En un movimiento que marca un hito significativo para el ecosistema financiero australiano, el gobierno de Australia ha presentado una propuesta integral para la regulación y la integración de activos digitales en la economía nacional. Este esfuerzo se basa en modelos avanzados adoptados por regiones líderes como la Unión Europea y Singapur, y busca transformar la manera en que se manejan las transacciones y se gestionan los activos en el país. La propuesta fue difundida a través de un documento oficial publicado por el Tesoro australiano, en el que se detalla un enfoque coordinado entre diversas entidades gubernamentales para adoptar tecnologías emergentes como la tokenización, los activos del mundo real (real-world assets o RWAs) y las monedas digitales emitidas por bancos centrales (CBDCs). La intención central es modernizar el sistema financiero y aprovechar las ventajas que ofrecen los activos digitales para fomentar una mayor eficiencia, transparencia y acceso en los mercados. Uno de los puntos más destacados del documento es la clara intención del gobierno de evitar, por el momento, la emisión de una moneda digital centralizada para uso minorista.
En cambio, concentran esfuerzos en desarrollar una versión mayorista de la moneda digital del Banco Central, acompañada de una infraestructura tokenizada para la liquidación de transacciones. Esta estrategia apunta a reducir los riesgos y costos asociados a la liquidación tradicional, potenciando la automatización y facilitando un acceso más amplio a diferentes clases de activos, incluyendo aquellos que tradicionalmente se consideran poco líquidos. Para hacer realidad este ambicioso plan, las principales agencias regulatorias australianas, entre ellas el Tesoro, la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) y el Banco de la Reserva de Australia, están coordinando la implementación de proyectos piloto. Estas pruebas buscarán validar el uso de tokens y stablecoins para la liquidación de operaciones en mercados mayoristas tokenizados, lo que podría derivar en una transformación profunda de los procesos financieros internos. Otro aspecto crucial de la propuesta es la creación de un nuevo marco regulatorio para las plataformas de intercambio de criptomonedas, que en Australia serán conocidas como Plataformas de Activos Digitales (DAP, por sus siglas en inglés).
Este régimen regulatorio establecerá estrictos criterios para la operación de estas plataformas, incluyendo requisitos relacionados con la suficiencia de capital, obligaciones de divulgación, así como la exigencia de utilizar custodios externos para el almacenamiento seguro de los activos de los clientes. La búsqueda de confianza y protección para los usuarios es una prioridad. Por ello, las reglas también abordarán preocupaciones recurrentes en la industria, como la restringida accesibilidad bancaria que enfrentan muchas empresas de criptomonedas, un fenómeno conocido como "debanking". El gobierno planea mitigar esta problemática mediante el diseño de su régimen de licencias DAP para facilitar una mejor colaboración entre las plataformas digitales y sus bancos asociados, promoviendo una gestión adecuada del riesgo y evitando exclusiones injustificadas en el sistema financiero tradicional. Este enfoque proactivo para enfrentar el problema del debanking en Australia llega en un momento donde en Estados Unidos también se están llevando a cabo debates legislativos en torno al acceso bancario para la industria cripto.
La iniciativa llamada FIRM Act, impulsada por el senador Tim Scott, busca prohibir que las autoridades reguladoras bloqueen el acceso de empresas de criptomonedas a servicios bancarios bajo criterios difusos como el "riesgo reputacional". La iniciativa australiana llama la atención por buscar un equilibrio entre la innovación tecnológica y la regulación sólida. El gobierno reconoce que los mercados de activos tokenizados tienen el potencial de revolucionar la forma en que se tokenizan tanto instrumentos financieros como activos tangibles. Entre los beneficios que podrían derivarse se destacan la reducción de la dependencia en intermediarios financieros múltiples, la simplificación de procesos comerciales, la reducción de costos de transacción y el acceso democratizado a activos que antes eran difíciles de comerciar. Al incorporar activos digitales dentro de un marco regulatorio claro, Australia no solo pretende estimular la innovación financiera sino también garantizar la protección de los consumidores y la estabilidad del sistema económico.
Esto se traduce en una ambición por posicionarse como un actor relevante en el ecosistema global de tecnologías financieras, atrayendo inversiones y fomentando la creación de empleo especializado. El papel de las monedas digitales de banco central mayoristas (wholesale CBDCs) merece especial atención, ya que podrían permitir a los bancos y otras entidades financieras realizar operaciones de liquidación de manera instantánea y segura mediante la tokenización. Esto reduce la necesidad de procesos manuales y múltiples revisiones, y aporta una gran eficiencia en la gestión de liquidez y en la mitigación de riesgos operativos. Sin embargo, la exclusión por ahora de una moneda digital para uso minorista refleja la cautela del gobierno respecto a los posibles riesgos asociados con la adopción masiva de un CBDC. Se espera que esta prudencia permita realizar pruebas, recopilar datos y definir un marco más sólido para el futuro, evitando sobresaltos que podrían afectar la confianza del público y la estabilidad económica.
Adicionalmente, esta propuesta abre una vía para que los activos del mundo real, como bienes raíces, obras de arte o materias primas, puedan ser tokenizados y comercializados con mayor facilidad. La digitalización de estos activos puede incrementar su liquidez y atraer a inversores que antes encontraban barreras para entrar en dichos mercados. El conjunto de estas medidas refleja un compromiso integral con la transformación digital del sector financiero, reconociendo tanto las oportunidades como los desafíos que plantea la llegada de nuevas tecnologías disruptivas. La regulación propuesta busca ser una hoja de ruta que guíe a empresas, reguladores y consumidores hacia un ecosistema más seguro, eficiente y accesible. La coordinación interinstitucional entre el Tesoro, el ASIC y el Banco de la Reserva de Australia es fundamental para garantizar que la normativa sea coherente, eficaz y dinámica, adaptándose a la rápida evolución del mercado de criptomonedas y activos digitales.
También asegura que los proyectos piloto tengan el respaldo necesario para experimentar con tranquilidad y obtener resultados que sirvan de base para futuras políticas. La visión australiana destaca asimismo la importancia de adoptar estándares internacionales para la regulación, aprendiendo de las experiencias de la Unión Europea y Singapur, dos jurisdicciones reconocidas por sus enfoques avanzados y prácticos en materia de criptoactivos. Esta orientación facilita la interoperabilidad y fortalece las posibilidades de Australia para integrarse en cadenas globales de valor financiero. Por último, la propuesta pone en evidencia una nueva etapa en la relación entre gobiernos y tecnología financiera, donde no solo se trata de contener riesgos, sino de aprovechar al máximo las innovaciones para generar crecimiento y bienestar. De esta forma, Australia se posiciona como un referente en la región Asia-Pacífico, demostrando una voluntad decidida para liderar la transformación digital del sector financiero.
En resumen, la propuesta regulatoria australiana representa una estrategia integral para abrazar el futuro digital de las finanzas. A través de la tokenización, el uso de CBDCs mayoristas, y la creación de un marco sólido para plataformas de activos digitales, el país se prepara para una nueva era económica, más eficiente, inclusiva y tecnológicamente avanzada. El éxito de esta iniciativa dependerá de la colaboración efectiva entre reguladores, empresas y usuarios, con la esperanza de crear un ecosistema robusto y confiable que fomente la innovación sin sacrificar la seguridad.
