A medida que la economía digital continúa su evolución, los gobiernos estatales en Estados Unidos exploran nuevas formas de integrar activos digitales en sus políticas financieras y de inversión. Dos estados en particular, New Hampshire y Florida, han dado pasos importantes en este sentido mediante la aprobación y avance de proyectos de ley centrados en la creación de reservas estatales de Bitcoin. Estas iniciativas reflejan un interés creciente por parte de los legisladores para promover la adopción de criptomonedas, reconociendo tanto su potencial de crecimiento como los desafíos que presentan en términos de regulación y seguridad. En New Hampshire, el avance del proyecto de ley HB302 representa uno de los movimientos más significativos en lo que va de 2025 en la agenda relacionada con activos digitales. La Cámara de Representantes aprobó esta propuesta por un margen estrecho, lo que demuestra la controversia y el debate que genera la inclusión de Bitcoin dentro de los fondos estatales.
Este proyecto no solo permite que el tesorero estatal invierta hasta un 10% del fondo general y otros fondos aprobados en Bitcoin y metales preciosos, sino que también establece criterios claros para la custodia segura de estos activos, un aspecto fundamental para evitar riesgos y vulnerabilidades. Un elemento clave de la ley es que limita las inversiones a criptomonedas con una capitalización de mercado superior a los 500 mil millones de dólares, condición que actualmente solo cumple Bitcoin. Esta restricción contribuye a asegurar que las inversiones estatales se realicen en activos con una alta liquidez y estabilidad relativa en comparación con otras criptomonedas del mercado, que suelen presentar mayor volatilidad. La inclusión de metales preciosos también sugiere un enfoque diversificado para la reserva, sumando un elemento tradicional de seguridad financiera junto con las nuevas tecnologías digitales. El estado de New Hampshire, con un patrimonio estatal aproximado de 3.
6 mil millones de dólares, podría destinar alrededor de 181 millones a estos activos bajo las directrices contempladas en el proyecto de ley. Se destaca que New Hampshire se convierte así en el cuarto estado en aprobar por lo menos en una cámara un proyecto de ley relacionado con la reserva de Bitcoin, uniéndose a Arizona, Texas y Oklahoma. La evolución del proyecto hacia la aprobación final depende ahora del Senado estatal y, en última instancia, del gobernador Kelly Ayotte. Adicionalmente, existen otros proyectos de ley relacionados con la tecnología blockchain que están siendo considerados por los legisladores de New Hampshire. El HB310 se enfoca en los stablecoins y la tokenización de activos del mundo real, mientras que el HB639 plantea regulaciones más amplias para la tecnología blockchain, incluyendo mecanismos para la resolución de disputas.
Estas iniciativas complementan el enfoque del estado en la regulación y adopción responsable de tecnologías financieras emergentes. En Florida, la legislación de reserva de Bitcoin también ha mostrado avances significativos. El proyecto HB487 fue aprobado unánimemente por el Comité de Seguros y Banca de la Cámara de Representantes, marcando un paso importante para la inclusión de Bitcoin dentro de las inversiones estatales. Aunque aún debe pasar por otros comités antes de considerarse en sesión plenaria, el apoyo recibido genera expectativas positivas acerca de su eventual aprobación. La propuesta permite que el Oficial Financiero Principal y la Junta de Administración del Estado inviertan hasta un 10% de ciertos fondos estatales, como el Fondo de Estabilización del Presupuesto y el Fondo General de Ingresos, en Bitcoin.
Los métodos de inversión contemplados incluyen la compra directa de Bitcoin o a través de productos cotizados en bolsa (ETPs), ofreciendo flexibilidad para el manejo y diversificación de las inversiones. El patrocinador del proyecto, el representante republicano Webster Barnaby, destacó la importancia de esta iniciativa para posicionar a Florida a la vanguardia de la tecnología emergente. Su enfoque apunta a que el estado no solo aproveche las oportunidades financieras que ofrece Bitcoin, sino que también lidere en la implementación segura y regulada de criptomonedas en el sector público. La adopción de estos proyectos de ley en Florida y New Hampshire contribuye a un movimiento nacional más amplio. Hasta la fecha, se han presentado al menos 47 propuestas relacionadas con reservas de Bitcoin en 26 estados.
Arizona continúa siendo un ejemplo destacado con la presentación y aprobación preliminar de varios proyectos que buscan crear una reserva oficial de Bitcoin, incluyendo medidas que protegen a individuos que minan Bitcoin o operan nodos de blockchain desde sus hogares. Este entorno legislativo dinámico refleja la creciente aceptación institucional de las criptomonedas, una tendencia que podría redefinir la relación entre los entes públicos y los activos digitales. Permitir que los estados inviertan en Bitcoin y similares incorpora una dimensión innovadora a la gestión de fondos públicos, que tradicionalmente ha estado dominada por instrumentos financieros convencionales como bonos y acciones. Sin embargo, también es fundamental considerar los riesgos y desafíos asociados con esta transición. Las criptomonedas, a pesar de su potencial, poseen alta volatilidad y están sujetas a cambios regulatorios tanto a nivel estatal como federal.
Las leyes que contemplan inversiones en Bitcoin deben adoptar medidas rigurosas para garantizar la custodia segura de los activos y la transparencia en su manejo, evitando así posibles pérdidas o controversias. La experiencia de New Hampshire y Florida puede servir como modelo para otros estados que contemplan seguir esta ruta. Establecer límites claros, criterios precisos para las inversiones y protocolos de seguridad robustos será clave para fomentar la confianza y asegurar que estas iniciativas contribuyan de manera positiva a la estabilidad financiera pública. En conclusión, la progresión de las leyes de reserva de Bitcoin en New Hampshire y Florida demuestra un notable cambio en el panorama regulatorio y financiero estadounidense. La inclusión de Bitcoin como parte de las reservas estatales refleja una adaptación a la economía digital y una apertura hacia la innovación tecnológica, la cual podría ofrecer beneficios significativos en términos de diversificación de portafolios y aprovechamiento de nuevas oportunidades económicas.
A medida que estas legislaciones avanzan, será imprescindible observar cómo se equilibran las oportunidades con los mecanismos de protección y control para construir un marco sostenible y seguro para la inversión pública en criptomonedas.
