El mundo de la movilidad está experimentando transformaciones significativas, no solo por la incorporación masiva de vehículos eléctricos, sino también por una conciencia creciente acerca del impacto ambiental de los vehículos tradicionales. Entre todos los medios de transporte, las motocicletas tienen una posición singular que les permite revelar una problemática que muchas veces pasa desapercibida para quienes viajan en automóviles cerrados: la contaminación directa y palpable que generan los camiones diésel ilegales, especialmente aquellos que han sido modificados para aumentar sus emisiones contaminantes. Conducir una motocicleta ofrece una experiencia de movilidad desnuda ante el ambiente, haciendo imposible escapar del aire que se respira en las calles y carreteras. Esta exposición directa provoca una mayor frustración y rechazo hacia los camiones diésel que, despojados de los controles de emisiones mediante modificaciones ilegales, liberan nubes negras y tóxicas visibles que contaminan el aire de manera inmediata y evidente. Mientras en un vehículo con cabina-climatizada y filtros de aire la contaminación es en gran medida invisible para el conductor, sobre dos ruedas el impacto es innegable y hasta ofensivo.
El efecto es doble. Por un lado, la contaminación generada por estos vehículos afecta directamente la salud y la calidad de vida de los motociclistas, quienes no solo la perciben sino que también deben soportar sus consecuencias frecuentes. Por otro lado, este fenómeno despierta una fuerte conciencia sobre el daño ambiental y la irresponsabilidad de prácticas como el 'delete' de emisores, que anulan las funciones de los sistemas de control del motor con frecuencia para obtener mayor potencia o ahorro a costa del medioambiente y la salud pública. Si bien la lucha contra estas prácticas ilegales tiene antecedentes, con acciones puntuales de autoridades ambientales como la Agencia de Protección Ambiental (EPA) en los Estados Unidos, recientemente se observa un retroceso en la vigilancia y regulación. La reducción de regulaciones y la disminución del poder para hacer cumplir las normas permiten que los conductores de camiones diésel modificados continúen contaminando sin consecuencias inmediatas.
Esta falta de control expone a motociclistas y a la población en general a una contaminación perjudicial, generando un sentimiento de impunidad y abandono. Además, la situación varía significativamente según la región. En zonas urbanas densas, el tráfico y la contaminación son comunes pero más regulados, mientras que en áreas rurales o semiurbanas, donde el uso de vehículos diésel es más frecuente para transporte pesado, la exposición se intensifica. La disparidad en los requisitos de inspección técnica vehicular y los niveles de cumplimiento aumentan las diferencias en la calidad del aire, dejando a muchos motoristas en zonas menos reguladas sin opciones para evitar la inmersión en un aire cada vez más tóxico. A nivel personal, para muchos motociclistas la sensación es de una agresión directa.
No solo es un daño ambiental abstracto, sino una molestia sensorial insoportable. El olor a hollín y gases de combustión, la visión de humo negro expulsado a plena vista y la imposibilidad de esquivar estos vehículos, especialmente en lugares donde no se permite avanzar por carriles o superar a estos generadores de contaminación son factores que alimentan un aumento de tensión y rechazo. Esta situación también desnuda una cuestión social: la discriminación anti-motociclistas, la falta de infraestructura y políticas que contemplen a los usuarios de dos ruedas como actores importantes y protegidos en el ecosistema vial. En paralelo, el auge de las motocicletas eléctricas, como algunos modelos de la marca Zero, trae un rayo de esperanza para quienes buscan una alternativa más limpia y amigable con el medioambiente. Estas motos no solo reducen la huella de carbono y la contaminación local, sino que también ofrecen un rendimiento y una autonomía que cada vez se adaptan mejor a la vida diaria.
Sin embargo, el elevado precio de estas tecnologías limita su adopción masiva, y a la vez pone en mayor relieve la injusticia para quienes, a pesar de adoptar medios de transporte menos contaminantes, deben sufrir los efectos de quienes optan por contaminar sin control. Además de las implicancias ambientales y sanitarias, existe una dimensión de seguridad que se ve afectada. La incapacidad para adelantar o desplazar a estos grandes vehículos contaminantes en zonas donde la legislación no protege a los motociclistas genera situaciones riesgosas y estrés constante en la conducción. Los motociclistas se enfrentan a una doble adversidad: por un lado, las emisiones tóxicas que afectan su salud y por otro, su vulnerabilidad física ante el tráfico y la negligencia de ciertos conductores. Para revertir esta problemática, es necesario un compromiso coordinado entre autoridades, comunidades y usuarios de las vías.
