La legalización del cannabis es un tema que ha ganado cada vez más relevancia a nivel mundial. A medida que varios países y regiones debaten o implementan leyes que permiten su consumo recreativo, surge una pregunta fundamental: ¿la regulación legal reduce el consumo problemático o, por el contrario, lo empeora? La respuesta a esta interrogante es esencial para definir políticas públicas efectivas que protejan la salud y el bienestar de la población. Recientemente, investigadores en Suiza han realizado un estudio pionero que aporta evidencia causal sobre los efectos de la legalización del cannabis en el consumo problemático. A diferencia de investigaciones anteriores, que eran principalmente observacionales y no lograban desligar el impacto real de la ley de otros factores externos, este estudio se llevó a cabo mediante un ensayo controlado aleatorizado, el estándar dorado para establecer causalidad en la investigación científica. El estudio se desarrolló en el cantón de Basilea-Ciudad, Suiza, donde la legislación permite pilotear sistemas de acceso legal y regulado al cannabis.
Allí, 378 adultos consumidores habituales de cannabis fueron reclutados y divididos aleatoriamente en dos grupos. Un grupo tuvo acceso legal a productos de cannabis regulados a través de farmacias locales, mientras que el otro grupo continuó obteniendo cannabis por medio del mercado ilegal. Esta diferenciación no solo permitió comparar el comportamiento y la salud de los participantes según la fuente de adquisición, sino que también introdujo una serie de controles sobre la calidad, concentración de THC, y la provisión de materiales educativos y opciones de asesoramiento para la reducción de riesgos. Así, se evaluó si un modelo público y orientado a la salud podía influir positivamente en el consumo y en posibles problemas asociados. El principal indicador de consumo problemático utilizado fue el Cannabis Use Disorders Identification Test-Revised (CUDIT-R), un cuestionario estándar empleado mundialmente para detectar patrones de uso problemáticos.
Al inicio del estudio, ambos grupos presentaban puntajes promedio de alrededor de 11, un nivel que se considera indicativo de un consumo potencialmente problemático. Tras seis meses de seguimiento, los resultados revelaron una ligera disminución en los puntajes del grupo con acceso legal, situándose en 10.1, mientras que el grupo que continuó en el mercado ilegal mostró un promedio de 10.9. Aunque a simple vista esta diferencia podría parecer modesta y no alcanzó el nivel convencionalmente aceptado para significancia estadística, múltiples análisis realizados por los investigadores mostraron una tendencia consistente hacia la reducción del consumo problemático en el grupo regulado.
Lo más relevante surgió al segmentar la muestra por el uso concomitante de otras sustancias. Entre quienes consumían otras drogas adicionales al cannabis, la diferencia entre ambos grupos se volvió significativa, con una reducción casi de dos puntos en el test de uso problemático para aquellos en el grupo legal. Esto es especialmente relevante, ya que el uso polidrogas representa un desafío mayor en términos de salud pública y de tratamiento. El estudio también evaluó otros aspectos fundamentales, como la salud mental de los participantes, observando variables relacionadas con depresión, ansiedad y síntomas psicóticos. En estos dominios no se encontraron diferencias significativas entre los grupos tras medio año, lo que indica que el acceso legal no genera a corto plazo deterioros mentales ni beneficios notorios en la salud psicológica en comparación con el mercado ilegal.
Un dato importante fue que aproximadamente la mitad de los participantes del grupo legal continuaron comprando cannabis por fuentes ilegales, una realidad que refleja desafíos en la implementación efectiva de sistemas legales capaces de sustituir por completo al mercado paralelo. No obstante, los análisis que excluyeron a estos participantes no modificaron sustancialmente los hallazgos principales. El papel del asesoramiento y la educación también fue considerado. Aunque la participación en consejos formales era voluntaria, los consumidores en farmacias tuvieron contacto frecuente con personal capacitado y recibieron materiales sobre reducción de riesgos. Esta interacción se sospecha que pudo haber influido favorablemente en la disminución del consumo problemático, especialmente en usuarios con consumos más complejos y riesgosos.
Desde un punto de vista de seguridad, el estudio reportó que los eventos adversos graves fueron poco comunes y se distribuyeron equitativamente entre ambos grupos, sin estar relacionados con el cannabis regulado provisto en la investigación. Esto es un indicativo de que un modelo regulado puede minimizar riesgos asociados al consumo, especialmente en comparación con el mercado ilegal donde los productos carecen de controles de calidad. Por supuesto, los autores advierten cautela antes de extrapolar los resultados a contextos más amplios. La muestra fue relativamente pequeña, mayoritariamente masculina y excluyó a personas con trastornos psiquiátricos severos. Además, el diseño abierto del ensayo, en el que los participantes sabían a qué grupo pertenecían, pudo influir en sus respuestas, lo que es una limitación común en estudios sociales de esta naturaleza.
Lo que resulta indiscutible es que esta investigación aporta un análisis novedoso y riguroso que demuestra que un sistema legal de acceso a cannabis, cuidadosamente regulado y orientado hacia la salud pública, puede tener un impacto positivo en la disminución del consumo problemático, particularmente en grupos vulnerables que consumen múltiples sustancias. Esto aporta fundamentos para repensar políticas prohibicionistas y apostar por enfoques que prioricen la educación, la calidad del producto y el acompañamiento. Futuros estudios podrán extender el seguimiento para observar efectos a largo plazo, así como evaluar distintas configuraciones legales, como clubes sociales o dispensarios específicos, y su impacto sobre otros indicadores de salud, bienestar o comportamientos sociales. También resulta clave explorar la integración de servicios de apoyo conductual que potencien los beneficios del acceso legal. En definitiva, el avance hacia la regulación del cannabis debe acompañarse de evidencia científica sólida y de un enfoque sensible a las necesidades reales de los usuarios.
La evidencia causal que ha aportado este estudio suizo marca un hito y abre las puertas a un debate informado y basado en datos confiables, que pueden orientar a gobiernos, profesionales de la salud y sociedad en general hacia políticas más justas, seguras y eficaces.
