La estrategia de la Unión Europea para fortalecer su producción de microchips ha sido calificada como “profundamente desconectada de la realidad” por el Tribunal de Cuentas Europeo (ECA), organismo encargado de auditar la gestión financiera y el cumplimiento de políticas de la UE. Este severo informe ha puesto en evidencia las dificultades que enfrenta el bloque para alcanzar su ambicioso objetivo planteado para 2030: producir el 20% de los chips semiconductores a nivel mundial. Los microchips son un componente esencial en la tecnología moderna, presentes en sectores clave como la defensa, las energías renovables, la inteligencia artificial y la automoción. Su demanda global crece rápidamente debido a la digitalización y la innovación continua, lo que genera una presión enorme sobre las capacidades productivas y las cadenas de suministro. Una crisis de abastecimiento puede afectar gravemente la industria, como ocurrió tras la pandemia de COVID-19, que desencadenó una escasez mundial que impactó incluso a la industria automotriz alemana, reduciendo su producción a niveles de hace casi 50 años.
La UE busca reducir su dependencia de proveedores externos, especialmente ante el contexto geopolítico actual donde la globalización tecnológica ha dejado expuestas vulnerabilidades. Las tensiones comerciales y los posibles aranceles, como los amenazados por Estados Unidos sobre chips importados, junto con la concentración de la fabricación en Asia, amenazan la seguridad de suministro europeo. En este entorno, la estrategia de la UE apunta a fortalecer su autonomía tecnológica y económica mediante la inversión en fabricación local y el desarrollo de un ecosistema competitivo dentro del continente. Sin embargo, el informe del ECA revela que los planes de la UE se basan en expectativas poco realistas. La fragmentación actual del financiamiento, disperso entre numerosos esquemas y regímenes fiscales nacionales variados, limita la eficacia del apoyo económico al sector.
La UE no cuenta con una coordinación efectiva para movilizar y canalizar inversiones de manera estratégica, lo que diluye el impacto de los fondos asignados y pone en riesgo la consecución de los objetivos. Además, la competencia global en la industria de semiconductores es feroz, con actores como Taiwán, Corea del Sur, Estados Unidos y China invirtiendo miles de millones de dólares en innovación y ampliación de capacidad productiva. Solo entre 2020 y 2023, las grandes compañías como Samsung, Intel y Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) han presupuestado más de 400 mil millones de dólares en inversiones, superando ampliamente el objetivo de inversión de 86 mil millones de euros planteado por la UE para 2030. La apuesta europea recibió un impulso con la aprobación del Chips Act en 2022, legislación destinada a sentar las bases para aumentar la producción local de microchips y reducir la dependencia exterior. Este acto legal entró en vigor en 2023 y contempla incentivos financieros, ayudas públicas y medidas regulatorias para atraer inversiones y estimular la innovación.
No obstante, el Tribunal de Cuentas advirtió que dicho marco fue elaborado con urgencia, sin un mandato claro para coordinar las inversiones nacionales, limitando así su eficacia colectiva. Un caso ilustrativo de las dificultades que enfrenta el bloque es el megaproyecto anunciado por Intel para construir una planta en Magdeburgo, Alemania, con una inversión prevista de 30 mil millones de euros, que contó con el respaldo financiero del gobierno alemán. Sin embargo, la empresa pospuso la construcción en septiembre de 2024, señalando la incertidumbre del entorno y la volatilidad del mercado. Esta decisión representa un revés importante para las aspiraciones europeas, evidenciando la dependencia de pocos actores y la fragilidad del ecosistema industrial regional. El Tribunal de Cuentas alertó también sobre la concentración excesiva de los fondos en un número limitado de empresas, lo que puede generar un efecto dominó negativo si alguno de estos proyectos se cancela o retrasa.
La falta de una base industrial más diversificada y de un tejido empresarial robusto desafíos serios que el bloque necesita afrontar para competir en el escenario global. China, por su parte, emerge como un competidor decisivo, con pronósticos que indican que podría superar a Taiwán como el mayor fabricante mundial de chips para 2030, con una cuota de mercado del 22%. En contraste, se espera que la producción europea apenas alcance el 8% en su territorio, lo que implica que la UE debe cuadruplicar su capacidad actual para acercarse a sus metas estratégicas. La importancia creciente de los microchips queda reflejada en la complejidad de los dispositivos modernos. Un automóvil promedio contiene aproximadamente 1.
500 microchips, y para 2030, se proyecta que esta cifra se duplique a casi 3.000. Lo mismo ocurre con otros sectores de alta tecnología que demandan componentes cada vez más sofisticados y abundantes, lo que convierte el abastecimiento de semiconductores en un factor crítico para el desarrollo industrial y la soberanía tecnológica. En respuesta a las críticas, las autoridades europeas enfatizan que el Chips Act ha logrado catalizar inversiones próximas a los 80 mil millones de euros y ha sentado los cimientos para revitalizar la presencia industrial de la UE en un mercado global que había declinado durante dos décadas. La Comisión Europea sostiene que el plan recupera la senda del crecimiento y fortalece la resiliencia europea frente a las cambiantes dinámicas internacionales.