El estado de Arizona ha dado un paso significativo en la regulación y administración de criptomonedas con la aprobación de una nueva ley que permite al gobierno estatal reclamar la propiedad de activos digitales no reclamados durante al menos tres años. Esta iniciativa representa una innovación en la forma en que las entidades gubernamentales interactúan con activos criptográficos, marcando un precedente dentro del marco legal estadounidense y posicionando a Arizona como líder en política digital moderna. La gobernadora Katie Hobbs firmó la Ley HB 2749 el pasado 7 de mayo de 2025, permitiendo que el estado tome custodia de criptomonedas abandonadas y las gestione a través de una nueva estructura llamada “Bitcoin and Digital Asset Reserve Fund” o Fondo de Reserva de Bitcoin y Activos Digitales. Lo resaltable de este fondo es que su financiamiento no provendrá de los contribuyentes ni de fondos estatales tradicionales, sino que se alimentará exclusivamente por los activos digitales recuperados. El fundamento legal está basado en un período de abandono de tres años, durante el cual el propietario original del criptoactivo debe responder a intentos de contacto hechos por el estado para reclamar su propiedad.
En caso de no hacerlo, el estado puede entonces oficializar la posesión de estos activos. Esta medida no solo busca recuperar valor económico que de otra forma quedaría inerte, sino que también habilita mecanismos para que estos recursos generen rendimientos adicionales mediante estrategias como el staking o la recepción de airdrops asociados a las criptomonedas custodiadas. La implementación de esta ley significa que Arizona podrá apostar por métodos avanzados y actuales de manejo de criptoactivos para maximizar el valor de estos fondos. El staking permite bloquear criptomonedas para apoyar la operación de una red blockchain a cambio de recompensas, mientras que los airdrops posibilitan recibir tokens gratuitos como incentivo o promoción dentro del ecosistema digital. Gracias a estas prácticas, el estado no solo protege el valor inicial de las criptomonedas incautadas, sino que también puede incrementar su volumen y utilidad.
Jeff Weninger, representante de la Cámara de Arizona y patrocinador del proyecto de ley, destacó que esta normativa posiciona al estado a la vanguardia en la gestión de propiedades digitales abandonadas. Mencionó que la ley no solo protege los derechos de propiedad, sino que también ofrece herramientas para reconocer y administrar esta nueva clase de activos en la economía actual, fomentando así un enfoque innovador en políticas públicas que integran la tecnología blockchain. Es importante destacar que aunque la gobernadora Hobbs vetó una propuesta similar apenas días antes, la Ley SB 1025, que proponía invertir fondos estatales en Bitcoin, la aprobación de HB 2749 representa un equilibrio entre innovación y prudencia. La preocupación por el uso de fondos públicos en activos tan volátiles llevó al rechazo del proyecto anterior, pero la nueva ley se diseñó para evitar esos riesgos directos al aprovechar únicamente criptomonedas ya en posesión del estado por abandono. La iniciativa de Arizona también ha generado expectativas sobre futuras propuestas legislativas en el ámbito cripto.
Por ejemplo, el proyecto de ley SB 1373, en espera de decisión gubernamental, permitiría que hasta el 10% del Fondo de Estabilización Presupuestaria del estado se invierta en Bitcoin, lo que evidenciaría una progresión importante hacia la integración de criptomonedas en la gestión financiera estatal. Esta acción de Arizona se da en un contexto donde otros estados estadounidenses también avanzan en regulación y adopción de activos digitales. Recientemente, el gobernador de New Hampshire, Kelly Ayotte, firmó una ley que autoriza a su tesorería estatal a invertir fondos en criptomonedas con capitalización de mercado superior a 500 mil millones de dólares, siendo Bitcoin la única que cumple con ese criterio actualmente. Estos movimientos sugieren una tendencia ascendente en la legitimación y normalización de las criptomonedas dentro de las finanzas públicas. El contexto global de adopción cripto también influye en estas medidas estatales.
Las criptomonedas, originalmente creadas con la intención de descentralizar las finanzas y ofrecer alternativas a los sistemas bancarios tradicionales, han evolucionado para convertirse en un componente crucial dentro de la economía digital. Desde inversión institucional hasta inclusión financiera y productos financieros innovadores, los activos digitales están transformando la concepción de dinero y propiedad. En cuanto a la regulación, la ley de Arizona es un modelo interesante ya que equilibra el respeto al derecho de propiedad con la función colectiva de evitar la pérdida de valor económico por activos olvidados. Establece un mecanismo transparente y definido para el reclamo y administración de estas criptomonedas, lo que podría servir de referencia para otras jurisdicciones que buscan ordenar este aspecto emergente. Por otra parte, esta ley podría incentivar a los propietarios de criptomonedas a estar más atentos a la gestión y seguridad de sus activos digitales, dado que el abandono puede resultar en la pérdida legal de sus fondos.
