En un giro significativo dentro de las políticas de seguridad y derechos infantiles en Suecia, el gobierno ha presentado una propuesta que contempla permitir la interceptación telefónica de niños menores de 15 años sin que exista una sospecha concreta de un delito. Esta medida, que rompe con las normativas vigentes, ha generado un intenso debate sobre la protección de los derechos de los menores, la eficacia de las estrategias de prevención del delito y las posibles consecuencias sociales y legales. Actualmente, las leyes suecas prohíben el uso de medidas coercitivas secretas contra menores de 15 años, entendiendo que esta franja etaria no es criminalmente responsable. Sin embargo, el aumento de la participación de niños en actividades delictivas graves, especialmente en el contexto de las bandas criminales, ha motivado al gobierno a revisar esta postura. Según cifras policiales recientes, alrededor de 120 menores de 15 años estuvieron implicados en investigaciones relacionadas con homicidios solo en el último año, un hecho que refleja una problemática creciente que las autoridades desean abordar con mayor contundencia.
El ministro de Justicia, Gunnar Strömmer, representante del Partido Moderado, ha argumentado que la decisión está motivada por la situación social actual y la necesidad de prevenir crímenes graves donde los menores puedan estar involucrados, ya sea como perpetradores o como instrumentos en manos de adultos. Strömmer destaca que la intervención temprana a través de técnicas como la interceptación telefónica puede ayudar a desactivar planes delictivos y desarticular estructuras criminales que utilizan a los niños como piezas clave para sus actividades ilícitas. La propuesta va más allá de recomendaciones previas realizadas por un investigador independiente el otoño anterior. Originalmente, dicho informe sugería que solo la Policía de Seguridad (Säpo) debería tener la facultad de realizar escuchar telefónicas preventivas y solo en casos excepcionales vinculados a delitos particularmente graves, como terrorismo. Sin embargo, el gobierno y el partido Demócratas de Suecia (SD) consideran esencial que la policía común también cuente con esta herramienta para combatir crímenes graves habituales en el entorno de bandas, como homicidios, amenazas serias a la seguridad pública o delitos con armas.
Otra cuestión destacable es la ampliación en la lista de delitos para los cuales los menores investigados puedan ser interceptados telefónicamente. Más allá de los crímenes que conllevan una pena mínima de cuatro años de prisión, la medida abarca también infracciones graves relacionadas con drogas y extorsión, respondiendo a solicitudes concretas de las fuerzas de seguridad. La intención es abarcar los escenarios delictivos donde los niños estén involucrados directa o indirectamente. Frente a las preocupaciones sobre el impacto y alcance real de estas medidas, el gobierno reconoce que la utilización de medidas coercitivas secretas es costosa en términos de recursos y que todavía no existe una estimación precisa de con qué frecuencia se aplicarán a menores. No obstante, Strömmer sostiene que los riesgos de permitir la continuidad de la situación actual —donde la criminalidad juvenil va en aumento y en casos graves involucra a niños— son mayores que los posibles perjuicios derivados de la nueva legislación.
Desde una óptica de derechos humanos y ética, la propuesta ha generado inquietud en diversos sectores sociales y en organismos defensores de la infancia. Muchos argumentan que esta medida puede vulnerar la privacidad y la protección especial que deben tener los menores, especialmente aquellos que no han alcanzado la responsabilidad penal. La interceptación sin una sospecha concreta representa una forma de vigilancia preventiva que podría marcar un precedente peligroso en términos de libertades civiles. Además, se reconoce que los niños son frecuentemente víctimas de la criminalidad organizada, y no solo perpetradores. La línea que separa el bienestar infantil y la intervención policial preventiva se vuelve borrosa cuando se permite una vigilancia tan invasiva sin el debido proceso o sospecha clara.
Esto plantea un desafío para garantizar que los derechos de los menores no sean sacrificados en aras de la seguridad pública. La rapidez con la que el gobierno planea implementar estos cambios es otro punto de debate. Se espera que la legislación entre en vigor a partir del 1 de octubre y que tenga una duración de cinco años, tras los cuales se realizará una evaluación para analizar su efectividad y repercusiones. Para algunos analistas esta prisa podría limitar el espacio para un debate público amplio y para la consideración de alternativas menos invasivas. En términos de contexto internacional, la propuesta sueca resalta un fenómeno global donde las fuerzas policiales y los Estados buscan herramientas tecnológicas que les permitan actuar más rápidamente en la prevención del delito, frente a nuevas modalidades criminales que involucran a menores.
Sin embargo, también refleja un dilema común sobre el equilibrio entre seguridad y derechos individuales, especialmente de poblaciones vulnerables como los niños. Para concluir, la propuesta del gobierno sueco para permitir la interceptación telefónica a menores de 15 años sin sospecha criminal concreta abre un capítulo complejo en la política de seguridad y protección infantil. Sus objetivos claros de prevenir crímenes graves y desarticular redes criminales deben contrastarse con la defensa firme de los derechos fundamentales de los niños. La sociedad sueca y sus legisladores enfrentan el reto de encontrar un equilibrio que garantice tanto la seguridad como la protección y el respeto a la infancia, un debate que seguramente continuará evolucionando a medida que se implementen y evalúen estas nuevas medidas.
