El enfrentamiento entre la administración Trump y los jueces federales ha escalado en los últimos meses, generando preocupación entre expertos en derecho constitucional y ciudadanos por igual. La aparente negativa del Poder Ejecutivo a cumplir algunas órdenes judiciales, fundamentales para el balance de poderes en Estados Unidos, ha llevado a cuestionar si el país se encuentra al borde de una crisis constitucional. La escalada comenzó de manera notoria cuando la administración decidió continuar con la deportación de presuntos miembros de pandillas venezolanas a El Salvador, a pesar de una orden explícita de un juez federal que les exigía frenar estas expulsiones. Este acto de desobediencia judicial no es un hecho aislado, sino que forma parte de una serie de enfrentamientos legales donde funcionarios de alto nivel dentro del gobierno han optado por desafiar fallos de tribunales y mantener políticas controvertidas en marcha, incluso cuando estas han sido detenidas temporalmente por la justicia. Expertos en derecho constitucional como Richard Pildes, profesor en la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York, han manifestado que esta dinámica es preocupante y que el país está peligrosamente cerca de una crisis constitucional.
Pildes advierte que la desobediencia aparente a las decisiones judiciales no solo erosiona la autoridad del Poder Judicial, sino que amenaza con desestabilizar uno de los principios fundamentales de la democracia estadounidense: la separación de poderes. Por su parte, James Sample, académico de la Universidad de Hofstra, sostiene que a pesar de que los tribunales están diseñados para actuar con cautela y procurar procesos justos y deliberados, la velocidad y volumen de las políticas implementadas por la administración Trump están poniendo a prueba la capacidad del sistema judicial para hacer valer sus decisiones. Según Sample, la situación actual es similar a que una computadora se sobrecargue y no pueda procesar la información adecuadamente, lo que indica un colapso potencial en la estructura constitucional. ¿Qué significa realmente una crisis constitucional? Aunque no existe una definición única y absoluta, la mayoría de los especialistas concuerdan en que se trata de un conflicto en el cual las instituciones fundamentales del gobierno no pueden desempeñar sus funciones habituales debido a tensiones extremas y actos de desobediencia o ignorancia mutua. Esto puede derivar en un quiebre grave, donde el sistema político y judicial se ve incapaz de resolver sus diferencias, provocando un riesgo para la estabilidad del país.
Algunos eventos históricos han sido considerados crisis constitucionales, como la Secesión de los estados Confederados que desencadenó la Guerra Civil. Sin embargo, en episodios previos, las tensiones han sido en su mayoría casos aislados que terminaron resolviéndose, como la amenaza del presidente Franklin D. Roosevelt de ejecutar un tribunal militar contra un simpatizante nazi durante la Segunda Guerra Mundial, la cual fue subsanada tras el fallo de la Corte Suprema. Lo que diferencia la crisis actual en la administración Trump con aquellas del pasado es el carácter sistemático y la rapidez con la que se están acumulando los ataques a la justicia y el estado de derecho. La administración no solo implementa sus políticas sin esperar la resolución definitiva de los tribunales, sino que también ha atacado públicamente a jueces que han emitido decisiones adversas, algo infrecuente y problemático en la tradición política estadounidense.
Un ejemplo claro de esto es la reacción contra el juez James Boasberg, quien emitió una orden para detener la deportación y solicitó que los vuelos regresaran. La administración ignoró esta orden y continuó con las expulsiones, lo que llevó a que el juez declarara que existía causa para un posible desacato judicial. A esto se suma que el presidente Trump y algunos de sus aliados han explorado la posibilidad de destituir o acosar públicamente a jueces, lo que ha alarmado incluso a funcionarios judiciales de mayor rango. La respuesta del Poder Judicial ha sido firme y evidente. El Tribunal Supremo, por ejemplo, ratificó la necesidad de facilitar el regreso de un inmigrante deportado erróneamente, ordenó testimonios bajo juramento para esclarecer los hechos y manifestó su rechazo a la escalada de desacatos a las normas establecidas.
En una declaración poco común, el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, criticó explícitamente las llamadas a la destitución de jueces por decisiones con las que no se está de acuerdo, subrayando el respeto que el sistema demanda para la independencia judicial. A pesar de estas señales claras, el Ejecutivo ha continuado en su postura desafiante, lo que pone al sistema judicial en una posición sin precedentes y plantea interrogantes sobre la efectividad de sus herramientas para hacer cumplir las reglas. Aunque los tribunales pueden imponer sanciones, multas e incluso el desacato, la ejecución de esas medidas depende, en parte, del aparato ejecutivo, elevando la posibilidad de un enfrentamiento institucional de gran magnitud. Este choque de poderes afecta la percepción pública sobre la legitimidad de las instituciones. La confianza ciudadana en que las reglas y leyes se cumplen es esencial para mantener la estabilidad democrática.
Cuando las acciones del gobierno parecen ignorar los fallos de los tribunales, el riesgo es que se mine esa confianza, llevando a una mayor polarización y rechazo a la autoridad legítima. Además, la situación tiene impactos económicos y sociales. Un gobierno que parece desafiar el estado de derecho genera incertidumbre en los mercados y puede desanimar la inversión, lo que a largo plazo afecta la economía nacional. Tal como señalaron algunos analistas, en crisis anteriores el cambio en la opinión pública fue un factor decisivo para resolver tensiones políticas. En el caso de Watergate, la presión social y mediática fue clave para la renuncia del presidente Nixon.
El papel del Congreso también es crucial, pero hasta ahora ha mostrado una limitada intervención para detener las acciones del Ejecutivo o para reforzar el respeto a las órdenes judiciales. Este vacío legislativo deja que la responsabilidad recaiga en la justicia y en la sociedad civil para buscar soluciones políticas y legales que eviten una crisis mayor. Finalmente, la situación en Estados Unidos debe ser vista en el contexto de la creciente polarización política y social. La división entre quienes apoyan firmemente a Trump y quienes lo adversan dificulta la creación de consensos, que suelen ser indispensables para resolver conflictos constitucionales. Sin embargo, como sostienen algunos académicos, incluso los simpatizantes del presidente deben ser conscientes de que permitir una erosión del estado de derecho puede tener consecuencias negativas a largo plazo, incluyendo la posibilidad de que futuros líderes con tendencias autoritarias actúen sin límites ni control.
