En un giro inesperado dentro del panorama regulatorio estadounidense, Florida ha decidido poner en pausa indefinida y retirar de la consideración dos proyectos legislativos clave que buscaban establecer una reserva estratégica de Bitcoin para el estado. Las propuestas, conocidas como House Bill 487 y Senate Bill 550, pretendían permitir que ciertos fondos públicos de Florida pudieran destinar hasta un 10% a inversiones en Bitcoin, la criptomoneda más prominente y con mayor capitalización de mercado. Sin embargo, tras el cierre de la sesión legislativa el 2 de mayo de 2025, estos proyectos quedaron fuera de la agenda, marcando un retroceso para uno de los estados que más impulso había mostrado hacia la adopción de criptomonedas a nivel gubernamental. La decisión de Florida se da en un contexto donde varios estados de Estados Unidos han experimentado retrocesos similares, con proyectos análogos fallando en aprobarse en lugares tan diversos como Wyoming, Dakota del Sur, Dakota del Norte, Pensilvania, Montana y Oklahoma. Esta tendencia refleja un cierto escepticismo que persiste en varios sectores gubernamentales sobre la incorporación de activos digitales en las carteras financieras estatales.
La idea de que los gobiernos estatales puedan administrar reservas en Bitcoin surge de la creciente legitimidad y aceptación que ha alcanzado la criptomoneda en los últimos años. Cuando los primeros proyectos de ley de este tipo comenzaron a circular, expertos y defensores de las criptomonedas vieron en ellos una oportunidad para que los estados diversificaran sus carteras de inversión y aprovecharan la valorización histórica de Bitcoin. Proyectos como el HB 487 habrían facultado al Director Financiero de Florida y a la Junta Estatal de Administración para asignar una parte del presupuesto estatal en Bitcoin, lo que podría traducirse en ganancias significativas para el erario público a largo plazo. Sin embargo, junto con las potenciales ventajas, estas iniciativas también planteaban riesgos considerables. La volatilidad intrínseca de las criptomonedas, que pueden experimentar fluctuaciones de doble dígito en cuestión de horas, genera inquietud sobre la estabilidad y seguridad de los fondos estatales.
Además, la falta de regulaciones claras, percepciones negativas sobre la legitimidad de ciertas plataformas y preocupaciones sobre lavado de dinero o actividades ilícitas asociadas a las criptodivisas han hecho que algunos legisladores sean reacios a impulsar tales cambios. Las deliberaciones en Florida también estuvieron marcadas por la ausencia de consenso claro sobre cómo implementar estas reservas digitales sin comprometer la seguridad financiera del estado. Aunque la sesión legislativa extendió su periodo para enfocarse en temas presupuestarios hasta el 6 de junio, la reserva de Bitcoin quedó descartada. Las prioridades legislativas se enfocaron en otros asuntos, desde prohibiciones sobre ciertos tratamientos del agua hasta protecciones para parques estatales y restricciones en el uso de teléfonos inteligentes para los alumnos. En paralelo a la situación en Florida, Arizona emerge como un caso emblemático en la carrera por adoptar reservas estratégicas en Bitcoin a nivel estatal.
Aunque su proyecto de ley HB 1025 fue vetado recientemente por la gobernadora Katie Hobbs, quien calificó a los activos digitales como inversiones “no probadas”, Arizona mantiene otras propuestas en curso que podrían convertirla en la primera entidad estatal en aprobar una reserva pública de criptomonedas. La resistencia de Florida no ha sido bien recibida por la comunidad cripto, que teme que esta falta de compromiso a nivel estatal pueda frenar la adopción e innovación financiera que impulsan las criptomonedas. Personalidades destacadas dentro del sector, como el emprendedor Anthony Pompliano, han criticado la decisión, sosteniendo que los políticos carecen del conocimiento necesario para manejar inversiones en este tipo de activos y que, por lo tanto, sus posturas tienden a limitar el desarrollo tecnológico y económico asociado. Más allá del debate político, esta situación revela un momento de reflexión para el ecosistema cripto en Estados Unidos. La volatilidad del mercado, las recientes caídas en los precios y la imposición de marcos regulatorios más estrictos a nivel federal han reconfigurado la percepción sobre la conveniencia de integrar Bitcoin en los portafolios públicos.
No obstante, la demanda y el interés por las criptomonedas siguen vivos. Estados y municipios continúan explorando vías para incorporar digital assets en sus estrategias financieras, ya sea mediante reservas estratégicas, fondos de innovación tecnológica o mecanismos basados en fondos incautados, como es el caso de algunos proyectos en Arizona. Para entender el alcance de la decisión de Florida, es importante también analizar el impacto que podría tener en la economía estatal y en la confianza de inversores y ciudadanos. La potencial ganancia de un rendimiento superior en inversiones en Bitcoin habría representado un incentivo para diversificar y modernizar la forma en que los estados gestionan sus recursos públicos. Sin embargo, el rechazo a estas iniciativas pone de manifiesto una postura conservadora y de cautela, priorizando la estabilidad financiera tradicional sobre la adopción temprana de activos emergentes.
A nivel internacional, la creación de reservas estratégicas en Bitcoin ha sido objeto de interés en países como El Salvador y otros más pequeños, que han visto en esta cripto una herramienta para impulsar la economía digital e incluso establecer una moneda de curso legal alternativa. La experiencia de estos países, aunque con sus éxitos y desafíos, aporta lecciones valiosas para los estados norteamericanos que consideren seguir el mismo camino. En conclusión, la suspensión indefinida de los proyectos legislativos en Florida evidencia la complejidad y las controversias que aún rodean la integración de Bitcoin y otras criptomonedas en la gestión pública. La decisión refleja la necesidad de contar con marcos regulatorios más claros y consensos políticos que balanceen riesgo y oportunidad. Mientras tanto, el debate sobre la conveniencia de crear reservas estatales en activos digitales continúa activo en otros estados y a nivel nacional, marcando un punto de inflexión para el futuro de las inversiones públicas en la era digital.
La atención se centra ahora en Arizona, que sigue avanzando con propuestas innovadoras, y en cómo otras jurisdicciones responderán ante esta nueva realidad financiera y tecnológica que las criptomonedas representan.
