Tribunal de Apelaciones Evita Decidir sobre las Cuestiones Clave de las Órdenes Geofence

En un contexto donde la tecnología y la privacidad se enfrentan continuamente, la reciente decisión del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Cuarto Circuito ha generado gran expectativa y controversia en el ámbito jurídico y social. La resolución en el caso United States v. Chatrie mantiene la admisión de evidencia obtenida a través de una orden geofence, otorgando así un triunfo parcial al uso de estos mecanismos para la recopilación masiva de datos de ubicación, pero evita analizar profundamente los aspectos constitucionales que este tipo de órdenes genera. Las órdenes geofence son autorizaciones judiciales que permiten a las fuerzas del orden solicitar a proveedores de servicios, como Google, la revisión de sus bases de datos para identificar todos los dispositivos electrónicos que estuvieron dentro de un área geográfica y periodo de tiempo específico. Aunque estos dispositivos pueden estar vinculados a personas inocentes, los datos recopilados revelan patrones detallados y sensibles acerca de sus movimientos y actividades, generando preocupaciones serias respecto a la privacidad y la protección constitucional.

El fallo del Cuarto Circuito se caracteriza por su fragmentación: mientras se afirmó en general la validez del uso de la evidencia obtenida por la orden geofence, quince jueces participaron en la revisión del caso y emitieron nueve opiniones separadas sin llegar a un consenso claro. Esto evidencia una división profunda sobre si este tipo de órdenes constituye una “búsqueda” bajo la Cuarta Enmienda, que protege contra registros y decomisos irrazonables. La polarización se refleja en que siete jueces defendieron que las órdenes geofence sí son búsquedas y, por lo tanto, deben respetar estrictas garantías constitucionales, mientras que otros siete sostuvieron la postura opuesta. Este empate no solo deja sin resolver una cuestión clave, sino que también representa una oportunidad perdida para el Cuarto Circuito de sumarse a otros tribunales de apelaciones que han declarado que las órdenes geofence violan la Cuarta Enmienda por ser búsquedas generales y poco específicas, prohibidas por los fundadores de la Constitución. La decisión reafirma la doctrina del “buen fide” utilizada para permitir el uso de evidencia a pesar de la posible inconstitucionalidad de la orden, la cual protege a las fuerzas del orden que actúan de buena fe al seguir una orden judicial.

La controversia en torno a las órdenes geofence no es menor. Estos mecanismos han sido objeto de una intensa crítica por parte de organizaciones defensoras de derechos digitales, expertos en privacidad y medios de comunicación, pues implican una recolección masiva y a menudo indiscriminada de datos que puede afectar a personas que no tienen relación alguna con actividades criminales. La posibilidad de que las agencias gubernamentales vigilen indiscriminadamente a múltiples individuos a través de sus dispositivos móviles se asemeja a la definición clásica de una búsqueda general, una práctica que los autores de la Cuarta Enmienda buscaban evitar. En respuesta a la creciente presión y escrutinio público, Google anunció en 2023 cambios significativos en la manera en que almacena la información de ubicación de sus usuarios, con el objetivo de dificultar la respuesta a órdenes geofence en el futuro. Sin embargo, el uso de este tipo de evidencias continúa en varios casos penales en curso a nivel nacional, planteando la urgencia de una regulación clara y sólida que equilibre la labor investigativa con el respeto a derechos fundamentales.

El caso de Chatrie es emblemático porque no solo rompió el hielo en cuanto a la aplicación de la tecnología geofence en procesos judiciales, sino que también sirvió para exponer las limitaciones del sistema judicial en enfrentar los complejos desafíos tecnológicos actuales. Organizaciones como la Electronic Frontier Foundation (EFF) han sido fundamentales al presentar argumentos legales que destacan la naturaleza altamente intrusiva y amplia de las órdenes geofence, defendiendo la necesidad de proteger la privacidad y exigir órdenes judiciales específicas y basadas en sospechas razonables. Además del debate constitucional, el uso de las órdenes geofence plantea interrogantes sobre el impacto en comunidades vulnerables y la presión social que genera la vigilancia masiva. Dado que los datos recolectados incluyen a personas inocentes, se corre el riesgo de la estigmatización, discriminación o simplemente una invasión injustificada a la vida privada. En un momento en el que la sociedad demanda transparencia y mayores controles sobre el uso de datos personales, la incertidumbre judicial acerca de la legitimidad de las órdenes geofence se vuelve un tema de urgente atención.

Por otro lado, la tecnología presente en automóviles, teléfonos móviles y otros dispositivos conectados aumenta exponencialmente la cantidad de información que puede ser obtenida y utilizada por las autoridades. Este fenómeno, conocido como vigilancia digital o “e-carceración”, plantea que la supuesta alternativa “menos punitiva” a la prisión puede finalmente resultar en una forma de control social igualmente restrictiva y problemática. A nivel estatal, algunos gobiernos han comenzado a legislar en materia de privacidad y protección de los datos de ubicación, en un esfuerzo por llenar el vacío regulatorio dejado por la falta de una posición judicial clara. El avance de estas normativas se basa en la necesidad de limitar la aplicación indiscriminada de órdenes como las geofence y establecer salvaguardas que garanticen que la investigación criminal no vulnere derechos fundamentales. El futuro de las órdenes geofence en el sistema judicial norteamericano parece estar marcado por una lucha continua entre el avance tecnológico y la protección de la privacidad.