El gigantesco apagón que sufrió España y Portugal a finales de abril de 2025 se ha convertido en uno de los acontecimientos más disruptivos en la historia reciente de la península ibérica. Cerca de 60 millones de personas quedaron afectadas por un corte generalizado de electricidad que dejó a ciudades enteras sin luz, detuvo trenes, paralizó servicios esenciales y generó caos en aeropuertos y bancos. Detrás de esta crisis energética, la causa principal apunta a fallos graves en varias plantas solares ubicadas en el suroeste de España, un hecho que abrió un debate intenso sobre la fiabilidad de las energías renovables y la gestión del sistema eléctrico en la transición hacia un futuro sostenible. La empresa Red Eléctrica de España (REE), encargada de operar la red nacional de electricidad, informó que la desconexión repentina de plantas solares provocó una pérdida abrupta de aproximadamente 15 gigavatios de suministro, equivalente a más de la mitad de la demanda en ese momento. Esta caída colosal en la generación produjo una inestabilidad tal que afectó la interconexión eléctrica con Francia y desencadenó el apagón que se extendió también a Portugal y, de manera más leve, al suroeste de Francia y Marruecos.
Este evento expuso las vulnerabilidades inherentes a un sistema eléctrico altamente dependiente de fuentes renovables intermitentes como la solar y eólica. Aunque el impulso hacia energías limpias es vital para cumplir con los objetivos de descarbonización y meta net zero, la integración masiva de estos recursos presenta retos significativos en términos de estabilidad y seguridad del suministro. De hecho, ya en febrero, REE había alertado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre riesgos a corto plazo relacionados con posibles desconexiones por la alta penetración de renovables durante las horas centrales del día, momento en que la producción solar alcanza su pico. El primer ministro Pedro Sánchez, quien ha defendido con firmeza la transición energética y la reducción progresiva del uso de combustibles fósiles, negó que el apagón estuviese causado por un exceso de energía renovable. Aseguró que la demanda durante el evento era relativamente baja y que la oferta eléctrica era suficiente, y responsabilizó a las compañías privadas de tener que asumir una mayor responsabilidad para evitar que incidentes similares se repitan.
Su gobierno ha establecido una comisión de investigación para analizar a fondo las causas técnicas y operativas del apagón, con el compromiso de implementar todas las medidas necesarias para proteger la infraestructura energética del país. La oposición, principalmente representada por el Partido Popular, criticó la gestión de la crisis y la comunicación pública del Gobierno, acusándolo de falta de transparencia y de no ofrecer información precisa durante las horas posteriores al apagón. También rechazaron la versión oficial que descartaba un ciberataque como causa, exigiendo una investigación exhaustiva dado que la mayoría de infraestructuras críticas en Europa han sido objetivo frecuente de ataques digitales en los últimos años. Por su parte, las autoridades portuguesas confirmaron que la interrupción tuvo origen en el sistema eléctrico español, lo que demuestra la fuerte interdependencia energética entre ambas naciones y pone de manifiesto que un fallo en un país puede rápidamente extenderse por toda la región ibérica y más allá. Además del impacto inmediato en la vida cotidiana, el apagón provocó consecuencias trágicas.
En Ourense, una familia falleció debido a la inhalación de monóxido de carbono generado por un generador utilizado tras la caída del suministro, evidenciando la precariedad de algunos establecimientos y la vulnerabilidad de personas con necesidades médicas especiales durante estos eventos. También se reportaron numerosas operaciones de rescate para evacuar a personas atrapadas en ascensores y problemas dispersos en transporte, banca y servicios públicos. Desde el punto de vista tecnológico, la crisis puso en evidencia la necesidad de fortalecer la infraestructura del sistema eléctrico, mejorar los mecanismos de control y coordinación en tiempo real y diversificar las fuentes de energía sin poner en riesgo la estabilidad. Los sistemas basados en generación distribuida, almacenamiento con baterías avanzadas y redes inteligentes (smart grids) son componentes que deberán ser potenciados para mitigar riesgos en el futuro. El apagón sirvió también para cuestionar el calendario y las estrategias de desmantelamiento progresivo de la energía nuclear en España.
Mientras que partidos de derecha, especialmente Vox, atribuyen la crisis a la reducción de capacidad nuclear, el Gobierno defendió que las centrales nucleares siguieron operando como respaldo, apagándose solo por precaución y autónomamente tras la caída del sistema. Este episodio pone en la agenda pública el debate sobre el papel que deben tener estas fuentes en el mix energético durante los próximos años. La interconexión energética con otros países europeos también surgió como un punto clave a mejorar. La capacidad de intercambio bilateral con Francia, aunque sólida, mostró signos de fragilidad ante un colapso tan repentino. En el contexto de transición energética continental, aumentar la regulación, coordinación y capacidades técnicas de estas conexiones es esencial para evitar repeticiones de interrupciones y garantizar un abastecimiento continuo.
Mientras tanto, la sociedad española y portuguesa trabajan en la recuperación tras un apagón que dejó secuelas visibles y que actúa como llamado de atención. La conciliación entre ambiciones ecológicas y la resiliencia energética requiere coordinación entre gobiernos, sector privado, científicos y ciudadanía. Este incidente también enfatiza la importancia de generar confianza en las energías renovables al demostrar que su integración debe ir acompañada por inversión en tecnología, infraestructura y protocolos de emergencia efectivos. En conclusión, el apagón del 2025 pone sobre la mesa los desafíos de una transición energética rápida y completa. La falla en plantas solares y su impacto en el suministro nacional evidencian que la sostenibilidad debe ser compatible con la seguridad y estabilidad del sistema eléctrico.
España enfrenta ahora la oportunidad y el reto de impulsar mejoras integrales en su red energética, garantizando que la apuesta por el futuro verde no comprometa la vida diaria de millones de personas ni la economía nacional. Solo a través de análisis profundos, avances tecnológicos y respuestas coordinadas será posible evitar nuevos apagones históricos y construir un modelo energético resiliente para décadas venideras.
