En un movimiento sin precedentes en el panorama financiero estadounidense, el estado de Nuevo Hampshire ha dado un paso audaz hacia el futuro de la inversión pública al convertirse en la primera entidad estatal en crear una reserva respaldada por criptomonedas. Esta iniciativa nació tras la aprobación unánime del proyecto de ley HB 302 por parte de la legislatura estatal, permitiendo al tesorero del estado invertir en activos digitales y metales preciosos. La firma de esta ley por parte de la gobernadora Kelly Ayotte el 6 de mayo de 2025 marca un hito histórico que podría influir en la manera en que las instituciones públicas abordan la diversificación y protección de sus fondos. El contexto que motivó esta estrategia va más allá de simplemente sumarse a una tendencia tecnológica. El entorno económico actual está marcado por una inflación persistente y una creciente vulnerabilidad en los sistemas bancarios tradicionales, lo que ha incentivado la búsqueda de alternativas sólidas y duraderas para preservar el valor del dinero público.
En este sentido, las criptomonedas —y en particular bitcoin— se presentan como una oportunidad para blindar las finanzas estatales frente a la volatilidad y las incertidumbres que caracterizan a los mercados convencionales. La regulación aprobada establece límites claros y prudentes para el manejo de estos nuevos activos. Un máximo de cinco por ciento de los fondos públicos estatales podrá destinarse a la inversión en criptomonedas y metales preciosos. Además, para garantizar estabilidad y solidez, solo se permitirá invertir en criptomonedas con una capitalización de mercado superior a los 500 mil millones de dólares, lo que por ahora solo incluye a bitcoin. Esta cláusula es especialmente pertinente dado el dinamismo y la fragmentación del mercado cripto, donde la volatilidad puede impactar significativamente en carteras menos protegidas.
La gobernadora Ayotte resaltó en sus comunicaciones oficiales y redes sociales que Nuevo Hampshire se posiciona “una vez más como el primero en la nación”, subrayando el liderazgo estatal en la contemporización y actualización de las políticas financieras públicas. Esta declaración destaca no solo el hecho de haber aprobado la ley, sino la visión estratégica de adoptar nuevas formas de inversión que reflejan el mundo actual, cada vez más digitalizado y cambiante. Respecto a la gestión de estos activos digitales, la ley contempla la utilización de sistemas de custodia seguros o productos negociados en bolsa, garantizando así la protección y el manejo responsable de los recursos estatales. Esta claridad en la administración es fundamental para generar confianza tanto en los actores políticos como en la ciudadanía, disipando temores asociados a la seguridad y posibles fraudes que suelen vincularse con el uso de criptomonedas. La iniciativa de Nuevo Hampshire ocurre en un momento en que a nivel federal los esfuerzos por crear una reserva de criptomonedas con respaldo gubernamental se encuentran estancados.
Aunque durante la administración anterior, bajo el gobierno del expresidente Donald Trump, se firmó una orden ejecutiva para la formación de una reserva nacional de bitcoin, la medida no incluyó la autorización para nuevas adquisiciones o inversiones, limitándose a los activos digitales ya en posesión del gobierno federal. Esta restricción ha generado críticas por su insuficiente alcance para adaptarse a un mercado en evolución rápida y constante. Además, la experiencia de otros estados deja en evidencia lo complicado que resulta avanzar en este terreno. Estados como Montana, Wyoming, Dakota del Norte y Pensilvania aprobaron proyectos para explorar inversiones en criptomonedas, pero estos no prosperaron hasta convertirse en ley. Incluso Florida, que había presentado una propuesta similar, decidió desistir ante la complejidad y las dudas regulatorias.
En contraste, Nuevo Hampshire ha logrado superar esos obstáculos, convirtiéndose en un ejemplo a seguir para otras jurisdicciones que valoran la innovación financiera. Para los analistas y defensores de los activos digitales, la decisión del estado podría tener repercusiones más amplias sobre la evolución del mercado cripto en Estados Unidos. Promover que más gobiernos locales adopten políticas similares podría traducirse en un incremento significativo de la demanda de bitcoin, lo que, a su vez, tendría un impacto en la valoración y la estabilidad del mayor activo digital del mundo. Al momento del anuncio, bitcoin se mantenía con un precio rondando los 94,800 dólares, sin mostrar fluctuaciones notables provocadas por la noticia, lo que indica que los mercados todavía perciben este tipo de iniciativas estatales con prudencia y reserva. Sin embargo, la decisión representa un cambio importante en la narrativa sobre cómo se perciben las criptomonedas dentro del sector público y su papel como herramientas financieras legítimas.
En un escenario global cada vez más volátil e impredecible, la diversificación de las reservas públicas con activos alternativos como bitcoin y metales preciosos podría ser una fórmula para aumentar la resiliencia económica de los gobiernos frente a crisis cambiarias, inflación y otras disrupciones financieras. Al incorporar tecnología financiera de punta y estrategias de inversión innovadoras, Nuevo Hampshire no solo protege sus recursos, sino que también se suma a la conversación sobre la transformación digital que afecta a todos los sectores. Este paso audaz también plantea interrogantes sobre la evolución de la regulación estatal y federal en el ámbito de las criptomonedas. Si bien la ley de Nuevo Hampshire protege a los inversionistas públicos mediante parámetros rigurosos, la expansión de este modelo requerirá probablemente marcos normativos más claros y adaptados a la realidad digital, que permitan equilibrar la innovación con la seguridad y la transparencia. En conclusión, la creación de una reserva estatal de criptomonedas en Nuevo Hampshire marca un cambio paradigmático en la administración pública de inversiones.
Sirve como un modelo pionero de cómo los gobiernos pueden integrar nuevas clases de activos en sus portafolios para enfrentar los desafíos económicos actuales y futuros. Este acontecimiento no solo abre la puerta para una mayor adopción institucional de los activos digitales, sino que también invita a un debate más amplio sobre la modernización financiera, la gestión del riesgo y el papel que desempeñan las criptomonedas en el tejido económico global. A medida que otras regiones observen y evalúen esta iniciativa, es probable que veamos un efecto dominó que propicie nuevas legislaciones y políticas públicas en torno a la inversión en criptomonedas a nivel estatal y, eventualmente, federal.
