El enfrentamiento judicial entre la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) y Ripple Labs ha sido uno de los procesos legales más seguidos en el ámbito de las criptomonedas desde 2020. La controversia gira en torno a si XRP, el token digital de Ripple, debe considerarse un valor no registrado, lo que ha generado un debate significativo respecto a la regulación de los activos digitales en Estados Unidos. En un nuevo giro en esta prolongada batalla jurídica, la SEC ha rechazado la solicitud para presentar nueva evidencia en el caso. La petición fue realizada por Justin W. Keener, un tercero que intentó aportar documentos que podrían fortalecer la defensa de Ripple.
Sin embargo, la SEC se opuso formalmente, y ahora la decisión reside exclusivamente en la juez Analisa Torres, responsable de la causa en la corte federal de Nueva York. La postura de la SEC se fundamenta en tres argumentos principales que reflejan puntos clave de procedimiento y estrategia legal. Primero, argumentan que el tribunal de distrito no tiene competencia para evaluar pruebas adicionales porque el caso ya está en la fase de apelación ante el Segundo Circuito. Según el precedente legal, una vez que se inicia este proceso, ninguno de los tribunales involucrados puede tratar solicitudes vinculadas a remedios o decisiones sumarísimas. En segundo lugar, la SEC destaca que Keener no cumplió con el trámite formal de intervenir en el caso.
La admisión de evidencias externas sin autorización previa y sin que exista una intervención oficial está prohibida dentro de las normas del procedimiento judicial. Por último, la Comisión sostiene que no es función de un tercero evaluar la relevancia o el peso que una nueva prueba pueda tener para la defensa, sino que esto corresponde exclusivamente a Ripple como parte involucrada en la controversia. Este rechazo subraya la criticidad del proceso legal y la rigurosidad con la que la SEC busca mantener el control sobre el desarrollo del caso. Para Ripple, que ha defendido enérgicamente su posición como empresa que opera legalmente dentro del mercado de criptoactivos, esta negativa representa un obstáculo pero no detiene el curso del litigio. Desde el inicio de la disputa, la SEC ha alegado que Ripple recaudó más de 1,300 millones de dólares a través de la venta de XRP, lo que clasifica como una oferta de valores no registrada según la legislación bursátil estadounidense.
Para la industria cripto, la relevancia de esta demanda no solo radica en sus implicaciones financieras para Ripple sino en las directrices regulatorias que puede establecer a futuro para todo tipo de activos digitales. Un avance significativo ocurrió en 2023 cuando la juez Torres emitió un fallo parcial que definió que la venta de XRP a inversores minoristas a través de exchanges no debía considerarse una oferta de valores. Sin embargo, mantuvo que las transacciones realizadas con inversores institucionales sí califican como tales. Esta distinción fue interpretada como una victoria parcial para Ripple y aportó cierto optimismo al mercado, aunque la resolución completa del caso aún está pendiente. Paralelamente a la batalla legal, Ripple ha experimentado un crecimiento notable en el volumen de transacciones de XRP.
Datos reportados por analistas indican que en un mes reciente, el volumen superó los 21,62 mil millones de dólares, un indicador claro de la demanda y la confianza que los inversionistas mantienen en esta criptomoneda. Este aumento parece reflejar que, a pesar del proceso judicial, los participantes del mercado siguen activos y apuestan por un futuro prometedor para XRP. El CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, ha sido optimista respecto a la evolución del caso. En marzo de 2025, mediante redes sociales, anticipó que la SEC probablemente retiraría su apelación y calificó la situación como una victoria contundente para Ripple y, por extensión, para toda la comunidad cripto. Este mensaje avivó las expectativas de una resolución favorable, aunque será la juez Torres quien tenga la última palabra sobre la admisión de nueva evidencia y otros aspectos pendientes del litigio.
La importancia de esta sentencia trasciende lo particular de Ripple y XRP, ya que puede definir un precedente legal en la regulación de activos digitales. La falta de legislación específica ha generado incertidumbre en el sector, por lo que los fallos judiciales en casos emblemáticos como este podrían establecer reglas claras para la definición y comercialización de criptomonedas en Estados Unidos. Además, la resolución del caso tiene impacto en la confianza de inversores, desarrolladores y empresas que trabajan en el ecosistema blockchain. Una definición legal precisa puede incentivar la innovación con certeza jurídica y atraer inversiones sostenibles, mientras que la falta de claridad podría limitar el potencial de crecimiento. En este contexto, la negativa de la SEC a aceptar nueva evidencia de terceros demuestra una intención de mantener el proceso cerrado a intervenciones externas, centradas principalmente en las partes oficiales.
Esto asegura un control más estricto del desarrollo legal, pero también genera expectativas sobre cómo la defensa de Ripple manejará la continuación de su estrategia y las pruebas que ya se encuentren en manos del tribunal. A medida que la juez Torres estudie y decida sobre esta negativa de evidencia extra, la comunidad cripto observa con atención los movimientos legales y las próximas resoluciones. El avance de la justicia en este caso tendrá ramificaciones en la gobernanza del mercado cripto y en el tratamiento regulatorio que adopten las autoridades federales a corto y mediano plazo. Asimismo, el incremento en volumen de comercio de XRP refleja que, a pesar de las controversias judiciales, la adopción de criptomonedas sigue siendo robusta. Esto sugiere que los participantes del mercado priorizan los aspectos técnicos y funcionales de los activos digitales, incluso ante la incertidumbre legal.
