El Departamento de Policía de Milwaukee está considerando una propuesta polémica que podría transformar la manera en que se enfrenta el crimen en la ciudad. La idea central se basa en un posible intercambio: ofrecer acceso a una base de datos con aproximadamente 2.5 millones de fotografías de personas arrestadas, conocidas como mugshots, a cambio del uso gratuito de tecnología avanzada de reconocimiento facial de parte de la empresa Biometrica. Esta negociación ha generado gran debate, entre voces que apoyan la modernización en la lucha contra el crimen y quienes expresan profunda preocupación por la privacidad y los derechos civiles. Milwaukee es una ciudad que, como muchas otras en Estados Unidos, ha estado incorporando gradualmente herramientas tecnológicas en sus procesos policiales.
Hasta ahora, la policía local dependía de la tecnología de reconocimiento facial proporcionada por agencias vecinas. Sin embargo, con este nuevo acuerdo, podrían acceder directamente a un software especializado sin costo inicial, aunque el intercambio implica entregar un volumen masivo de datos personales de ciudadanos, consecuencia que no pasa desapercibida para activistas y residentes. Uno de los principales argumentos a favor del uso de la tecnología de reconocimiento facial es la optimización en la resolución de casos criminales. Autoridades locales indican que el acceso a esta herramienta podría aumentar la tasa de esclarecimiento de delitos y acelerar la identificación de sospechosos, facilitando la labor de fuerzas del orden en crímenes graves como homicidios y agresiones sexuales. Es importante destacar que, según declaraciones oficiales, la tecnología no sería usada como único elemento para establecer causas probables o tomar decisiones judiciales, sino como un apoyo complementario dentro del proceso de investigación.
La responsable de gabinete del Departamento de Policía de Milwaukee, Heather Hough, ha manifestado públicamente la importancia de equilibrar el avance tecnológico con el respeto a los derechos de la comunidad diversa que integran. Durante las reuniones con la Comisión de Bomberos y Policía, entidad encargada de supervisar estas instituciones, se aclaró que no se ha formalizado ningún acuerdo aún. La policía también ha expresado su compromiso con la transparencia y la participación ciudadana, planeando debatir el tema en futuras sesiones del Comité de Seguridad Pública y Salud de la ciudad para recibir retroalimentación comunitaria. La inquietud más frecuente entre activistas y ciudadanos radica en las repercusiones sobre la privacidad y el potencial incremento del sistema de vigilancia sobre los habitantes. Existe temor de que la liberación masiva de datos biométricos pueda ser utilizada, no solo por la policía local, sino también por entidades federales, como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), para fines de control y vigilancia que podrían afectar a grupos vulnerables.
La falta de garantías claras respecto a estas eventualidades ha alimentado el rechazo hacia la medida. Además, un tema clave en el debate es el historial de sesgo racial que ha acompañado a las tecnologías de reconocimiento facial. Estudios y casos documentados han evidenciado deficiencias en la identificación precisa de personas de diferentes etnias, particularmente comunidades afroamericanas y latinas, aumentando el riesgo de errores, detenciones injustas y discriminación sistemática. En el caso de Milwaukee, uno de los propios comisionados de Bomberos y Policía, Ramón Evans, compartió su experiencia negativa con una tecnología similar en un casino local, donde fue erróneamente identificado, sobre lo cual afirmó que fue víctima de una falla del sistema. Pese a estos cuestionamientos, la empresa Biometrica, que originalmente decidió incursionar en el ámbito del reconocimiento facial proveniente de la industria del juego, asegura que no retiene datos ingresados para consultas y solo proporciona el software para búsqueda y comparación.
A cambio de la base de datos con millones de imágenes, Biometrica ofrece dos licencias de búsqueda gratuitas, mientras que las adicionales tendrían un costo considerable. Esta propuesta económica resulta atractiva para el departamento policial, que busca reducir gastos en tecnología sin comprometer su capacidad operativa. El contexto nacional también es relevante para entender esta decisión local. En los últimos años, se ha visto un aumento significativo en la adopción de tecnologías de vigilancia en los cuerpos policiales de todo Estados Unidos, muchas veces sin haber desarrollado políticas claras o mecanismos efectivos de supervisión pública. El informe de la Comisión de Derechos Civiles estadounidense en 2023 destacaba la rápida incorporación de estas herramientas por agencias federales, advirtiendo además el riesgo desproporcionado que representan para mujeres y personas de color.
En algunos casos, el dinero público ha financiado programas relacionados con reconocimiento facial, pero simultáneamente se requería una discusión ética y legal intensificada. En Milwaukee, la propuesta llega en un momento en que la tecnología del reconocimiento facial se ha fortalecido y mejorado considerablemente pero sin perder cuestionamientos en cuanto a su aplicación práctica. Investigadores como Thaddeus Johnson, especialista en estudios policiales y criminalidad, han exhibido en estudios recientes que su uso puede tener efectos positivos en la reducción de crímenes violentos superiores, sin aumentar necesariamente las disparidades raciales en esas áreas. Sin embargo, también señala que para delitos menores, como robos y hurtos, su uso podría incrementar las desigualdades en las detenciones, lo que sugiere la necesidad de regular cuidadosamente en qué contextos se aplica la tecnología. La comunidad de Milwaukee y los organismos defensores de derechos civiles han pedido una pausa en la introducción de tecnologías de vigilancia y que se desarrolle una regulación estricta que incluya la participación directa de la ciudadanía.
El grupo activista Milwaukee Alliance Against Racist and Political Repression, con voces como la de Aurelia Ceja, ha declarado una oposición firme a la vigilancia policial masiva, enfatizando la paradoja entre la información pública limitada sobre las acciones y responsabilidades de los propios policías versus la cantidad de datos que se recolectan sobre residentes. Esta propuesta se suma a un momento en que el Departamento de Policía de Milwaukee ha estado modernizando su arsenal tecnológico con otras iniciativas, como la creación de un equipo especializado en drones y la implementación de sistemas de cámaras FLOCK para lectura automatizada de placas vehiculares. Estas medidas provocan un debate sobre el alcance y control de la vigilancia en la ciudad, así como la necesidad de establecer límites claros para evitar el abuso o cualquier forma de discriminación. En el plano político, algunas voces como la comisionada Krissie Fung han expresado dudas sobre la conveniencia de adoptar el reconocimiento facial en el entorno político actual del país, mencionando ejemplos de cooperación entre entidades gubernamentales y agencias federales que generan desconfianza. La ausencia de declaraciones públicas del alcalde Cavalier Johnson sobre su postura añade un perfil reservado a la discusión que se está dando internamente.
El reto para Milwaukee será encontrar un equilibrio entre aprovechar las ventajas que la tecnología ofrece para mejorar la seguridad y respetar los derechos fundamentales de sus ciudadanos. La transparencia, la supervisión externa, la participación comunitaria y la elaboración de políticas claras serán elementos fundamentales para determinar si este intercambio puede aceptarse sin menoscabar los derechos a la privacidad y la igualdad ante la justicia. La decisión que tome la Ciudad de Milwaukee tendrá repercusión más allá de su jurisdicción, pudiendo convertirse en un ejemplo para otras localidades que enfrentan dilemas similares en la era digital. Mientras tanto, el debate continúa abierto, y la mirada crítica de la comunidad se mantendrá atenta a cada paso que dé la policía local en la implementación de tecnologías que prometen revolucionar la lucha contra el crimen, pero que también despiertan legítimas preocupaciones sobre el control y el respeto a las libertades individuales.
