Arizona Avanza hacia la Primera Reserva Estratégica de Bitcoin en Estados Unidos

Arizona está marcando un precedente histórico en la adopción de criptomonedas por parte de gobiernos estatales al aprobar dos proyectos de ley que permitirán crear una reserva estratégica de Bitcoin. Estos proyectos, conocidos como SB1025 y SB1373, autorizan al estado a invertir hasta un 10% de sus fondos públicos en Bitcoin y otros activos digitales, una noticia que está atrayendo la atención tanto a nivel nacional como internacional. Si el gobernador Katie Hobbs firma estas iniciativas, Arizona se convertirá en el primer estado en Estados Unidos que formaliza una estrategia para gestionar sus reservas públicas con criptomonedas. Este avance legislativo refleja un cambio significativo en la percepción y valoración de Bitcoin como un activo estratégico capaz de ofrecer protección contra la inflación y las incertidumbres económicas. La decisión de Arizona llega en un momento en el que, según un informe reciente de CoinGecko, las reservas globales de Bitcoin por parte de gobiernos han descendido desde 529,591 BTC en julio de 2024 a 463,741 BTC en abril de 2025.

Esta disminución global contrasta con la postura pionera de Arizona y el creciente interés corporativo, evidenciado por la compra sustancial de Bitcoin realizada por MicroStrategy, que acumula ahora 553,555 BTC valorados en aproximadamente 52.7 mil millones de dólares. Las legislaciones SB1025 y SB1373 reflejan una visión de futuro para la economía estatal, pues no solo abren la puerta a la inversión en Bitcoin sino también a una clasificación más amplia de activos digitales. La SB1025 modifica estatutos existentes para crear la base legal necesaria para implementar una reserva estratégica en Bitcoin, mientras que la SB1373 amplía el espectro a otros criptoactivos, proporcionando flexibilidad en la gestión y diversificación del portafolio de inversiones públicas. El debate en la Cámara de Representantes de Arizona fue intenso, con votos divididos, especialmente en SB1025 que fue aprobada con 31 votos a favor y 25 en contra, en tanto que SB1373 consiguió mayor respaldo con 37 votos a favor y 19 en contra.

Entre las voces críticas destacan economistas como Peter Schiff, uno de los detractores más reconocidos del Bitcoin, quien advierte sobre la volatilidad inherente de las criptomonedas y su idoneidad para fondos públicos. Sin embargo, defensores de la iniciativa argumentan que la diversificación de las reservas estatales, sumada a la naturaleza deflacionaria de Bitcoin, puede proteger el poder adquisitivo contra la inflación y los riesgos macroeconómicos que afectan a monedas fiduciarias. Jeff Weninger, representante estatal involucrado en el proceso legislativo, señaló que la medida probablemente se aplicará inicialmente de manera opcional, permitiendo un proceso gradual y ajustado a la evolución del mercado. El gobernador Katie Hobbs mantiene una posición prudente, condicionando la firma de los proyectos de ley a la resolución de temas prioritarios relacionados con el financiamiento de discapacidades. Sin embargo, la presión aumentó tras la aprobación de la legislación de financiamiento, lo que podría allanar el camino para que Arizona consolide su lugar como estado pionero en la adopción oficial de criptomonedas para la gestión pública.

El CEO del Satoshi Action Fund, Dennis Porter, enfatizó la importancia de esta iniciativa y alentó a los votantes a apoyar la creación de reservas estratégicas en Bitcoin como medida de modernización financiera y protección de activos públicos. Comparativamente, otros países mantienen posiciones más conservadoras o incluso contrarias a la inclusión de Bitcoin en sus reservas oficiales. Por ejemplo, Martin Schlegel, presidente del Banco Nacional Suizo, declaró que Suiza no invertirá en Bitcoin como moneda de reservas debido a problemas relacionados con la liquidez en crisis y la alta volatilidad del activo. Estas preocupaciones reflejan un debate global sobre la viabilidad de Bitcoin como reemplazo o complemento a las monedas tradicionales en la gestión macroeconómica y monetaria. El contexto internacional también muestra que, aunque las reservas gubernamentales totales están en descenso, Estados Unidos continúa siendo el mayor poseedor con 198,012 BTC, seguido por China con 194,000 BTC.

Es importante destacar que muchas de las reservas chinas provienen de decomisos relacionados con esquemas fraudulentos como el PlusToken. En Europa, el Reino Unido posee cerca de 61,000 BTC, mientras que países como Bután han incrementado su tenencia a 8,594 BTC a través de la minería. En tanto, El Salvador sigue su camino en la acumulación de Bitcoin como parte de su política nacional, adquirió un total de 6,135 BTC y mantiene compras continuas para consolidar su reserva financiera. En el ámbito corporativo, MicroStrategy sigue siendo un jugador destacado con sus recientes adquisiciones, reflejando la confianza empresarial en Bitcoin como activo estratégico. La iniciativa de Arizona no solo representa un hito en la política pública estadounidense, sino que también sitúa al estado en la vanguardia de una tendencia global hacia la integración de criptomonedas en las finanzas gubernamentales.

El debate sobre la conveniencia, riesgos y beneficios continúa abierto, pero el camino elegido por Arizona podría inspirar a otros estados y eventualmente a gobiernos nacionales a reconsiderar su postura respecto a los activos digitales. Invertir fondos públicos en Bitcoin supone un cambio paradigmático en la gestión económica, que puede traer beneficios como la diversificación de portafolios, la mitigación de la inflación y la participación en la innovación tecnológica. Sin embargo, también implica enfrentar desafíos regulatorios, de seguridad y de adaptación a la volatilidad inherente de estas tecnologías emergentes. Mientras Arizona avanza hacia la posible formalización de una reserva estratégica en Bitcoin, la decisión final del gobernador marcará un paso crucial para el futuro de la gestión financiera estatal y posiblemente para la senda que otros estados o países adopten frente a las criptomonedas. Este desarrollo será monitoreado de cerca por expertos, legisladores y ciudadanos que observan las implicaciones económicas y políticas de incorporar Bitcoin en fondos públicos.

En conclusión, la aprobación de la legislación en Arizona representa un punto de inflexión que combina innovación financiera con responsabilidad pública. El equilibrio entre oportunidad y riesgo será clave para el éxito de esta estrategia, que podría redefinir cómo se entienden y manejan las reservas financieras en la era digital.