En los últimos años, la inteligencia artificial (IA) ha dejado de ser una promesa futura para convertirse en una realidad presente que impacta múltiples sectores. Entre las iniciativas más audaces se encuentra un proyecto vinculado al Departamento de Eficiencia Gubernamental de EE.UU., conocido por sus siglas en inglés como DOGE (Department of Government Efficiency), el cual busca transformar radicalmente la forma en la cual se ejecutan las tareas administrativas dentro del gobierno federal mediante el despliegue de agentes de IA. Esta estrategia, liderada en parte por un experto reclutador de tecnología, aspira a reemplazar o asistir a decenas de miles de empleados federales en roles altamente estandarizados, liberando recursos humanos para tareas de mayor impacto y valor estratégico.
Anthony Jancso, un joven emprendedor y cofundador de la startup tecnológica AccelerateX, aparece en el centro de esta ambiciosa iniciativa. Con un pasado profesional en Palantir, una empresa de análisis de datos y software con amplia experiencia de trabajo para entidades gubernamentales, Jancso ha sido uno de los primeros reclutadores para el equipo DOGE. Actualmente, está contratando especialistas en tecnología para diseñar estándares y desplegar agentes de inteligencia artificial en flujos de trabajo reales dentro de diversas agencias federales. Esta invitación se hizo pública en un grupo profesional especializado que incluye a miles de ex empleados de Palantir, generando tanto interés como controversia. Los agentes de IA son programas diseñados para ejecutar tareas de manera autónoma, imitando ciertas operaciones que normalmente realizan los humanos.
Según Jancso, se han identificado más de 300 roles con procesos casi completamente estandarizados, donde la implementación de IA podría liberar al menos a 70,000 empleados federales para que se enfoquen en actividades de mayor valor. Esta cifra representa una reducción significativa en la necesidad de recursos humanos para labores repetitivas y procesales tradicionales. No obstante, esta visión ha generado un debate intenso y algunas reacciones de escepticismo. Varios expertos y empleados gubernamentales han señalado que cada agencia tiene procedimientos específicos que pueden variar considerablemente debido a regulaciones propias, lo que podría hacer extremadamente difícil que agentes de IA estandarizados funcionen eficientemente en todos los ámbitos. Esta complejidad regula la forma en que se pueden automatizar los procesos administrativos sin comprometer la precisión y la responsabilidad legal.
Además, hay quienes advierten que, aunque la IA es capaz de realizar ciertas tareas con rapidez, aún puede ser altamente inconsistente y poco confiable en contextos donde la información debe interpretarse críticamente. Por ejemplo, sistemas de servicio al cliente basados en IA han sido conocidos por inventar políticas inexistentes o proporcionar respuestas erróneas, lo que representa un riesgo significativo para labores delicadas dentro del gobierno federal. La propuesta de Jancso y su equipo no solo implica automatizar trabajos, sino también modernizar las infraestructuras tecnológicas internas que actualmente suelen estar obsoletas. Según el comunicado oficial de AccelerateX, el software anticuado representa un freno para la eficiencia gubernamental y genera costos cada vez más elevados, afectando el servicio que reciben los ciudadanos de Estados Unidos. La modernización tecnológica gestionada con IA podría, en teoría, reducir el gasto público y mejorar la calidad y la velocidad de la respuesta administrativa.
AccelerateX, anteriormente conocido como AccelerateSF, tuvo sus orígenes en un enfoque más comunitario y local, organizando hackatones para desarrollar soluciones basadas en IA destinadas a resolver problemas sociales en San Francisco. Con el tiempo, la empresa pivotó hacia una misión centrada en el gobierno federal, alineándose con asociaciones estratégicas y recibiendo inversión de reconocidos actores del sector tecnológico, tales como programas aceleradores vinculados a OpenAI. Este vínculo con potencias tecnológicas ha generado especulaciones sobre la naturaleza y alcance del proyecto DOGE. Los expertos reconocen que la capacidad de integración que ofrecen compañías como Palantir en el manejo y análisis de enormes volúmenes de datos facilita el desarrollo de soluciones complejas que puedan soportar tareas automatizadas. Sin embargo, el debate ético y operativo sobre el reemplazo masivo de trabajadores públicos con inteligencia artificial sigue abierto y es objeto de intenso escrutinio.
Desde la perspectiva política, DOGE ha emergido desde los primeros días de la segunda administración de Donald Trump, con un enfoque explícito en recortar el gasto federal y mejorar la eficiencia mediante tecnologías emergentes. Proyectos como AutoRIF, diseñados para automatizar procesos relacionados con la desvinculación de empleados públicos, y chatbots desplegados en la Administración de Servicios Generales, son ejemplos concretos de su estrategia para digitalizar y optimizar funciones burocráticas. La participación de figuras como Anthony Jancso y Jordan Wick, vinculados a empresas innovadoras y con experiencia en tecnologías de vanguardia, refleja un modelo que privilegia la colaboración estrecha entre sector privado y agencias públicas para acelerar la adopción de IA. No obstante, las críticas hacia estos esfuerzos advierten que la implementación debe ser cuidadosa para evitar consecuencias negativas, como la pérdida masiva de empleos o la disminución de la calidad en la administración pública. Expertos en inteligencia artificial y en políticas públicas como Oren Etzioni coinciden en que, pese a sus ventajas, los agentes de IA no pueden sustituir completamente la labor humana en la mayoría de las funciones gubernamentales.
La supervisión, evaluación y corrección humana siguen siendo indispensables para garantizar que las decisiones automatizadas sean justas, legales y eficientes. Además, la idea de que 70,000 empleados podrían ser reemplazados parece exagerada y poco realista si se consideran todas las variables que intervienen en el trabajo público. En cuanto a la privacidad y la seguridad, estos proyectos plantean preguntas importantes sobre el uso responsable de datos sensibles y la transparencia en la toma de decisiones automatizadas. Con iniciativas que buscan integrar plataformas de inteligencia artificial con enormes bases de datos gubernamentales, el riesgo de vulnerabilidades o mal uso de información es una preocupación creciente entre defensores de derechos digitales y expertos en seguridad informática. El proyecto DOGE representa, en definitiva, un capítulo pionero en la transformación digital del gobierno federal estadounidense.
