El colapso de FTX, uno de los mayores escándalos en la historia de las criptomonedas, cuyo impacto todavía resuena en los mercados financieros globales, continúa generando consecuencias legales para todas las partes involucradas. En un desarrollo reciente que ha captado la atención del sector financiero y tecnológico, la firma auditora que evaluó las finanzas de FTX ha acordado un pago de casi dos millones de dólares para resolver cargos de negligencia presentados por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, conocida como SEC. Esta resolución evidencia los errores críticos cometidos en la auditoría de la plataforma antes de la caída que dejó a miles de clientes afectados y millones de dólares desaparecidos. Prager Metis, la firma con sede en Nueva York que realizó las auditorías para FTX en julio de 2021 y abril de 2022, aceptó pagar una multa civil de 1.75 millones de dólares y la devolución de beneficios obtenidos junto con intereses.
Sin embargo, la empresa no admitió ni negó haber cometido irregularidades. La controversia gira en torno a la forma en que Prager Metis certificó que las auditorías cumplían con los estándares de auditoría generalmente aceptados (GAAS), a pesar de evidenciar un profundo desconocimiento sobre la estructura operativa de FTX y su compleja relación con Alameda Research, el fondo de cobertura dirigido por Sam Bankman-Fried, fundador de FTX. La SEC destacó que el socio principal de Prager Metis encargado de las auditorías "fundamentalmente no entendía FTX ni el mercado de activos digitales en el que operaba". Esta falta de comprensión se tradujo en informes y certificados que no reflejaban la verdadera situación financiera de la plataforma. La información errónea proporcionada por la auditoría contribuyó a la percepción pública de que FTX era una empresa solvente y regulada, cuando en realidad estaba envuelta en prácticas fraudulentas.
Esto privó a los clientes y a los inversores de las protecciones esenciales que un correcto proceso de auditoría debería garantizar. El fragor de la crisis financiera y legal generada por el colapso de FTX es consecuencia directa de las decisiones financieras imprudentes y actos de fraude atribuidos a Bankman-Fried y su equipo. Se estima que Bankman-Fried desvió aproximadamente 8 mil millones de dólares de los fondos de los clientes para cubrir pérdidas del fondo Alameda, situación que fue ocultada a auditores, inversores y reguladores. Tras el colapso en noviembre de 2022, FTX se declaró en bancarrota, dejando a miles de usuarios y acreedores en incertidumbre. La SEC, a través de su jefe de aplicación Gurbir Grewal, explicó que la actuación negligente de Prager Metis en las auditorías fue una de las causas por las que tantas personas fueron defraudadas y sufrieron pérdidas multimillonarias.
Grewal enfatizó que la auditoría debe ofrecer protección y transparencia a los inversores, y cuando esta falla, las consecuencias pueden ser catastróficas. La multa impuesta a Prager Metis no solo busca castigar a esa firma, sino también enviar un mensaje a la industria de la auditoría sobre la importancia de entender profundamente al cliente y el contexto en el que este opera, especialmente en sectores tan novedosos como las criptomonedas. Además de los problemas relacionados directamente con FTX, Prager Metis acordó resolver cargos adicionales por violaciones a las reglas de independencia del auditor en relaciones con otros clientes desde 2017 hasta 2020. Estas infracciones reflejan una falta de distanciamiento profesional y ética que puede afectar la imparcialidad y la objetividad de las auditorías. Aunque estos casos fueron tratados conjuntamente en el acuerdo, la atención pública se centra principalmente en la negligencia en el caso FTX, dada la magnitud del colapso y el impacto global que generó.
La crisis de FTX también ha puesto en relieve los desafíos regulatorios y de supervisión que enfrenta la economía digital y las finanzas descentralizadas. Las criptomonedas y las plataformas basadas en blockchain operan en un entorno que aún carece de una regulación robusta y estandarizada a nivel global, lo cual facilita que prácticas fraudulentas o negligentes pasen desapercibidas hasta que es demasiado tarde. En este contexto, la función del auditor adquiere un papel crucial para garantizar que las empresas cumplan con las normas y para brindar confianza a los inversores. El caso de Prager Metis ha generado debate en la comunidad financiera sobre la necesidad de que las firmas de auditoría actualicen y profundicen su conocimiento en tecnología financiera y criptoactivos. El entorno cripto, altamente volátil y complejo, requiere pericia y comprensión especializada para evaluar riesgos y validar la información financiera.
La ausencia de esta especialización puede conducir, como ocurrió, a graves fallos de supervisión que tienen consecuencias devastadoras para múltiples partes interesadas. Por su parte, Sam Bankman-Fried enfrenta aún procesos legales relacionados con su rol en el fraude masivo cometido con FTX. Actualmente apela una condena que implica una sentencia de 25 años de prisión, mientras que su exnovia y ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, se declaró culpable y coopera con la justicia para mitigar su sentencia. El desenlace judicial de estos casos marcará un precedente en la forma en que se investigan y sancionan los delitos financieros vinculados con criptomonedas. Las repercusiones del colapso de FTX seguirán moldeando el panorama del sector cripto y la regulación financiera en los próximos años.
