Corea del Sur, reconocida por su dinamismo tecnológico y adopción temprana de nuevas tendencias digitales, se encuentra en un momento crucial respecto a la regulación de las criptomonedas. El Partido de Poder Popular (PPP), una de las fuerzas políticas más influyentes del país, ha anunciado un compromiso que podría redefinir por completo la interacción entre las instituciones financieras tradicionales y las plataformas de intercambio de activos digitales. Este compromiso es la eliminación de la controvertida ley bancaria que actualmente limita el funcionamiento de los exchanges de criptomonedas si el candidato del partido gana las próximas elecciones presidenciales del 3 de junio de 2025. La legislación vigente en Corea del Sur ha establecido que los bancos nacionales deben establecer acuerdos exclusivos con los exchanges locales para permitir que estos ofrezcan operaciones de cripto a fiat (moneda fiduciaria). Sin embargo, esta norma ha resultado en un cuello de botella que restringe la competencia, ya que solamente cinco plataformas de intercambio han logrado asegurar este tipo de asociaciones con entidades financieras.
Al ser exclusivo, este mecanismo ha concentrado el mercado, perjudicando especialmente a los exchanges más pequeños y limitando la variedad de opciones para los usuarios. Los efectos de esta regulación no tardaron en manifestarse. Muchos intercambios menores, incapaces de cumplir con los exigentes requisitos bancarios o de obtener alianzas sólidas, cerraron sus operaciones. Otros optaron por restringir sus servicios, permitiendo únicamente transacciones entre criptomonedas, lo que limita considerablemente la liquidez y usabilidad de sus plataformas. Este panorama ha fomentado un monopolio de facto en el mercado cripto surcoreano, dificultando el desarrollo de un ecosistema más diverso y competitivo.
En respuesta a este escenario, el PPP ha declarado que eliminar esta regulación será uno de sus siete compromisos principales para impulsar el crecimiento del sector de activos digitales en Corea. Según la legisladora Park Soo-min, uno de los aspectos más restrictivos del sistema actual es que limita la libertad de los ciudadanos para elegir el banco a través del cual operar con criptomonedas. La normativa, lejos de proteger a los consumidores, ha reforzado monopolios y ha frenado la innovación y competencia dentro del sector. La propuesta del PPP no se limita a la eliminación de la ley bancaria que restringe a los exchanges. Se trata de un paquete amplio de medidas que buscan transformar el ecosistema cripto en Corea del Sur y posicionar al país como un hub de innovación tecnológica y financiera en Asia.
Entre las propuestas adicionales se incluyen el lanzamiento de la operativa corporativa de cripto antes de finales de 2025, la creación de un Comité Especial de Activos Virtuales con reporte directo al Presidente, y la legalización de los ETFs spot de Bitcoin — instrumentos que permitirían a los inversionistas exponerse al Bitcoin de manera regulada y más accesible. El PPP también contempla promover legislación para las ofertas de tokens de seguridad (STO, por sus siglas en inglés), así como implantar regulaciones para las stablecoins que se alineen con estándares globales. Otro punto relevante es la claridad en materia de tributación relacionada con activos digitales, un área que ha sido fuente de incertidumbre para inversores y empresas. Estas medidas no solo reflejan un compromiso por fomentar la innovación, sino también por restaurar la confianza de los inversores en un mercado que ha experimentado volatilidad y desconfianza debido a la regulación y controles rígidos. La claridad normativa y la promoción de la competencia podrían atraer capital extranjero, dinamizar las startups tecnológicas y abrir nuevas oportunidades de empleo.
El contexto político de Corea del Sur añade una capa adicional de interés a esta propuesta. Las elecciones presidenciales del 3 de junio de 2025 serán decisivas para el rumbo del país, y el PPP enfrenta a su principal rival, el Partido Democrático (DP), que actualmente lidera las encuestas con cerca del 47% de intención de voto frente al 35% del PPP. Este escenario electoral ha generado que ambas fuerzas políticas incluyan en sus plataformas promesas relacionadas con las criptomonedas, tratando de captar el interés de votantes jóvenes y tecnológicamente activos. Líderes del DP, como Lee Jae-myung, han manifestado intenciones de reformar el marco regulatorio del sector cripto. También han llegado a proponer la creación de una reserva nacional estratégica de Bitcoin, una iniciativa que podría posicionar de manera innovadora a Corea en el ámbito de activos digitales.
Sin embargo, algunos críticos consideran que tanto el DP como el PPP podrían estar usando esta agenda como un gancho para votos jóvenes más que de una convicción política profunda. Las expectativas para el futuro del mercado cripto en Corea del Sur son altas. En años anteriores, como en los comicios presidenciales de 2022, el tema de las criptomonedas tuvo un papel destacado en las campañas, aunque el gobierno electo de Yoon Suk-yeol no cumplió con varias de sus promesas relacionadas con el sector. Esta historia reciente genera cierto escepticismo, pero la claridad de las propuestas del PPP y la creciente presión del mercado podrían cambiar la dinámica. Desde un punto de vista económico y tecnológico, eliminar la ley bancaria que limita a los exchanges abriría la puerta a una competencia más diversificada dentro del mercado interno.
Nuevos participantes podrían surgir, ofreciendo mejores servicios, más seguridad y diversas alternativas para operar con criptoactivos, lo que colocaría a Corea del Sur en una posición privilegiada para aprovechar la transición hacia un sistema financiero más digitalizado a nivel global. Además, la promoción de productos financieros regulados como los ETFs spot de Bitcoin y la regulación clara para los activos digitales fortalecerían el atractivo de Corea como destino para inversores internacionales. Esto podría incentivar la creación de más empresas relacionadas con blockchain y fintech, generando empleo y fortaleciendo la economía del país. No obstante, la reforma implicaría también retos significativos. La regulación, si bien diseñada para fomentar la innovación, debe mantener un equilibrio cuidadoso para proteger a los consumidores e impedir fraudes o actividades ilícitas que han afectado la reputación del sector cripto mundialmente.
