En un giro significativo para la política financiera de Estados Unidos, el estado de Nueva Hampshire ha dado un paso trascendental con la aprobación en su Cámara de Representantes de un proyecto de ley que propone la creación de una reserva estatal en Bitcoin. Este acontecimiento ha captado la atención no solo de los entusiastas de las criptomonedas, sino también de analistas económicos, legisladores y gobiernos de diferentes regiones que observan con interés la evolución del manejo financiero estatal frente a las nuevas tecnologías monetarias. El proyecto de ley, que ahora se encuentra en revisión por el Senado de Nueva Hampshire, permite que hasta un 5% de los fondos estatales puedan ser invertidos en Bitcoin, la criptomoneda con la mayor capitalización de mercado a nivel global. Esta propuesta surge de la iniciativa del representante republicano Keith Ammon y ha recibido apoyo bipartidista, contando con el respaldo de legisladores demócratas como Chris McAleer y Carry Spier, lo que indica un creciente consenso político alrededor de la iniciativa. La motivación detrás de este proyecto de ley se fundamenta en un enfoque innovador hacia la diversificación de las reservas estatales y el reconocimiento del creciente papel que las criptomonedas juegan en la economía mundial.
La inclusión de Bitcoin como parte de la cartera financiera estatal puede entenderse como un intento de aprovechar el potencial de revalorización y la seguridad proporcionada por una tecnología descentralizada, además de posicionar a Nueva Hampshire como un estado pionero en la adopción de activos digitales a nivel institucional. Nueva Hampshire no es el primer estado que intenta integrar criptomonedas en sus reservas. Estados como Arizona, Oklahoma y Texas ya han explorado legislar en esta dirección, sin embargo, la aprobación en la Cámara de Representantes representa un avance significativo hacia la implementación práctica de este modelo financiero en la región. La discusión legislativa ha sido intensa y refleja los desafíos asociados con la integración de activos digitales en carteras gubernamentales. Entre las preocupaciones principales destacan la volatilidad inherente de Bitcoin, la posible exposición fiscal y los riesgos de seguridad relacionados con la custodia y manejo de criptomonedas.
No obstante, los defensores del proyecto de ley argumentan que limitar la inversión a un 5% del fondo estatal ayuda a mitigar estos riesgos mientras que se explora el potencial beneficio económico y estratégico. Cabe destacar que el proyecto de ley limita las inversiones en criptomonedas a aquellas que cuentan con una capitalización de mercado superior a 500 mil millones de dólares, un criterio que en la actualidad solo cumple Bitcoin. Esta restricción busca garantizar que los fondos se dirijan hacia un activo con una liquidez y aceptación global consolidada, minimizando la exposición a proyectos de criptomonedas menos estables o probados. El proceso legislativo que sigue consiste en la revisión del proyecto por el Senado de Nueva Hampshire, donde se llevarán a cabo audiencias, debates y evaluaciones técnicas para decidir la aprobación final, modificaciones o rechazo. La dinámica en el Senado planteará un escenario de negociación significativo, especialmente considerando que aunque los republicanos cuentan con mayoría, no está garantizado un apoyo unánime hacia la iniciativa, como demuestran experiencias similares en otros estados tales como Wyoming.
En Wyoming, un estado con una marcada inclinación hacia la innovación blockchain y criptomonedas, el Senado rechazó en febrero de 2025 un proyecto similar. Este rechazo fue sorpresivo dado el respaldo entusiasta del gobernador Mark Gordon, conocido por sus políticas favorables a la tecnología blockchain. La oposición en Wyoming se fundamentó en argumentos sobre la volatilidad y la custodia responsable de activos públicos. En contraste, Nueva Hampshire cuenta con un contexto político y social que podría favorecer la aprobación del proyecto. El estado es conocido desde hace décadas por su lema “Live Free or Die” (Vive Libre o Muere), que simboliza una fuerte tradición libertaria y de bajo intervencionismo estatal.
Esta tradición se refleja en una política fiscal favorable y una comunidad política que incluye a miembros del Free State Project, un movimiento libertario que ha impulsado la elección de legisladores con ideales afines, incluyendo a Ammon, Murphy e Innis. Este trasfondo sociopolítico otorga un marco propicio para la discusión y eventual adopción de políticas financieras que incorporen activos disruptivos como Bitcoin. La presencia de una mayoría republicana en el Senado (14 a 10) también apunta hacia una predisposición favorable, aunque la decisión final dependerá de las negociaciones y análisis detallados que se llevarán a cabo en los próximos meses. Más allá del aspecto político, la propuesta tiene implicaciones importantes para el ecosistema económico y financiero del estado. La adopción de Bitcoin como parte de las reservas podría incentivar la llegada de inversiones relacionadas con blockchain y tecnologías financieras, fomentar la innovación tecnológica local y posicionar a Nueva Hampshire como un referente en la integración de criptoactivos en la gestión pública.
A nivel institucional, la propuesta también puede ser una señal para otros estados y gobiernos que buscan modernizar sus carteras financieras para incluir activos digitales, especialmente en un contexto global donde la adopción de criptomonedas por parte de grandes inversionistas y corporaciones es cada vez más común. La experiencia de Nueva Hampshire servirá como caso piloto para evaluar los beneficios y desafíos que implica esta transición. Una variable clave en el proceso será la postura del gobernador Kelly Ayotte, quien asumió el cargo en enero de 2025. Hasta la fecha, la gobernadora no ha firmado leyes relacionadas con blockchain o criptomonedas, por lo que su posición sobre la reserva de Bitcoin es una incógnita que genera expectación. Su aprobación o veto será determinante para el destino de esta iniciativa.
