En un movimiento revolucionario para el mundo financiero y la adopción de criptomonedas en el sector público, Nuevo Hampshire ha establecido un precedente sin precedentes en los Estados Unidos al convertirse en el primer estado en crear un fondo estratégico de reserva en Bitcoin. Este hito, formalizado con la promulgación de la Ley HB302 por la gobernadora Kelly Ayotte el 6 de mayo de 2025, permite al tesoro estatal asignar hasta un cinco por ciento de los fondos públicos en Bitcoin y otros activos digitales que cumplan con criterios estrictos de capitalización de mercado. Esta acción no solo refuerza la posición de Bitcoin como un activo estratégico, sino que también podría desencadenar una oleada de adopción en otros estados estadounidenses. La decisión de Nuevo Hampshire representa un cambio paradigmático en la gestión financiera pública, integrando una nueva clase de activos basada en blockchain dentro de las carteras estatales oficiales. El enfoque legislativo se inspiró en un modelo desarrollado por el Satoshi Action Fund, una organización sin fines de lucro dedicada a impulsar la adopción responsable de Bitcoin a nivel institucional.
La normativa confiere al tesorero del estado la facultad para invertir directamente en Bitcoin o a través de productos financieros regulados como los exchange-traded products (ETPs). La ley estipula que solamente podrán considerarse aquellos activos digitales con una capitalización de mercado superior a los 500.000 millones de dólares, dejando prácticamente a Bitcoin como el único activo susceptible de inclusión debido a su dominio en el mercado global. Este criterio restrictivo responde a la intención de asegurar la estabilidad y confiabilidad del fondo, minimizando riesgos asociados con la volatilidad y regulación de proyectos de menor escala. La seguridad juega un papel fundamental en esta iniciativa, ya que la custodia de los activos digitales debe realizarse bajo estrictas normativas estadounidenses, ya sea mediante billeteras controladas por el estado o con custodios externos aprobados y regulados.
Este aspecto busca generar confianza tanto entre legisladores, inversores públicos y ciudadanos sobre la integridad y protección de los fondos del estado. Dennis Porter, CEO del Satoshi Action Fund, expresó un optimismo palpable ante esta legislación, destacando que "Satoshi Action diseñó el modelo, Nuevo Hampshire lo transformó en ley, y ahora cualquier tesorero estatal en el país puede seguir ese camino". Es importante señalar que aunque estados como Arizona y Texas evaluarían propuestas similares, ninguna había llegado a materializarse como ley hasta este momento. Nuevo Hampshire abre así un escenario prometedor donde las finanzas públicas podrían diversificarse con la inclusión de activos digitales, incrementando su potencial de rendimientos y posicionándolos estratégicamente frente a la inflación y fluctuaciones macroeconómicas. A nivel macro, el impacto de esta medida podría incentivar a otras regiones de los Estados Unidos a replicar el modelo, generando un efecto dominó que promovería la integración de criptomonedas en carteras públicas y privadas.
Además, esta iniciativa fortalece el discurso favorable sobre la utilidad y estabilidad de Bitcoin debido a su función como reserva de valor y activo deflacionario. En cuanto al desempeño del mercado, la implementación del fondo estratégico viene acompañada de una dinámica positiva para Bitcoin, que en la actualidad cotiza en torno a los 97,359 dólares, habiendo registrado un aumento del tres por ciento en las últimas 24 horas y un crecimiento semanal de poco más del tres por ciento. Esta alza sugiere que la aprobación de la ley ha sido bien recibida por inversores institucionales y minoristas, quienes ven en la adopción gubernamental una señal clara de legitimización y consolidación del criptomercado. La creación del fondo de reserva en Bitcoin enfatiza la importancia que la comunidad financiera otorga a la diversificación y modernización de las estrategias de inversión pública. No es únicamente una cuestión de tecnicismos financieros, sino también un gesto hacia la innovación y el reconocimiento de las criptomonedas como activos con un enorme potencial disruptivo.
Además, este paso de Nuevo Hampshire posiciona al estado como un referente para futuras políticas en el uso de tecnología blockchain en la administración pública, abriendo las puertas para que otras iniciativas de gobierno digital puedan prosperar. El debate sobre la inclusión de Bitcoin en las reservas oficiales ha sido intenso durante los últimos años, con argumentos que van desde la volatilidad y riesgos regulatorios hasta el potencial de rentabilidad y protección contra la inflación. Sin embargo, esta ley consolida una postura atrevida que busca equilibrar estos factores, apostando por un futuro donde las finanzas públicas puedan beneficiarse de los avances en tecnologías descentralizadas y modelos económicos alternativos. La transparencia y la regulación serán clave para la evolución de este tipo de fondos. El marco legal de Nuevo Hampshire incluye disposiciones para garantizar que las inversiones sean auditables y que se mantengan los estándares más altos en materia de seguridad, privacidad y responsabilidad fiscal.
