Arizona se ha convertido en el centro de atención dentro del ámbito financiero y tecnológico gracias a la aprobación de dos proyectos de ley significativos que abren la puerta a inversiones estatales en Bitcoin y otros activos digitales. Estos avances legislativos podrían posicionar al estado como un referente nacional en la integración de criptomonedas dentro de sus reservas financieras, una apuesta que refleja no solo confianza en la innovación sino también en la adaptación ante las nuevas dinámicas económicas globales. La aprobación de los proyectos de ley Senate Bill 1025 y Senate Bill 1373 demuestra un cambio notable en la manera en que el gobierno estatal contempla la gestión de los recursos públicos, alineándose con una visión de futuro en la que los activos digitales juegan un papel crucial como instrumentos financieros diversificados. Senate Bill 1025, conocido como la Ley de Reserva Estratégica de Bitcoin de Arizona, autoriza al tesorero del estado y al sistema de retiro a invertir hasta un 10% de los fondos disponibles del estado en Bitcoin. Esta iniciativa representa un movimiento audaz que desafía la tradición de mantener las reservas exclusivamente en activos convencionales y apuesta por un modelo que busca equilibrio entre riesgo, potencial de crecimiento y protección contra la inflación.
De acuerdo con los impulsores de la ley, y en particular el representante Jeff Weninger, la diversificación en Bitcoin permitiría al estado proteger su economía frente a la volatilidad del mercado tradicional y la depreciación monetaria. A su vez, este proyecto garantiza que cualquier Bitcoin adquirido se mantenga en cuentas segregadas, preparando el terreno para una posible integración dentro de una reserva federal de Bitcoin en el futuro. El segundo proyecto, Senate Bill 1373, establece un Fondo de Reserva Estratégica de Activos Digitales, el cual estaría compuesto principalmente por criptomonedas incautadas durante investigaciones criminales. Este fondo también podrá invertir hasta un 10% en activos digitales y contempla la posibilidad de prestar estos activos para incrementar los rendimientos, lo que añade una dimensión estratégica y financiera adicional al uso de los recursos estatales. La importancia de estas leyes va más allá del ámbito estatal, ya que Arizona se convierte en la primera entidad subnacional en los Estados Unidos que permite formalmente inversiones en Bitcoin dentro de sus reservas oficiales.
Esto posiciona al estado como un catalizador para futuras normativas similares en otros estados, impulsando la adopción regulada y responsable de las criptomonedas en el sector público. A pesar de la aprobación en ambas cámaras legislativas con cómodos márgenes —el Senado con votos 31 a 25 y la Cámara con 37 a 19—, la aceptación definitiva de estas iniciativas depende ahora de la decisión de la gobernadora Katie Hobbs, quien hasta la fecha no ha declarado su postura sobre las medidas específicas. La gobernadora ha señalado previamente que vetará cualquier legislación hasta que se resuelva el estancamiento presupuestario que afecta al estado, especialmente en temas sensibles como la protección del sistema de salud para personas con discapacidad. Esto genera una incertidumbre considerable respecto al futuro inmediato de las leyes sobre inversión en Bitcoin en Arizona. En caso de un veto, los proyectos no podrían reconsiderarse hasta la siguiente sesión legislativa en 2026, poniendo en pausa temporalmente la estrategia estatal frente a las criptomonedas.
Sin embargo, algunos actores del ecosistema cripto y defensores de las nuevas legislaciones han incentivado a la ciudadanía a manifestar su apoyo y presión hacia el despacho de la gobernadora para que avale estas acciones. Más allá de la coyuntura política, la iniciativa legislativa pone de relieve la creciente influencia de las criptomonedas dentro de los sistemas financieros tradicionales y gubernamentales. En un contexto donde la volatilidad del dólar y las preocupaciones inflacionarias están presentes, invertir en activos como Bitcoin puede ofrecer protección y diversificación a largo plazo, particularmente mediante la adopción institucional y gubernamental. Arizona no está sola en la carrera por integrar criptomonedas en políticas públicas. Otros estados, como Carolina del Norte y California, también están impulsando medidas que regulan y habilitan la inversión y el desarrollo de infraestructuras relacionadas con digital assets y minería de Bitcoin.
En Carolina del Norte, por ejemplo, el proyecto HB 92 ha avanzado considerablemente y podría complementar la ola de innovaciones regulatorias en la región. En California, el proyecto de ley AB 1052 conocido como la Ley de Activos Digitales, fue aprobado con apoyo bipartidista, ampliando la protección legal y regulatoria para empresas dedicadas a criptoactivos, un reflejo del avance generalizado hacia un marco jurídico más claro y funcional. La situación en Arizona representa un caso emblemático que combina política, economía y tecnología. Resulta un ejemplo de cómo un estado puede aprovechar el auge de las criptomonedas para buscar nuevas formas de gestionar sus recursos y prepararse para las exigencias financieras del futuro. Además, el enfoque hacia los activos digitales incautados refleja una visión práctica para canalizar recursos que de otro modo podrían permanecer infrautilizados, transformando desafíos legales en oportunidades económicas.
