En un momento crucial para la industria de las finanzas descentralizadas (DeFi), un grupo prominente en el ámbito cripto ha elevado una petición al expresidente Donald Trump, solicitando su intervención para frenar la persecución judicial contra desarrolladores de software en el sector. La petición centra su atención en Roman Storm, cofundador del servicio de mixing de criptomonedas Tornado Cash, quien enfrenta cargos relacionados con lavado de dinero y demás acusaciones legales que han generado gran controversia dentro de la comunidad. La petición fue realizada por la DeFi Education Fund, una organización dedicada a la promoción y defensa de tecnologías descentralizadas, en una misiva dirigida directamente a David Sacks, considerado el 'crypto czar' en la administración de Trump. El documento insta a Trump a tomar medidas rápidas para terminar la campaña llevada a cabo durante la era Biden, que se ha caracterizado por la criminalización de desarrolladores de código abierto, algo que el grupo califica como “ilegal” y perjudicial para el futuro tecnológico y económico de Estados Unidos. Roman Storm fue acusado en agosto de 2023 por supuestamente facilitar el lavado de más de mil millones de dólares a través de Tornado Cash, una plataforma que ofrece anonimato en transacciones cripto y que hasta ahora había facilitado la privacidad de miles de usuarios.
Sin embargo, el juicio de Storm aún está pendiente para julio, mientras que otro cofundador, Roman Semenov, permanece fugitivo y se cree que está refugiado en Rusia, lo que complica la situación. Según la DeFi Education Fund, el Departamento de Justicia está incorrectamente intentando responsabilizar penalmente a desarrolladores por el uso que terceros hagan de sus códigos. Esto, argumentan, no sólo resulta absurdo desde el punto de vista legal, sino que también establece un peligroso precedente que podría desincentivar el desarrollo tecnológico cripto en todo el territorio estadounidense. Además, la organización citó una normativa emitida durante el primer mandato de Trump por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), que reconocía que los desarrolladores de protocolos peer-to-peer y autogestionados no deben ser considerados transmisores de dinero. Este reconocimiento oficial choca directamente con las acciones del Departamento de Justicia, que según los defensores del sector, están creando un entorno legal adverso que amenaza con congelar la innovación y promover una aplicación de la ley motivada políticamente.
Otro punto que destacaron fue la reciente decisión de un tribunal federal en Texas que determinó que el Tesoro de Estados Unidos excedió sus facultades al imponer sanciones contra Tornado Cash, lo que le dio un importante espaldarazo a los defensores de la tecnología de privacidad cripto y añadió más peso a la petición realizada a Trump. El llamado a la acción también reafirma el compromiso de Donald Trump con la industria criptográfica, recordando su ambición de convertir a Estados Unidos en la “capital cripto del planeta”. Sin embargo, señalan que tal objetivo es imposible de alcanzar si los desarrolladores continúan siendo blanco de procesos legales que obstaculizan la creación de herramientas esenciales para este ecosistema. La petición firmada por destacados nombres de la industria, incluyendo cofundadores de empresas reconocidas como Coinbase, Paradigm y destacados desarrolladores de Ethereum, además de otros líderes influyentes, sumó más de 230 apoyos hasta el momento. La iniciativa subraya la urgente necesidad de brindar protección a los desarrolladores estadounidenses, aclarar el marco legal y detener lo que consideran una excesiva y perjudicial intervención del Departamento de Justicia.
Jake Chervinsky, director legal de Variant Fund y una voz autorizada en los asuntos regulatorios del mundo cripto, calificó las acciones legales contra Roman Storm como un vestigio desactualizado de la administración Biden y argumentó que no existe fundamento legal ni de política pública que sustente la persecución penal de desarrolladores que lanzan protocolos inteligentes no custodiales. Esta controversia resalta un dilema fundamental entre la innovación tecnológica y la reglamentación gubernamental. Mientras que ciertos organismos reguladores buscan controlar el uso potencialmente ilícito de tecnologías como Tornado Cash, importantes actores y defensores de la descentralización insisten en la necesidad de separar la responsabilidad de los desarrolladores del uso indebido que terceros puedan darle a estas plataformas. La situación de Roman Storm y Tornado Cash es emblemática de los retos que enfrenta el ecosistema cripto para garantizar un entorno regulatorio justo, seguro y que no limite la creatividad y el progreso. Los desarrolladores temen que sentar un precedente con esta clase de juicios pueda paralizar las iniciativas innovadoras y alejar a Estados Unidos de la vanguardia en la revolución blockchain.
