En un contexto donde el mercado de las criptomonedas sigue ganando protagonismo a nivel mundial, Estados Unidos se prepara para dar un paso importante mediante un nuevo borrador de ley que podría transformar la forma en que grandes empresas influyen en el ecosistema cripto. Bajo el nombre “Digital Asset Market Structure Discussion Draft”, este proyecto fue presentado por republicanos en la Cámara de Representantes el 5 de mayo de 2025, y entraña un enfoque más democrático y reglamentado para la industria digital de activos. El corazón de la propuesta reside en un cambio significativo respecto a normativas previas, como la Financial Innovation and Technology for the 21st Century Act (FIT21). La nueva legislación reduce considerablemente el umbral que define a una persona afiliada a un proyecto cripto, delimitándolo a la tenencia de más del 1% del total de tokens emitidos. En FAT21 ese porcentaje era del 5%, y esta reducción podría limitar el control residual que grandes actores poseen dentro de algunos ecosistemas digitales.
Para entender la relevancia de este cambio basta con considerar cómo muchas firmas grandes han acumulado influencia no solo financiera, sino también en términos de gobernanza sobre protocolos o proyectos basados en blockchain. Al implementar esta restricción, el proyecto de ley procura un espacio más abierto para actores más pequeños, promoviendo lo que ejecutivos de Paradigm han descrito como una “democratización” efectiva del ecosistema. Este aspecto es contemplado como una respuesta directa a críticas frecuentes dentro del sector, que apuntan a una concentración excesiva del poder y la toma de decisiones en pocas manos, lo que podría ir en detrimento de la innovación, la competencia y la diversidad dentro del mercado digital de activos. Además, el proyecto establece una definición clara para lo que se considera un “sistema blockchain maduro”. Según la propuesta legislativa, un sistema alcanzaría esta categoría cuando ni el proyecto ni su activo digital relacionado estén bajo un “control común” de una persona o grupo específico.
Este concepto refleja la importancia de la verdadera descentralización como criterio para ciertos beneficios regulatorios dentro del entorno digital, promoviendo así un ecosistema más equitativo y competitivo. En materia regulatoria, el borrador asigna la responsabilidad principal a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), encargada de supervisar las actividades relacionadas con los criptoactivos hasta que alcancen niveles satisfactorios de descentralización. Esta supervisión incluye actividades que comúnmente se consideraban ambiguas para la autoridad, y ahora contarán con un marco más definido y claro. El documento también aborda la regulación del ámbito de las finanzas descentralizadas (DeFi), destacando que los protocolos que permiten a los usuarios realizar transacciones financieras «de manera autodirigida» estarían exentos de registrarse como corredores o distribuidores de productos derivados digitales. Esto mantiene un equilibrio al proteger la innovación propia de DeFi sin desatender la necesidad de controles adecuados que salvaguarden los intereses del mercado y de los usuarios.
Un cambio importante de la legislación está en la forma en que identifica los “activos digitales” o “commodities digitales”. La propuesta introduce la terminología “investment contract assets” para distinguir su tratamiento respecto a activos tradicionales como acciones, especialmente bajo criterios derivados de la conocida prueba de Howey. Este enfoque busca evitar la confusión legal que ha generado incertidumbre en inversores y reguladores durante años, asegurando que ciertas transacciones y activos no sean regulados automáticamente como valores, a menos que transmitan derechos económicos o de propiedad directa sobre las empresas emisoras. El impacto esperado es doble. Primero, las firmas del sector contarán con un camino claro para recaudar fondos bajo la supervisión directa de la SEC, lo cual puede incrementar la confianza en el marco regulatorio estadounidense y atraer inversiones.
Segundo, permitirá que los activos digitales puedan registrarse ante la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), con procedimientos comunes para mantener la integridad del mercado y establecer pautas en caso de que determinados activos dejen de cumplir con las normas establecidas. La propuesta es vista como una oportunidad única para modernizar la infraestructura financiera estadounidense y fortalecer el posicionamiento del dólar como moneda de referencia global. Representantes como Dusty Johnson, presidente del subcomité sobre mercados de productos básicos y activos digitales, han resaltado la necesidad de un régimen regulatorio sensato que haga de Estados Unidos un centro neurálgico para la inversión y la innovación en activos digitales. Esto contrasta con las políticas adoptadas durante la administración anterior y bajo la dirección del presidente de la SEC, Gary Gensler, cuyas medidas se caracterizaron por un enfoque regulatorio basado en la ejecución y sanción constante, generando incertidumbre y llevando a muchas firmas a trasladar operaciones al extranjero en búsqueda de marcos regulatorios más claros y estables. A pesar del impulso republicano, la iniciativa ha encontrado resistencia política.
Por ejemplo, la representante Maxine Waters tiene previsto bloquear un evento clave que abordaría el borrador, reflejando diferencias dentro del Congreso sobre cómo deben abordarse las políticas cripto en un país dividido políticamente. Este conflicto interno podría atrasar la implementación de las reformas, aunque la necesidad de un marco legal claro y actualizado sigue siendo una prioridad para la industria y los inversores. En términos más amplios, el proyecto apunta a consolidar al sector cripto en Estados Unidos, evitando su fragmentación hacia otras jurisdicciones más laxas. La claridad en el marco legal, la reducción del dominio de grandes actores y la promoción de la descentralización no solo podrían fomentar un mercado más justo, sino también incentivar la innovación tecnológica y económica. El avance hacia una regulación específica para activos digitales es un reflejo del reconocimiento por parte de autoridades y legisladores de que las criptomonedas y tecnologías basadas en blockchain no pueden seguir estando fuera del ámbito normativo o en un limbo jurídico que limite su crecimiento.
