El Salvador captó la atención mundial en 2021 al convertirse en el primer país en adoptar Bitcoin como moneda de curso legal, junto al dólar estadounidense. Esta decisión histórica, promovida con fuerza por el presidente Nayib Bukele, pretendía transformar la economía del país centroamericano, atraer inversión extranjera y revolucionar el sistema financiero tradicional. Sin embargo, más de tres años después, la realidad de esta iniciativa parece enfrentar importantes obstáculos, siendo uno de los más destacados el bajo porcentaje de empresas de servicios de Bitcoin que realmente están operativas en el país. Según datos recientes publicados por medios locales y confirmados por el Banco Central de Reserva de El Salvador, solo el 11% de los proveedores de servicios de Bitcoin registrados están activos y cumplen con las exigencias establecidas por la Ley Bitcoin, promulgada por el gobierno. De un total de 181 empresas inscritas, únicamente 20 se consideran operativas, mientras que el resto no ha logrado cumplir con las estrictas normas legales y regulatorias que rigen el uso y la gestión de activos digitales en el territorio salvadoreño.
Esta situación pone en evidencia la complejidad y los desafios prácticos que implica la integración de bitcoin a nivel institucional y empresarial en un país que aún está en plena construcción de su ecosistema cripto. La Ley Bitcoin exige a todos los proveedores mantener programas robustos de prevención de lavado de dinero (AML, por sus siglas en inglés), así como sistemas de ciberseguridad adaptados a su naturaleza operativa, junto con una contabilidad transparente que refleje fielmente los activos, pasivos y patrimonio de cada empresa. Sin embargo, la mayoría no ha podido adaptarse o cumplir cabalmente con estos requisitos, comprometiendo su estatus operativo. Detrás de estas cifras están también factores externos que complican la expansión del sector. Por un lado, la incertidumbre regulatoria a nivel internacional y local genera desconfianza hacia una adopción masiva y estándar de las criptomonedas.
Por otro, el acuerdo reciente entre El Salvador y el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un préstamo de 1.4 mil millones de dólares incluye condicionantes que obligan a dejar de usar Bitcoin para ciertas transacciones públicas y a efectuar el pago de impuestos únicamente en dólares estadounidenses, lo que ha generado un cierto retroceso en la política original del país respecto a esta criptomoneda. Ante estas medidas y limitaciones, quedó claro que el gobierno necesita un balance entre su visión cripto y las exigencias económicas y financieras internacionales que permitan estabilidad y confianza inversora. La promesa de Bitcoin como motor de crecimiento y modernización financiera se ve temporalmente moderada para facilitar un entorno más regulado y seguro. Sin embargo, algunas empresas han logrado superar la barrera regulatoria y continúan operando dentro de lo establecido legalmente, destacando en el entorno local el monedero digital estatal Chivo Wallet, que tiene respaldo gubernamental, así como firmas privadas como Crypto Trading & Investment y Fintech Américas.
Estos actores representan ejemplos de cómo las compañías pueden adecuarse a la legislación y mantenerse activas, aunque aún son pocos comparados con el total registrado. El reducido nivel de actividad operacional genera inquietud sobre la verdadera penetración y adopción de Bitcoin en la economía salvadoreña. A pesar del entusiasmo inicial y una cobertura mediática positiva, el ecosistema no está alcanzando la madurez necesaria para que Bitcoin funcione como moneda práctica en el día a día de la mayoría de los ciudadanos y empresas, que continúan dependiendo principalmente del dólar. Este fenómeno también impacta en la imagen del país como pionero global en la regulación y adopción de criptomonedas. Mientras algunos inversores y observadores mantienen posiciones optimistas sobre el futuro del Bitcoin en El Salvador, otros consideran que podría producirse una reversión o al menos una mayor cautela si las condiciones no mejoran.
Adicionalmente, esta coyuntura ha motivado un rico debate sobre el rol que deben cumplir las criptomonedas en los países en vías de desarrollo, donde la infraestructura financiera tradicional es limitada y la inclusión financiera es un motivo clave para la adopción de nuevas tecnologías. La experiencia salvadoreña evidencia que más allá del entusiasmo tecnológico es indispensable contar con un marco regulatorio claro, políticas de cumplimiento estrictas y una implementación gradual y estructurada. El gobierno y los sectores involucrados enfrentan ahora el desafío de incentivar y apoyar a las empresas criptográficas para que activen sus operaciones, al tiempo que garantizan la seguridad y transparencia que demanda tanto el mercado local como los organismos internacionales. Esta doble tarea es esencial para que el proyecto Bitcoin en El Salvador no quede solo como un experimento limitado sino que pueda penetrar de manera efectiva y constructiva en la economía nacional. Por otro lado, la evolución del usuario final es determinante.
