El universo de las criptomonedas, un sector que ha experimentado un crecimiento vertiginoso en la última década, se enfrenta en 2025 a un desafío político que podría ralentizar su regulación en Estados Unidos. Este obstáculo surge principalmente debido a las vínculos del expresidente Donald Trump con ciertos proyectos cripto, generando recelos entre sus aliados demócratas en el Congreso y retrasando la aprobación de legislación clave. Desde hace varios meses, el Senado estadounidense ha trabajado en la llamada Ley GENIUS (Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins of 2025), una propuesta normativa que busca establecer un marco claro para la regulación de las stablecoins, esas criptomonedas vinculadas cuyo valor está atado a monedas fiduciarias como el dólar.
La intención es brindar protección legal a los consumidores y facilitar una adopción segura de estos activos digitales. Sin embargo, la conexión directa del expresidente Trump con proyectos vinculados a criptomonedas está enturbiando el camino de esta legislatura. Trump no solo ha manifestado públicamente su interés por el cripto, sino que también se ha involucrado en iniciativas que podrían reportarle beneficios económicos considerables. Tal es el caso de la moneda estable USD1, emitida por World Liberty Financial, una entidad respaldada por la familia Trump y que ha anunciado alianzas con inversores internacionales, entre ellos un fondo de Abu Dhabi. La percepción de que Trump podría estar obteniendo ganancias personales relevantes de estos proyectos ha despertado alarma entre senadores demócratas, que tradicionalmente son aliados para las normativas relacionadas con las criptomonedas.
En especial, figuras como el senador Ruben Gallego, respaldado parcialmente por un super PAC cripto conocido como Fairshake, han expresado su reluctancia a avanzar en la aprobación del proyecto de stablecoins sin que se aborden ciertas preocupaciones. Estas incluyen demandas para fortalecer mecanismos contra el lavado de dinero, controles sobre emisores extranjeros, salvaguardas para la seguridad nacional y garantías en torno a la responsabilidad de entidades que incumplan las normas. Este freno legislativo no es simplemente una cuestión de políticas aisladas; tiene implicaciones que podrían extenderse a futuras leyes que regulen la estructura del mercado cripto en Estados Unidos. Por ejemplo, existe una legislación pendiente que busca definir con mayor claridad el rol de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) sobre las actividades relacionadas con criptomonedas. Si la ley sobre stablecoins se estanca, el progreso de esta ley de estructura de mercado también podría verse afectado, generando incertidumbre legal y retrasos en la regulación amplia del sector.
Lo que agrava esta situación es la división existente dentro del propio partido demócrata y las discusiones en privado que señalan a los liderazgos legislativos para no avanzar hasta aclarar la situación con Trump y sus intereses cripto. El líder minoritario en el Senado, Chuck Schumer, habría advertido a sus colegas en reuniones internas sobre la necesidad de retener el apoyo hasta que se resuelvan estas preocupaciones. En el ámbito público, senadores como Elizabeth Warren han sido particularmente contundentes, acusando que ciertas negociaciones vinculadas a Trump facilitan la corrupción y han solicitado investigaciones oficiales sobre acuerdos cuestionados. Además, en la Cámara de Representantes, la resistencia al avance de las regulaciones cripto se manifiesta también a través de acciones como la del congresista Maxine Waters, que ha asumido un papel de bloqueo en audiencias conjuntas sobre estructura de mercado, un reflejo más de la fractura política que afecta la legislación cripto en general. No obstante, el panorama no es del todo negativo para la industria cripto.
Preocupados por la ralentización, varios grupos de presión y asociaciones de la industria han emitido comunicados conjurados pidiendo a los legisladores avanzar con celeridad en la discusión y aprobación del marco regulatorio. Organizaciones como Blockchain Association, Crypto Council for Innovation y Digital Chamber resaltan la importancia de estas regulaciones para mantener el liderazgo estadounidense en la economía digital y promover la innovación. Este tira y afloja entre fuerzas políticas, actores industriales y figuras con intereses personales añade complejidad a un momento clave para la evolución del ecosistema de las criptomonedas. La falta de un marco regulatorio claro puede afectar no sólo la confianza del consumidor, sino también la competitividad internacional de Estados Unidos frente a países como China, que ya han adoptado medidas más decididas para integrar activos digitales en sus sistemas financieros. Por otro lado, las fluctuaciones recientes en los precios de los activos digitales están marcadas por la volatilidad y las incertidumbres políticas.
Indicadores como Bitcoin y Ethereum registran correcciones significativas, mientras que los activos vinculados a proyectos asociados con Trump y su familia también enfrentan variaciones relevantes. Esto refleja el impacto que la política puede tener sobre la percepción y dinámica del mercado cripto. En términos más amplios, la situación pone sobre la mesa interrogantes acerca de la influencia que pueden tener figuras públicas con intereses económicos en sectores emergentes, y cómo eso repercute en la formación de políticas públicas. La disputa en el Senado estadounidense es un ejemplo clásico de cómo factores externos a la regulación técnica, como los conflictos políticos y económicos, pueden impedir avances en leyes que buscan proteger a los usuarios y asegurar la estabilidad del sistema financiero. Frente a estos desafíos, la industria cripto y sus defensores deben navegar cuidadosamente las aguas de la política estadounidense, buscando alianzas transversales y promoviendo un diálogo constructivo para separar los intereses personales de las metas normativas comunes.
De cara a los próximos meses, será fundamental observar las negociaciones internas en el Congreso, así como las posibles investigaciones oficiales a los enlaces familiares de Trump con el sector cripto. Se espera que, a pesar de la resistencia actual, el fuerte lobby y la importancia estratégica del sector digital impulsen eventualmente a una resolución favorable, aunque el calendario legislativo podría sufrir retrasos que afecten la expansión y adopción segura de las criptodivisas en el mercado estadounidense. En definitiva, la dinámica política vinculada al expresidente Trump ha puesto un freno temporal en la legislación esencial para el sector de las criptomonedas en Estados Unidos, generando inquietud en industriales, inversores y usuarios. El desenlace de esta disputa será determinante para definir el rumbo regulatorio y la posición de Estados Unidos como actor principal en la esfera del dinero digital a nivel global.
