En los últimos años, el Departamento de Educación de Estados Unidos ha experimentado transformaciones profundas bajo la administración del expresidente Donald Trump, cambios que han repercutido gravemente en la defensa y protección de los derechos civiles dentro del sistema educativo. La oficina encargada de velar por la igualdad y combatir la discriminación en las escuelas, conocida como la Oficina de Derechos Civiles (OCR), ha sido objeto de una reestructuración que ha debilitado su capacidad para atender y resolver casos relacionados con discriminación, especialmente aquellos que involucran a estudiantes transgénero. Históricamente, la OCR ha desempeñado un rol fundamental en asegurar que escuelas y universidades cumplan con la Ley de Derechos Civiles de 1964, ayudando a resolver denuncias de racismo, discriminación por género, orientación sexual, discapacidad y más. Con aproximadamente 200 investigaciones mensuales bajo la administración Biden, la oficina funcionaba como una entidad robusta y confiable para aquellos que sufrían injusticias dentro del ámbito escolar. Sin embargo, tras los cambios implementados en la gestión Trump, ese número se redujo drásticamente, con menos de 60 investigaciones concluidas mensualmente y una alarmante tasa de cierre de casos sin investigación detallada.
El fuerte recorte en personal y el cierre de varias oficinas regionales han convertido el proceso de denuncia y seguimiento en una tarea prácticamente imposible para muchos estudiantes y sus familias. Numerosas investigaciones significativas quedaron en pausa o se abandonaron, dejando sin respuesta casos críticos, desde agresiones raciales evidentes hasta acoso y discriminación contra estudiantes con discapacidades. Además, se ha evidenciado un cambio en las prioridades de las investigaciones llevadas a cabo por la OCR. Lejos de abordar problemas sistemáticos de discriminación racial o por discapacidad, la administración decidió enfocar su atención en limitar los derechos de los estudiantes transgénero, especialmente en lo que respecta a su participación en deportes escolares y el uso de baños con base en su identidad de género. Esto se traduce en la apertura de investigaciones dirigidas a escuelas que permiten la participación de atletas transgénero en categorías correspondientes a su identidad, aun cuando dichas denuncias muchas veces no provienen de reclamaciones del público sino que son impulsadas directamente por órdenes de la administración.
Un caso emblemático fue la investigación de escuelas como la Universidad de Maryland y el Wagner College, que permitieron la participación de una atleta transgénero en competencias femeninas de esgrima. La cabeza de la OCR ordenó la apertura de investigaciones especiales y amenazó con sanciones financieras para las instituciones involucradas. Este abordaje representa un cambio radical respecto al enfoque neutral y receptivo que caracterizaba a la OCR en administraciones anteriores. La forma en que se están conduciendo estas investigaciones también ha sido motivo de críticas internas. Documentos filtrados y testimonios de abogados dentro del Departamento de Educación indican que se utiliza un lenguaje ideológicamente cargado, como referirse a estudiantes transgénero en términos biológicos que invisibilizan su identidad y derechos.
Además, se ha creado un equipo especial para acelerar las investigaciones sobre deportes escolares y espacios para un solo sexo, trabajando incluso en coordinación explícita con el Departamento de Justicia para acelerar sanciones, un procedimiento que no se había visto en administraciones previas. Paralelamente, la administración ha lanzado portales y herramientas exclusivas para recibir denuncias contra iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), canalizando estos reclamos fuera del sistema tradicional de recepción de denuncias. Esta estrategia aumenta el control político sobre qué casos se priorizan y cómo se investigan, reduciendo la transparencia y participación de los expertos legales en derechos civiles dentro del Departamento. Un aspecto particularmente grave es la reversión de acuerdos y supervisiones que previamente protegían a grupos vulnerables. Un ejemplo claro es el retiro del convenio con las escuelas de Rapid City en Dakota del Sur, tras un acuerdo que buscaba erradicar la desigualdad en la disciplina de estudiantes nativos americanos frente a estudiantes blancos.
La nueva interpretación del departamento sostiene que los esfuerzos de equidad y diversidad discriminan contra estudiantes blancos, un argumento que ignora el contexto histórico y social de las desigualdades. Estas medidas no han quedado sin respuesta. Comunidades escolares, organizaciones civiles y gobiernos estatales han interpuesto múltiples demandas judiciales para detener o revertir las acciones de la administración en este ámbito. Entre las entidades que han presentado demandas se encuentran el NAACP, la Federación Nacional de Maestros y diversas coaliciones de defensa de estudiantes y padres de familia. Estas demandas señalan la «abandono» del Departamento de Educación a sus funciones fundamentales de proteger los derechos civiles y criticaron fuertemente la creación de programas y portales que buscan silenciar las voces de quienes exigen justicia.
Las consecuencias para los estudiantes afectados son profundas. El debilitamiento de la OCR significa que las denuncias de acoso, discriminación o exclusión basadas en la identidad de género, la raza o la discapacidad quedan muchas veces sin seguimiento, dejando a los jóvenes vulnerables sin una instancia federal de apoyo. Para estudiantes transgénero, esto representa una barrera adicional en su acceso a una educación segura e inclusiva, en un contexto donde enfrentan elevados niveles de marginación. Es importante destacar que el enfoque selectivo y político implementado en la ETF durante estos años socava la confianza en las instituciones federales encargadas de garantizar la igualdad y el respeto a los derechos humanos. La neutralidad y la justicia por igual son pilares que deberían regir estas oficinas, y su erosión abre la puerta a la discriminación institucionalizada.
A nivel social y político, estas acciones reflejan una batalla más amplia sobre los derechos civiles y humanos en Estados Unidos, especialmente en temas de diversidad de género, igualdad racial y acceso equitativo a oportunidades educativas. Las decisiones administrativas tomadas desde la cima influyen directamente en las experiencias cotidianas de millones de estudiantes y educadores, condicionando no solo sus derechos, sino también su bienestar emocional y académico. El desafío para el futuro es restaurar la capacidad plena del Departamento de Educación para proteger a todos sus estudiantes, sin discriminación. Esto implica también recuperar y reforzar la Oficina de Derechos Civiles, dotándola de recursos suficientes, autonomía y un compromiso real con la equidad y la justicia social. Mientras tanto, el activismo, la litigación y la vigilancia ciudadana juegan roles fundamentales para contrarrestar avances y retrocesos en las políticas educativas.
Instituciones educativas, organizaciones civiles y familias demandan un regreso a un enfoque de gobierno que centre su acción en garantizar los derechos fundamentales de cada estudiante, sin importar su identidad o condición. La educación es un derecho que debe garantizar la inclusión, la diversidad y la equidad. La agenda que prioriza recortar estos avances representa un retroceso para toda la sociedad y un obstáculo para la construcción de una comunidad escolar donde cada persona pueda desarrollarse plenamente y sin temor a discriminación. Mantener la vigilancia sobre estas políticas y abogar por un sistema educativo justo y respetuoso es hoy una tarea urgente para preservar los derechos civiles en Estados Unidos.
