En un contexto global donde las criptomonedas se consolidan como un método de intercambio cada vez más extendido, los mecanismos para evitar su uso en actividades ilícitas se vuelven fundamentales. Este es el caso reciente que involucra al grupo rebelde hutí en Yemen, respaldado por Irán, que ha enfrentado sanciones por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos debido a su uso de carteras de criptomonedas para financiar sus esfuerzos bélicos. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense identificó ocho carteras digitales empleadas por esta red financiera ligada a los hutíes. Estas carteras han sido utilizadas para movilizar fondos que permitieron la adquisición de millones de dólares en armas y productos, entre ellos granos ucranianos robados, provenientes de Rusia. La relevancia de estas operaciones radica en la sofisticación con la que el grupo logra canalizar recursos a pesar de las restricciones internacionales y vigilancias constantes.
Entre las personas sancionadas se encuentran nacionales afganos residentes en Rusia, conocidos como Hushang y Sohrab Ghairat. Su papel ha sido facilitar las operaciones comerciales del grupo hutí a nivel global. Otro nombre destacado es el de Sa'id al-Jamal, cuya designación por parte de la administración estadounidense incluyó sus direcciones en criptomonedas desde diciembre de 2024. La investigación complementaria realizada por Chainalysis, una empresa especializada en el seguimiento de actividades ilícitas mediante criptomonedas, reveló que las carteras en cuestión movieron cerca de mil millones de dólares relacionados con entidades sancionadas. La mayoría de estos fondos se utilizaron para apoyar operaciones militares de los hutíes tanto en Yemen como en la zona del Mar Rojo.
Este dato no solo resalta la magnitud financiera detrás del conflicto yemení, sino también la creciente relevancia de las monedas digitales como un vehículo para esquivar las sanciones tradicionales y los controles financieros. Además, se descubrió que los hutíes utilizaron direcciones de depósito en la plataforma rusa Garantex, conocida por facilitar el lavado de dinero. A través de esta plataforma, se recibieron más de 45 millones de dólares, y se procesaron aproximadamente 2.5 millones de dólares al involucrar carteras previamente asociadas con la financiación de Hamas, otro grupo armado que operaba en un conflicto paralelo con Israel. Estos movimientos financieros consolidan a los hutíes como un actor crucial en la compleja red de alianzas y rivalidades que marcan el escenario político y bélico en Medio Oriente y el norte de África.
La relación con Irán, en particular, continúa siendo un factor influyente no solo en el suministro de armamento y apoyo logístico, sino también en la estrategia financiera del grupo. Desde el punto de vista geopolítico, las sanciones llegan en un momento delicado. Recientemente, las operaciones militares estadounidenses en Yemen, incluyendo ataques aéreos contra posiciones hutíes, han provocado una escalada de tensiones. En respuesta, los hutíes han emitido amenazas de represalias, contribuyendo a un clima de incertidumbre en una región clave para el comercio internacional, dado que el Mar Rojo es una ruta vital para el transporte marítimo global. Los ataques de los hutíes a embarcaciones en el Mar Rojo desde finales de 2023 marcan una nueva fase de confrontación, vinculada también al conflicto entre Israel y Hamas.
El aumento de estas hostilidades afecta no solo a la seguridad regional sino también a la economía mundial, ya que desestabilizan rutas comerciales esenciales. Las sanciones sobre las carteras de criptomonedas representan una estrategia novedosa y tecnológica para contrarrestar la financiación ilícita, destacando cómo la vigilancia y regulación en el ámbito digital están evolucionando para enfrentar nuevas amenazas. No obstante, los desafíos son múltiples, ya que la naturaleza descentralizada y anónima de las criptodivisas dificulta su control y seguimiento. Para el grupo hutí y sus patrocinadores, estas medidas podrían significar un obstáculo en el flujo de recursos. Sin embargo, la resiliencia y capacidad de adaptación a las sanciones anteriores sugieren que podrían buscar nuevas vías para continuar sus actividades financieras clandestinas, desplazando sus operaciones a diferentes plataformas o tecnologías emergentes.
Expertos en criptoseguridad y relaciones internacionales subrayan la importancia de la colaboración internacional para fortalecer los marcos regulatorios y mejorar el intercambio de información entre países. Solo a través de este tipo de esfuerzos conjuntos será posible limitar de manera efectiva el uso indebido de las criptomonedas para financiar conflictos que desestabilizan regiones enteras. Además, el caso también plantea preguntas sobre el papel de las plataformas de intercambio de criptomonedas, como Garantex, y su responsabilidad en la prevención del lavado de dinero y la financiación de actividades ilícitas. La transparencia y el cumplimiento normativo en estas plataformas son aspectos fundamentales para evitar que sean utilizadas como mecanismos para evadir sanciones. En resumen, la imposición de sanciones contra carteras de criptomonedas vinculadas a los hutíes respaldados por Irán refleja un cambio significativo en la lucha contra la financiación de grupos armados mediante monedas digitales.
