En una decisión trascendental para el mundo de las finanzas públicas y la adopción de criptomonedas, el estado de Nuevo Hampshire ha dado un paso sin precedentes al convertirse en el primero en Estados Unidos en incluir Bitcoin dentro de las reservas de su tesorería estatal. Esta medida, aprobada formalmente el 6 de mayo de 2025 bajo la firma de la gobernadora Kelly Ayotte mediante la promulgación del Proyecto de Ley de la Cámara 302 (HB 302), marca el inicio de una nueva era para la gestión financiera estatal con un enfoque directo hacia los activos digitales. La legislación establece la creación de la Reserva Estratégica de Bitcoin y Activos Digitales, una iniciativa diseñada para permitir que hasta el 5% de los fondos estatales sean invertidos en activos digitales seleccionados, siempre que superen un capitalización de mercado mínima de 500 mil millones de dólares. En este contexto, Bitcoin emerge como la criptomoneda dominante y única dentro de este umbral, justificando su inclusión en el plan de inversión estatal. Este enfoque prudente y fundamentado en criterios estrictos refleja un esfuerzo por equilibrar la innovación con la seguridad y estabilidad financiera.
Nuevo Hampshire no solo rompe esquemas en cuanto a la inversión en activos digitales, sino que también reformula la manera en que los gobiernos estatales pueden abordar la diversificación y protección de los fondos públicos. La gobernadora Ayotte destacó a través de sus redes sociales que el estado vuelve a posicionarse como pionero a nivel nacional, al aprobar una legislación que permite a la tesorería estatal invertir en criptomonedas, equiparando su valor y su función a otros activos tradicionales como los metales preciosos. Esta nueva normativa no se limita a una mera autorización de inversión, sino que establece un marco robusto para la implementación técnica y legal de la adquisición y custodia de estos activos. Durante los 60 días posteriores a la promulgación de la ley, el departamento de tesorería estatal trabajará en la creación de sistemas especializados que aseguren la correcta administración y protección del Bitcoin. Estos protocolos incluyen la posibilidad de utilizar carteras multifirma gestionadas por el estado o la colaboración con custodios regulados o productos de intercambio aprobados, garantizando así un margen de seguridad adecuado para el manejo de fondos públicos en un entorno digital.
El proyecto de ley HB 302 se basa en un modelo de políticas desarrollado por Satoshi Action, una organización dedicada a promover legislación amigable con Bitcoin en los Estados Unidos. De acuerdo con Dennis Porter, líder de esta entidad, la iniciativa de Nuevo Hampshire es más que un paso legislativo; es un catalizador para un movimiento más amplio que busca demostrar que los gobiernos pueden administrar recibos tributarios con seguridad al mismo tiempo que diversifican su portafolio y se adaptan a la economía digital emergente. La función estabilizadora y antiinflacionaria que puede ofrecer Bitcoin es uno de los argumentos clave detrás del respaldo público y político del proyecto. La concreción de esta ley fue posible gracias al trabajo de varios actores fundamentales en el escenario político y social del estado. El representante Keith Ammon, reconocido seguidor del Bitcoin, impulsó el proyecto inicial en 2022, mientras que Jason Osborne, líder republicano, facilitó su progreso legislativo.
Además, el activismo a nivel comunitario estuvo liderado por Ian Huyett, miembro del Consejo de Blockchain de Nuevo Hampshire, quien fomentó el apoyo popular a la iniciativa. La firma de la gobernadora Ayotte, como primera ejecutiva estatal en respaldar una ley de esta naturaleza, consolidó el posicionamiento histórico de Nuevo Hampshire. Este movimiento estatal se distingue de los intentos federales previos, donde propuestas enfocaban la gestión sobre Bitcoin ya poseído y no en la adquisición directa de criptomonedas como reserva oficial. En contraposición, la ley estatal confiere poder a la tesorería para asignar fondos específicos para la compra de Bitcoin, lo cual redefine cómo puede estructurarse la política financiera pública en la era digital. Diversos analistas y partidarios del proyecto señalan que la creación de reservas estatales en Bitcoin protege a los fondos gubernamentales contra la inflación, la volatilidad económica y posibles crisis del sistema financiero tradicional.
La naturaleza descentralizada y limitada en emisión de Bitcoin se considera un refugio ante funciones inflacionarias que afectan a las monedas fiduciarias. Así, la apuesta de Nuevo Hampshire podría inspirar a otras jurisdicciones a replicar modelos similares, impulsando una tendencia nacional hacia la integración de criptomonedas en las finanzas públicas. Hoy por hoy, Nuevo Hampshire opera de manera pionera con esta reserva digital, pero la expectativa es que numerosas entidades estatales en Estados Unidos sigan su ejemplo en el corto y mediano plazo. La adaptabilidad y regulación que ofrece esta iniciativa podría crear un estándar para que más gobiernos aprovechen los beneficios de los criptoactivos, sin descuidar la seguridad y el cumplimiento normativo. El movimiento también refleja una mayor maduración del ecosistema cripto dentro del sector público, evidenciando una evolución en la percepción no solo entre usuarios y empresas privadas, sino también en organismos gubernamentales.
El respaldo oficial culmina un proceso que combina conocimiento técnico, activismo legislativo y estrategias de diversificación financiera. En suma, la decisión de Nuevo Hampshire representa una combinación de innovación, pragmatismo y visión a futuro en la gestión de recursos estatales. Incorporar Bitcoin en las reservas estatales abre el camino hacia un sistema financiero más inclusivo, dinámico y resistente a las fluctuaciones de la economía mundial. Mientras otros estados observan, el ejemplo de Nuevo Hampshire establece un modelo concreto y aplicable de cómo el dinero digital puede integrarse con responsabilidad y beneficio en la gestión pública. Esta noticia consolida a Nuevo Hampshire no solo como pionero dentro de Estados Unidos, sino como referencia global en gobernanza financiera digital.
Conforme avanza la adopción de Bitcoin a nivel institucional, la discusión sobre su papel en el sector gubernamental se intensificará, y las políticas estatales como la de Nuevo Hampshire funcionarán como importante carta de referencia para quienes buscan modernizar sus herramientas financieras estatales. Con la mirada puesta en el futuro, esta iniciativa demuestra que la convergencia entre tecnología y finanzas públicas es una realidad tangible, donde el Bitcoin no solo es un activo de inversión, sino un componente estratégico para mejorar la estabilidad y sustentabilidad de los fondos públicos en un mundo cada vez más digitalizado.
