La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, conocida como NOAA, ha anunciado recientemente que archivará su base de datos histórica que documenta los desastres naturales que han causado daños por mil millones de dólares o más en el país desde 1980. Esta monumental base de datos ha sido una herramienta clave para entender el impacto económico directo de eventos climáticos extremos como huracanes, incendios forestales, tormentas de invierno y otros fenómenos meteorológicos severos. Sin embargo, tras años de recopilación continua y análisis detallado, la colección dejará de actualizarse a partir de finales de 2024, lo que ha generado preocupación entre expertos, científicos y legisladores en relación con el futuro del monitoreo y la preparación ante el cambio climático en Estados Unidos. Desde hace más de cuatro décadas, la base de datos de NOAA ha sido un recurso invaluable que integra información obtenida de diversas fuentes gubernamentales, estatales, e incluso del sector asegurador. Esta amalgama de datos ha permitido identificar tendencias a largo plazo en la frecuencia, magnitud y costo de los desastres climáticos, facilitando también la elaboración de mapas de riesgos y estrategias de mitigación para comunidades vulnerables.
Al estudiar estos registros, los expertos han logrado establecer conexiones claras entre ciertos patrones climáticos y la intensificación de fenómenos destructivos, adelantando escenarios posibles para el futuro ante la progresiva crisis climática global. El anuncio de la discontinuación y archivo de esta base de datos se produce en un contexto de profundas reducciones presupuestarias y de personal en NOAA, impulsadas por las políticas de la administración Trump que priorizan la austeridad y reducen la inversión en programas relacionados con el cambio climático y la protección ambiental. Estas políticas han sido objeto de críticas por parte de científicos y defensores del medio ambiente, quienes advierten que tales recortes pueden limitar la capacidad del gobierno para anticipar y responder a emergencias climáticas, poniendo en riesgo tanto vidas humanas como recursos económicos. Uno de los aspectos más preocupantes es que al suspender las actualizaciones de la base de datos, se estará perdiendo la continuidad de información clave para la evaluación y construcción de medidas preventivas a nivel federal y estatal. La ausencia de datos recientes no solo afecta a investigadores y formuladores de políticas, sino también a sectores privados vinculados a seguros, construcción y planificación urbana que dependen de estos índices para ajustar sus estrategias frente a eventos climáticos adversos.
Este vacío informativo podría traducirse en un aumento de vulnerabilidades sociales y económicas, especialmente en áreas propensas a huracanes, inundaciones y sequías extremas, cuyas consecuencias ya se han evidenciado con los millonarios daños que registran año tras año. A pesar de la suspensión de actualizaciones, NOAA ha asegurado que todos los datos compilados hasta 2024 permanecerán accesibles para el público y la comunidad científica. Esto significa que la vasta cantidad de registros que abarcan incidentes desde 1980 hasta ahora seguirá siendo una referencia histórica. Sin embargo, la falta de nueva información hace que la base de datos se convierta más en un archivo estático que en una herramienta dinámica para la gestión del riesgo, lo que limita su utilidad para anticipar y mitigar futuros desastres. En un momento en que el cambio climático está acelerando fenómenos extremos, esta decisión puede verse como un paso atrás en la lucha contra sus consecuencias.
El último año completo de datos disponible revela una fotografía preocupante: 27 eventos climáticos causaron daños directos que superaron los 182 mil millones de dólares y provocaron la muerte de 568 personas en el país. Estas cifras reflejan claramente la magnitud del desafío al que se enfrenta Estados Unidos y la importancia de disponer de sistemas sólidos de monitoreo y analíticas rigurosas para gestionar riesgos y planificar respuestas adaptativas. La discontinuación de esta base de datos cuestiona la capacidad de los diferentes niveles de gobierno y sectores sociales para contar con información actualizada y confiable que facilite la toma de decisiones fundamentadas. Esta medida también se enmarca dentro de una tendencia más amplia de la administración que incluye acciones que limitan las regulaciones ambientales, reducen la supervisión sobre emisores de gases de efecto invernadero y suprimen iniciativas dirigidas a frenar el calentamiento global. A nivel jurídico, se han promovido demandas contra estados que intentan responsabilizar a los grandes contaminadores, lo que dificulta aún más la construcción de políticas climáticas integrales y a largo plazo.
El ambiente político en este contexto ha generado un escenario en donde la ciencia y las herramientas necesarias para enfrentar el cambio climático enfrentan desafíos significativos para su continuidad y desarrollo. A nivel mundial, el auge de fenómenos climáticos severos ha impulsado a muchos países a reforzar sus sistemas de alerta temprana y bases de datos sobre desastres naturales, reconociendo que la prevención y la gestión eficiente pueden salvar millones de vidas y evitar pérdidas económicas devastadoras. Estados Unidos, históricamente líder en estas áreas a través de NOAA y otras agencias, está viendo cómo esa supremacía se pone en entredicho con decisiones que afectan la disponibilidad y calidad de datos esenciales. Esto también limita su liderazgo internacional en materia de acción climática y cooperación científica. La sociedad civil y especialistas en cambio climático han reaccionado con preocupación a la noticia, señalando que la discontinuación de esta base de datos dificulta el seguimiento y la concienciación pública sobre el alcance real y el crecimiento de los daños ocasionados por los desastres naturales vinculados al cambio climático.
