En un movimiento inesperado que reaviva tensiones regulatorias en el mercado de criptomonedas de Estados Unidos, la Fiscalía General de Oregón ha decidido revivir acusaciones contra Coinbase, la prominente plataforma de intercambio cripto, retomando la demanda que anteriormente fue retirada por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). Esta acción estatal plantea preguntas profundas sobre la coherencia legal y la protección de los inversores en un sector aún marcado por la incertidumbre normativa. La historia comenzó cuando la SEC, bajo la administración del ex presidente Gary Gensler, emprendió en junio de 2023 una dura ofensiva contra Coinbase, acusando a la plataforma de operar como un corredor de valores no registrado y ofrecer servicios de staking sin la debida inscripción. Gensler intentaba clasificar gran parte de los activos digitales como valores, aplicando así leyes tradicionales a innovaciones tecnológicas disruptivas. Sin embargo, en febrero de 2025, la actual administración de la SEC, con Mark Uyeda en calidad de presidente interino, optó por retirar la demanda contra Coinbase, marcando un viraje hacia una regulación menos agresiva.
No obstante, la Fiscalía General de Oregón, liderada por Dan Rayfield, ha optado por «retomar» las acusaciones, señalando que la protección del consumidor local debe prevalecer ante la reducción del rigor federal. Esta postura ha sido calificada por Coinbase como una copia literal del caso de la SEC y un «gasto vergonzoso» de recursos públicos por parte del estado. La empresa advierte que este tipo de litigios ponen en riesgo los avances hacia una legislación clara y bipartidista a nivel nacional, elemento crucial para la consolidación del sector digital en Estados Unidos. El paso de Oregón deriva en un escenario regulatorio fragmentado donde estados pueden actuar de manera independiente incluso cuando las agencias federales moderan sus posiciones. Esta dualidad genera confusión entre empresas y usuarios sobre qué normativas seguir y aumenta la inseguridad jurídica, factores que suelen retrasar la innovación y la inversión.
Además, reproduce un dilema común en la regulación cripto: la tensión entre mantener la protección del consumidor y no obstaculizar el desarrollo de un sector tecnológico emergente. La relevancia de esta disputa radica en que investiga actividades centrales para las plataformas de intercambio: la negociación de criptomonedas y los servicios de staking. El reclamo de que estas actividades están siendo realizadas sin las correspondientes autorizaciones reabre el debate sobre cómo encuadrar legalmente los activos digitales, servicios y productos cripto. La legislación vigente, especialmente bajo las pruebas tradicionales de valores como el Test de Howey, sigue siendo la herramienta principal para determinar si un activo debe considerarse un valor, aunque muchos expertos ven la necesidad de normas específicas para la era digital. Oregón no actúa de manera aislada.
En 2024, su División de Regulación Financiera ya había impuesto sanciones a otra plataforma por ofrecer productos de rendimiento en criptomonedas no registrados. Esta experiencia fortalece su capacidad para tomar medidas legales bajo las leyes estatales de valores. Sin embargo, la decisión de revivir el caso contra Coinbase destaca el uso creciente de los estados como actores activos en la regulación crypto, un fenómeno que implica la coexistencia de múltiples marcos legales dentro del país. Por su parte, Coinbase se mantiene firme en su defensa y ha asegurado que continuará operando con normalidad en Oregón mientras enfrenta esta demanda. La compañía enfatiza que la falta de claridad regulatoria es un obstáculo para la industria y que espera que las autoridades prioricen la creación de un marco legal coherente que permita el crecimiento sostenible del mercado digital, a la vez que garantice la protección adecuada a los consumidores.
Este episodio refleja un momento de transición en la gobernanza de activos digitales en Estados Unidos. Tras la retirada de acusaciones del SEC, otros estados como Vermont, Carolina del Sur, Kentucky e Illinois también abandonaron casos similares, evidenciando un cambio hacia una política menos punitiva. Sin embargo, la postura de Oregón indica que ninguna empresa está totalmente fuera del alcance regulatorio y que las disputas legales pueden surgir tanto a nivel federal como estatal. Para los inversores y actores del mercado, esta dualidad regulatoria implica la necesidad de una vigilancia constante y asesoramiento legal especializado para navegar entornos cambiantes. La expectativa generalizada es que la presión derivada de casos como el de Coinbase y las diferencias entre estados y el gobierno federal podría impulsar finalmente la formulación de leyes comprensivas y uniformes sobre criptomonedas y activos digitales.
