En el dinámico y siempre cambiante mundo de las criptomonedas, la regulación se ha convertido en un factor crítico para el desarrollo y adopción de activos digitales, especialmente de las stablecoins. En Estados Unidos, dos iniciativas legislativas han tomado protagonismo en el ámbito regulatorio de estas monedas digitales vinculadas al dólar: la STABLE Act y la GENIUS Act. Ambas propuestas buscan establecer un marco legal claro para el desarrollo y supervisión de stablecoins de pago, aunque adoptan enfoques diferentes que reflejan distintas prioridades como la protección del consumidor, la estabilidad financiera y la innovación tecnológica. La STABLE Act, cuyo nombre completo es Stablecoin Transparency and Accountability for a Better Ledger Economy Act, fue presentada por los representantes franceses Hill y Bryan Steil. Está orientada a imponer un riguroso control federal sobre las stablecoins respaldadas por el dólar, para fortalecer la seguridad y la confianza del sistema financiero estadounidense.
Su propósito principal gira en torno a establecer reglas claras para los emisores, definiendo a las stablecoins de pago como activos digitales que mantienen una paridad fija con una moneda fiduciaria y que pueden usarse para pagos y liquidaciones. Por otro lado, la GENIUS Act, cuyo nombre completo es Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins Act, fue propuesta por senadores como Bill Hagerty, Tim Scott, Kirsten Gillibrand y Cynthia Lummis. Su enfoque pretende equilibrar la supervisión federal con la flexibilidad estatal, permitiendo elegir el nivel regulatorio según el tamaño del emisor. Busca fomentar la innovación y competencia, estableciendo estándares de transparencia, respaldos completos y cumplimiento de regulaciones antilavado de dinero. En cuanto a quiénes pueden emitir stablecoins bajo ambas propuestas, los dos proyectos autorizan únicamente a entidades calificadas, incluyendo subsidiarias bancarias, entidades no bancarias aprobadas a nivel federal y emisores autorizados a nivel estatal.
Esto apunta a evitar que actores no regulados pongan en riesgo la estabilidad financiera y los intereses de los usuarios. Una de las características más importantes de ambas leyes es la exigencia de respaldo 1:1, lo que significa que cada unidad de stablecoin emitida debe estar totalmente respaldada por activos líquidos de alta calidad, tales como dólares estadounidenses, depósitos bancarios o bonos del Tesoro a corto plazo. Este requisito busca asegurar la posibilidad de redención plena de las stablecoins en cualquier momento, garantizando la estabilidad del valor y evitando riesgos de iliquidez. Además, las leyes requieren la divulgación mensual del respaldo de las reservas, que debe ser auditado por firmas contables independientes. Esta obligación ofrece transparencia y da mayor confianza a los usuarios, quienes pueden verificar en todo momento la solidez financiera de los emisores.
Una diferencia importante radica en el tratamiento de las stablecoins algorítmicas. La STABLE Act impone una prohibición de dos años a la emisión de este tipo de stablecoins, consideradas más riesgosas por su modelo de respaldo no fiduciario, mientras que la GENIUS Act permite su emisión de forma condicional, señalando un enfoque más abierto a la innovación aunque con vigilancia prudente. Otro punto clave es la supervisión y el cumplimiento normativo. Ambos proyectos establecen que los emisores estarán sujetos a las leyes de secreto bancario y normas antilavado de dinero, con un compromiso firme de prevenir el uso de stablecoins para actividades ilícitas. La STABLE Act además introduce controles estrictos que pueden implicar sanciones civiles de hasta 100,000 dólares por día en caso de incumplimiento, así como penalizaciones penales para declaraciones falsas deliberadas.
En el ámbito de la protección al consumidor, ambas propuestas contemplan que, ante insolvencia o quiebra de un emisor, los tenedores de stablecoins tendrán prioridad sobre otros acreedores para recuperar sus fondos, atendiendo a la naturaleza fiduciaria que se espera de estos activos digitales. Una característica particular de la STABLE Act es la prohibición explícita de pagar intereses sobre las stablecoins, con lo que se diferencia de productos tradicionales de ahorro y evita que sean necesariamente vistas como depósitos bancarios, minimizando riesgos de mala interpretación jurídica y presiones regulatorias adicionales. La GENIUS Act se distingue por su modelo dual de regulación según la capitalización de mercado del emisor. Aquellos con valor superior a los 10,000 millones de dólares deben registrarse a nivel federal, mientras que los más pequeños pueden operar bajo supervisión estatal, lo que facilita la entrada y operación de nuevos actores, potencialmente democratizando el ecosistema. En términos de impacto potencial, la STABLE Act, con su fuerte control federal y rigurosos requisitos, podría favorecer a grandes emisores ya establecidos, tales como Circle o PayPal, que cuentan con recursos y capacidades para cumplir con las demandas regulatorias.
Sin embargo, la carga regulatoria podría dificultar la participación de pequeños proyectos o startups, afectando la diversidad y dinamismo del mercado. La GENIUS Act, por su parte, con una mirada más flexible y un marco combinado de supervisión, puede incentivar la innovación y la competencia, aunque algunos críticos advierten que podría exponer a los consumidores a mayores riesgos si no se establecen controles suficientes. Es relevante también comparar ambas propuestas con el marco regulatorio europeo conocido como MiCA (Markets in Crypto-Assets), que ofrece un enfoque uniforme para toda la Unión Europea cubriendo diversas clases de activos digitales y con un gran énfasis en la estabilidad financiera y la protección del consumidor, incluyendo requisitos estrictos de capital y supervisión pan-europea. En contraste, el enfoque estadounidense continúa fragmentado, centrando la regulación de stablecoins en la interacción federal-estatal y sin requerir que emisores obtengan una carta bancaria federal, lo que refleja la complejidad del sistema normativo del país. Ambas leyes han enfrentado críticas en distintos frentes.
La STABLE Act es señalada por algunos sectores por no garantizar mecanismos claros para la protección en casos de insolvencia o quiebras, además de prohibir el pago de intereses, lo que podría limitar la adopción y utilidad de las stablecoins. También ha generado preocupación entre reguladores estatales por su posible preeminencia federal que podría disminuir la autonomía local. La GENIUS Act ha perdido apoyo bipartidista debido a desacuerdos sobre su alcance y enfoque, así como temor por la posible concentración de poder en grandes instituciones financieras y la complejidad administrativa que implica su estructura de supervisión dual. Su enfoque en emisores domésticos limita además la consideración de innovaciones globales y el potencial rol internacional de las stablecoins. Tras varios intentos y debates, el impasse sobre estas leyes refleja la dificultad de equilibrar regulación estricta para proteger a usuarios y sistema financiero con la necesidad de mantener un ecosistema cripto vibrante y competitivo a nivel global.
En definitiva, el futuro regulator de las stablecoins en Estados Unidos está en un punto crucial, donde la adopción de leyes como la STABLE Act o la GENIUS Act definirá no solo la estructura financiera interna sino también la posición del país en la carrera mundial por el liderazgo en activos digitales. El diálogo entre actores políticos, reguladores, la industria cripto y consumidores seguirá siendo esencial para alcanzar un marco normativo eficaz, justo y adaptado a las necesidades tecnológicas y económicas del siglo XXI.