En el complejo y dinámico mundo de las criptomonedas, las regulaciones juegan un papel crucial en el desarrollo y expansión de tecnologías innovadoras como las stablecoins. Caitlin Long, CEO de Custodia Bank y una de las voces más influyentes en el ámbito cripto, ha levantado una fuerte crítica hacia una regla poco conocida impuesta por la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) que, según ella, otorga una ventaja injusta a los grandes bancos en el mercado de stablecoins y, a la vez, obstaculiza el crecimiento del sector cripto en general. La controversia radica en una regulación que, a pesar de que la Fed ha eliminado diversas restricciones para promover que las entidades bancarias se involucren más con criptomonedas y activos digitales, mantiene activa una norma clave vinculada a políticas de fecha específica, resultado de una declaración coordinada con la Casa Blanca en enero de 2023. Este punto ha despertado sospechas sobre el verdadero compromiso de la Fed para fomentar la innovación en la industria cripto. Para entender el alcance de esta controversia, es esencial explorar qué implica esta regla y cómo afecta a los actores del ecosistema de criptomonedas.
En primer lugar, la normativa prohíbe que los bancos posean criptomonedas para usos propios, incluso para cubrir pequeñas comisiones operativas como las tasas de gas en la red Ethereum. Esto genera una limitación operativa importante, ya que el manejo efectivo de criptomonedas suele requerir ciertos movimientos transaccionales internos para garantizar la fluidez y seguridad de las operaciones. En segundo lugar, y quizás más significativo, se prohíbe la creación de stablecoins en cadenas públicas y abiertas como Ethereum, donde la innovación y la transparencia son mayores. Esto choca con la preferencia de la Fed por blockchains privadas bajo control de grandes instituciones financieras, un enfoque más restrictivo y centralizado que limita la diversidad y la participación de nuevas startups o entidades medianas. Caitlin Long alerta que esta ventaja para los grandes bancos representa un desequilibrio en el mercado.
Mientras las entidades financieras tradicionales pueden experimentar y lanzar sus propios stablecoins en redes privadas, otras empresas y desarrolladores deben aguardar la implementación del nuevo proyecto de ley sobre stablecoins para obtener una regulación clara y abierta que los proteja y les permita operar sin trabas. Además, esta regulación complica el trabajo de las instituciones que ofrecen servicios de custodia para criptomonedas. El problema clave radica en la imposibilidad de que los bancos cubran los incrementos inesperados en las tasas de gas necesarias para transacciones on-chain. Si estas comisiones exceden la estimación inicial, la transacción falla, demorando o incluso poniendo en riesgo la custodia y transferencia de activos digitales. Esta situación desalienta a los bancos a involucrarse en servicios de custodia, uno de los pilares fundamentales para la adopción institucional de criptomonedas.
Por otro lado, esta preferencia hacia los blockchains privados va en contra de las decisiones tomadas por otros reguladores estadounidenses como la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) y la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC), que han adoptado políticas más flexibles y abiertas. Por lo tanto, hay un claro desajuste en las posturas regulatorias que genera incertidumbre para los inversores y empresas. Esta discrepancia regulatoria no solo representa un obstáculo para la innovación en Estados Unidos, sino que también puede empujar a empresas y capitales a buscar entornos más amigables, tanto en el ámbito nacional a nivel estatal como en mercados internacionales más abiertos. Un ejemplo de resistencia a estas restricciones en Washington lo representa el estado de Wyoming, donde Caitlin Long tiene uno de sus negocios principales. Wyoming ha desarrollado un marco regulatorio especialmente diseñado para facilitar operaciones con activos digitales y criptomonedas, incluyendo un tipo específico de banco denominado SPDI (Especial Purpose Depository Institution).
Este modelo permite a las entidades ofrecer servicios de custodia y manejo de activos digitales evitando muchas de las limitaciones impuestas por la Fed. La dinámica actual también está siendo observada y cuestionada por miembros del Congreso de Estados Unidos. La senadora Cynthia Lummis, reconocida por su apoyo al bitcoin y a la innovación tecnológica en el sector cripto, ha señalado que las acciones de la Fed en realidad representan un gesto simbólico más que un cambio real de política. Según Lummis, a pesar de que algunas reglas fueron retiradas, subsisten restricciones fundamentales que denominan a los activos digitales como inseguros y riesgosos, perpetuando un estigma que desalienta la inversión y participación institucional. Tanto Long como Lummis han puesto el foco en la persistencia de una sección en particular, la 9(13), en las políticas de la Fed, que mantiene el fuerte apego a las percepciones negativas sobre las criptomonedas.
Esto dificulta que los bancos actúen libremente en mercados como Bitcoin, Ethereum o Solana, cuyos tokens son fundamentales para la evolución del ecosistema descentralizado. El debate también se inserta en un contexto más amplio sobre el futuro de la regulación cripto en Estados Unidos y el balance entre soberanía federal y autonomía estatal. Mientras Washington mantiene una postura cautelosa y restrictiva, estados como Wyoming y otros han avanzado en el desarrollo de normativas pro-cripto que fomentan la innovación y atraen inversión. Lejos de ser un asunto técnico o específico, estas regulaciones impactan en la competencia, la transparencia y en última instancia en el desarrollo económico y tecnológico del país. La crítica principal de Caitlin Long radica en la falta de coherencia y en una estrategia que parece privilegiar la concentración de poder en grandes instituciones financieras, relegando a los emprendimientos más pequeños y a la comunidad abierta blockchain a una situación de desventaja y espera.
Adicionalmente, la dificultad que sufren los bancos para participar activamente en la custodia y manejo de criptomonedas genera un efecto contraproducente. En lugar de facilitar la integración de activos digitales en el sistema financiero tradicional, se incentiva el uso de plataformas descentralizadas (DeFi) o servicios no bancarizados, lo que podría acelerar la migración de capitales y usuarios fuera del control y supervisión federal. La visión de Caitlin Long invita a un análisis profundo sobre el verdadero propósito y destino de las políticas regulatorias. ¿Buscan las autoridades proteger al consumidor y la estabilidad financiera o están privilegiando intereses institucionales y reduciendo la competencia? Esta pregunta es esencial para entender las tensiones que se viven hoy en el mercado de stablecoins y criptomonedas. Mientras la discusión pública y legislativa sigue su curso, los usuarios finales, inversores y desarrolladores observan con atención cada movimiento de la Fed y el Congreso.
El futuro del ecosistema cripto en Estados Unidos dependerá en gran medida del equilibrio entre regulación justa, innovación abierta y competitividad. En resumen, la crítica de Caitlin Long frente a la regla secreta de la Fed no solo pone en evidencia una restricción técnica, sino que abre el debate sobre la dirección estratégica del país en materia de criptomonedas. La posible consolidación de monopolios tecnológicos y financieros a través de blockchains privadas amenaza con frenar el desarrollo y adopción masiva que el sector ha experimentado a nivel global, invitando a legisladores, reguladores e inversores a replantear sus prioridades para garantizar un ecosistema más justo, transparente y exitoso en el futuro.
