En un movimiento que ha captado la atención tanto en Canadá como a nivel internacional, la Asociación Canadiense de Empleados Profesionales (CAPE) ha solicitado que los fondos de pensiones públicos canadienses desinviertan de las acciones de Tesla. Esta petición surge de la preocupación por las acciones que Elon Musk, a través de Tesla y su autodenominado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), está realizando contra los trabajadores públicos en Estados Unidos, además de un contexto global de acciones corporativas consideradas agresivas contra los derechos laborales. CAPE, que representa a más de 27,000 empleados federales en Canadá, ha expresado un fuerte rechazo a que fondos públicos contribuyan indirectamente a financiar una empresa cuyos líderes están activamente minando el empleo y los servicios públicos esenciales en Estados Unidos. La explicación dada por el sindicato señala que Musk, pese a no tener un cargo electo dentro del gobierno estadounidense, está usando su influencia para despedir sin responsabilidad a servidores públicos de departamentos clave como educación, salud, energía, defensa y otros, afectando a cientos de miles de trabajadores. La denuncia contra Tesla no es una cuestión aislada.
A través del análisis de CAPE, el mantenimiento de acciones en Tesla por parte del Fondo de Inversión de Pensiones del Sector Público Canadiense (CPSIB) implicaría fortalecer la riqueza personal de Musk. Según datos públicos hasta finales de 2024, el CPSIB poseía más de 690,000 acciones de Tesla, valoradas en aproximadamente 278 millones de dólares estadounidenses, una inversión relevante que, según el sindicato, contraviene los principios de solidaridad laboral transfronteriza. Esta campaña de desinversión se enmarca en una larga tradición dentro del movimiento sindical que busca usar el poder financiero de los fondos de pensiones como una herramienta para la justicia social y la defensa de los derechos laborales. Históricamente, estas acciones han enfrentado empresas o regímenes que apoyaban la opresión, como fue el caso de las campañas contra el apartheid en Sudáfrica. En esta ocasión, CAPE quiere evitar que el capital de los trabajadores canadienses se use para sostener prácticas empresariales que deterioran las condiciones laborales y públicas en otros países.
Un factor que ha hecho que esta cuestión cobre mayor relevancia es la fluctuación en el precio de las acciones de Tesla, que refleja en parte el impacto negativo de la imagen pública del fundador. Desde 2020, Tesla experimentó un crecimiento importante en su cotización, alcanzando picos de más de 400 dólares por acción. Sin embargo, en los primeros meses de 2025 se reportó una caída significativa del 34%, relacionada con la disminución de ventas globales y la crisis de confianza generada por las acciones políticas y laborales de Musk. El vínculo entre la gestión y las políticas corporativas de Musk y la performance financiera de Tesla ha llevado a numerosos fondos de pensiones a reconsiderar sus inversiones. En Europa, varios fondos públicos han vendido completamente sus participaciones en Tesla, motivados por preocupaciones sobre la gobernanza de la empresa y el trato a sus trabajadores.
La negativa de Tesla a reconocer y negociar con sindicatos en países como Suecia ha desencadenado boicots y protestas sindicales que han unido a portuarios, empleados postales y otros sectores en defensa de los derechos laborales. Entre los ejemplos más destacados se encuentran Stichting Pensioenfonds ABP en Holanda, que vendió acciones por un valor de 585 millones de dólares, y los fondos suecos KPA Pension y Folksam, que también se deshicieron de sus posiciones debido a las violaciones de derechos laborales y la negativa de la empresa a cooperar con representantes sindicales. En Dinamarca y Noruega, fondos de pensiones han coordinado esfuerzos y manifestado la posibilidad de desinversión total en Tesla si la empresa no muestra un compromiso con el modelo laboral nórdico y mejora su gobernanza. En Estados Unidos, la presión también se ha intensificado con propuestas de acción legal contra Tesla por parte del Contralor de la Ciudad de Nueva York, que supervisa varios fondos de pensiones públicos. Se le acusa a Musk de declaraciones falsas sobre su administración del negocio, vinculando esto con pérdidas financieras significativas para los beneficiarios de los fondos.
Sindicatos como la Federación Estadounidense de Maestros están apoyando estas medidas legales y promoviendo el retiro de inversiones en Tesla. De particular interés es la campaña impulsada en California para que el fondo de pensiones público CalPERS, el mayor en Estados Unidos, desinvierta de Tesla. Organizaciones por los derechos laborales y grupos de justicia racial han apuntado al historial de Tesla en contra de la diversidad, equidad e inclusión, además de los casos de discriminación racial que han terminado en importantes acuerdos legales costosos para la empresa. Para CAPE, la campaña canadiense no es solo un acto de protesta contra Tesla, sino parte de una estrategia más amplia para promover una ética en la inversión que priorice la solidaridad y la protección de los servicios públicos. La solidaridad internacional es vista como un elemento clave para contrarrestar las amenazas transnacionales que enfrentan los trabajadores y servicios públicos esenciales, especialmente en un contexto donde multinacionales con gran influencia pueden afectar directamente los derechos laborales y la economía soberana de los países.
Los fondos de pensiones, al ser recursos agrupados de millones de trabajadores, tienen en sus manos un enorme poder financiero que podría usarse para impulsar cambios sociales y políticos positivos. Sin embargo, cuando estos recursos se invierten en empresas cuyos líderes están instrumentalizando su poder para desmantelar el empleo público y atacar a sindicatos, se convierte en una contradicción que puede debilitar la capacidad de defensa de los propios trabajadores. El llamado de CAPE resuena más allá de las fronteras canadienses. Las preocupaciones expresadas sobre la política laboral y la gobernanza de Tesla encuentran eco en movimientos sindicales y fondos de pensiones globales, lo que sugiere una posible tendencia hacia una mayor responsabilidad social en la gestión de estos activos. La situación también reaviva el debate sobre la influencia desmedida de figuras como Elon Musk en asuntos políticos, sociales y económicos, y la necesidad de separar la rentabilidad bursátil de criterios éticos y de solidaridad.
En conclusión, la petición de un sindicato canadiense para que los fondos públicos desinviertan en Tesla representa un llamado urgente a reconsiderar no solo las estrategias financieras, sino también los valores y compromisos que una sociedad debería tener con sus trabajadores, tanto propios como de otras naciones. Esta iniciativa busca crear un precedente para que los fondos de pensiones no sean instrumentos que perpetúen desigualdades o afecten negativamente a los servicios públicos, sino que se conviertan en herramientas para la justicia, la equidad y la solidaridad internacional. La cruzada para que las inversiones públicas reflejen los principios fundamentales del trabajo colectivo y la defensa de los derechos humanos podría marcar el paso hacia un modelo más justo y sostenible en la gestión financiera global.
