El CEO de OpenSea denuncia que los buenos actores fueron injustamente perseguidos por la SEC

La industria de las criptomonedas y los activos digitales ha experimentado una transformación constante en los últimos años, generando tanto entusiasmo como incertidumbre en el ámbito regulatorio. En este contexto, Devin Finzer, cofundador y CEO de OpenSea, uno de los mercados de tokens no fungibles (NFT) más importantes del mundo, ha expresado contundentemente que durante la administración Biden, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) aplicó medidas que perjudicaron injustamente a los actores legítimos del sector. Según Finzer, la SEC implementó un enfoque demasiado general y restrictivo, tratando a todo tipo de activos digitales bajo la misma lupa regulatoria, sin diferenciar entre proyectos e innovaciones legítimas y aquellos que realmente incumplían con la ley. Esta estrategia, definida por él como “regulación mediante la aplicación” o “regulation by enforcement”, generó un clima de incertidumbre y desconfianza en el ecosistema cripto, mientras que empresas como OpenSea se encontraron en el centro de la controversia. En 2024, OpenSea recibió un aviso formal conocido como Wells notice, una notificación previa a un posible proceso de sanción, por supuestamente operar como un intercambio de valores no registrados.

Esta acusación generó gran preocupación en la industria, dado que representaba un desafío para el modelo de negocio de los marketplaces de NFT y ponía en riesgo la viabilidad de la innovación que fomentan. Finzer ha sido claro en criticar esta táctica como un método inadecuado para regular la innovación tecnológica, argumentando que un exceso de intervención rígida puede frenar el progreso y desplazar a los innovadores hacia mercados menos regulados. Además, sostuvo que la falta de un marco regulatorio adaptado a la naturaleza única de los criptoactivos dificulta la convivencia entre protección al consumidor y desarrollo tecnológico. El panorama comenzó a cambiar con la llegada de una nueva dirección en la SEC bajo el liderazgo de Paul Atkins, designado presidente por la administración Trump. Finzer mostró optimismo en relación a esta nueva etapa, destacando que la agencia ha retirado acciones legales contra varios actores importantes en el sector cripto, incluidas empresas como Coinbase, Kraken, Yuga Labs, Uniswap y la misma OpenSea.

Esta transición ha sido interpretada por muchos como una señal de que la regulación podría adoptar un enfoque más equilibrado, que permita la innovación sin sacrificar la protección de los usuarios. Este cambio en la política regulatoria es significativo si se considera el impacto profundo que tuvo la persistente presión de la SEC durante años, especialmente bajo la dirección anterior encabezada por Gary Gensler. El énfasis en acciones legales ha provocado que el mercado de activos digitales enfrente una caída en la confianza, llevando incluso a despidos masivos, como el 50% de la plantilla de OpenSea en 2023, producto del desplome en volumen de operaciones tras el colapso de FTX y una serie de movimientos regulatorios restrictivos. A pesar de estos desafíos, Finzer resalta que el mercado de los NFTs sigue siendo un sector de alta innovación. En particular, esta tecnología está encontrando aplicación en industrias como los videojuegos y el arte coleccionable, donde los usuarios pueden poseer activos digitales de forma real, intercambiarlos entre plataformas y conservarlos de manera independiente, algo inédito en la historia de Internet.

Además, OpenSea ha comenzado a diversificar su actividad, visualizando un futuro donde su plataforma no solo será un espacio para NFTs, sino un punto central para el comercio en la cadena de bloques en general. Esta estrategia busca adaptarse a un mercado que evoluciona rápidamente, ampliando la propuesta de valor para sus usuarios y mitigando riesgos derivados de la volatilidad sectorial. En el plano político, la industria cripto mostró un apoyo significativo a la campaña presidencial de Donald Trump en 2024. Los comités de acción política relacionados a las criptomonedas donaron más de 119 millones de dólares a candidatos pro-cripto, evidenciando el interés de este sector en influir en políticas públicas que favorezcan su desarrollo y regulaciones más flexibles en Estados Unidos. Este respaldo político también forma parte de un movimiento más amplio para posicionar a Estados Unidos como un líder global en innovación digital y finanzas descentralizadas.

Sin embargo, esta meta requiere ajustar las regulaciones para que sean justas, específicas y capaces de fomentar tanto la confianza como la competitividad de las empresas nacionales en un mercado mundial cada vez más competitivo. El caso de OpenSea y la percepción de que los buenos actores fueron injustamente perseguidos por la SEC ilustran las complejidades y tensiones inherentes a la regulación de tecnologías nuevas y disruptivas. Por un lado, la necesidad de garantizar la seguridad y proteger a los consumidores, y por otro, precisar un marco que no limite el progreso tecnológico ni desaliente la inversión. El escenario actual invita a reflexionar sobre cómo deben evolucionar las instituciones regulatorias para ser más adaptativas, justas y colaborativas con la industria tecnológica. La experiencia de OpenSea destaca la importancia de involucrar a expertos del sector en la elaboración de normativas, promoviendo así un diálogo constructivo que ayude a definir reglas claras y efectivas.

Finalmente, este cambio en la dinámica regulatoria también abre oportunidades para que los proyectos innovadores prosperen, atrayendo capital, talento y consolidando mercados que beneficiarán a usuarios y consumidores en todo el mundo. La lección principal es que la regulación no debe ser un obstáculo, sino una herramienta para el crecimiento sostenible y la legitimación del ecosistema cripto. El futuro de los activos digitales y las plataformas como OpenSea dependerá en gran medida de cómo las autoridades balanceen sus objetivos y enfoques. Con liderazgo visionario, diálogo y cooperación, es posible construir un entorno que proteja sin paralizar, que regule sin ahogar y que fomente un nuevo paradigma económico basado en la tecnología y la libertad digital.