajes SMS, frente a ataques como el SIM swap. Las autoridades y empresas tecnológicas están frente a la necesidad de fortalecer sus mecanismos de seguridad para preservar la integridad y autenticidad de sus comunicaciones. Por otro lado, la comunidad cripto observa con atención este caso, pues se trata de una de las pocas intervenciones judiciales que involucran directamente la manipulación de información sobre productos financieros vinculados a activos digitales. La sentencia que se imponga podría servir como precedente para futuros procesos relacionados con fraudes y desinformación en plataformas digitales. Asimismo, es destacable cómo la defensa ha optado por una estrategia legal que busca mitigar la severidad de la pena mediante argumentos que apelan a la proporcionalidad del castigo y la oportunidad de rehabilitación, considerando también que el acusado aceptó su culpabilidad y colaboró con la justicia.
Este aspecto suele ser relevante en las decisiones judiciales para equilibrar la naturaleza punitiva y la reinserción social en casos de delitos informáticos. En cuanto al impacto financiero, el hecho de que el mensaje falso anunciara la aprobación de un ETF de Bitcoin al contado es significativo, dado que dichos productos financieros son ampliamente esperados por inversionistas y pueden influir en la adopción masiva y legitimación del cripto. La intención de propagar información falsa pudo haber generado confusión, aumentando volatilidad y riesgos en el mercado durante el breve momento en que estuvo publicado el mensaje. Este incidente también enfatiza la importancia de la verificación rigurosa de la información proveniente de fuentes oficiales, especialmente en un contexto donde las redes sociales son un vector principal para la difusión de noticias y opiniones. El riesgo asociado a la difusión de información fraudulenta puede tener repercusiones casi instantáneas en los mercados globales.
