En los últimos años, China ha mantenido una postura firme contra las criptomonedas, implementando una serie de restricciones y prohibiciones que abarcan desde el comercio hasta la minería de activos digitales en el país. Sin embargo, en un movimiento que parece contradictorio con la política nacional, varias administraciones locales han comenzado a vender criptomonedas confiscadas a través de empresas privadas que operan en mercados offshore, desafiando con ello la prohibición vigente. Esta dinámica poco convencional surge en medio de una desaceleración económica que obliga a las autoridades a buscar nuevas fuentes de ingresos para llenar sus arcas. La acumulación de criptoactivos por parte del gobierno chino proviene principalmente de confiscaciones relacionadas con actividades ilegales o incumplimientos de las estrictas regulaciones impuestas sobre este tipo de activos. Solo en la provincia de Jiangsu, por ejemplo, se ha reportado que una compañía tecnológica con sede en Shenzhen, conocida como Jiafenxiang, ha facilitado la venta de más de 408 millones de dólares en criptomonedas desde el año 2018.
Esta empresa actúa en nombre de varias administraciones locales, gestionando la conversión de dichos criptoactivos en efectivo fuera del territorio continental chino, mediante mercados internacionales donde el comercio de criptomonedas es legal. Aunque para los individuos la compra, venta y minería de criptomonedas permanecen prohibidas en China continental, el gobierno central parece permitir que empresas especializadas colaboren en la disposición de los activos confiscados. Este escenario plantea un dilema significativo: mientras que las autoridades nacionales intentan erradicar el uso de criptomonedas para proteger la estabilidad financiera y monetaria del país, a nivel local se emplean estas mismas monedas digitales para mitigar las dificultades económicas regionales y fortalecer las finanzas públicas. A nivel global, China se posiciona como una de las naciones con mayores reservas en bitcoin, contabilizándose alrededor de 194,000 BTC, lo que la ubica en segundo lugar, justo después de Estados Unidos que posee aproximadamente 207,189 BTC. El volumen acumulado subraya la relevancia que aún tienen las criptomonedas para las administraciones chinas, incluso ante la política estatal de prohibición y control estrictos.
Paralelamente, China está impulsando activamente el desarrollo y promoción de su propia moneda digital respaldada por el banco central, conocida como el yuan digital o e-CNY. Este proyecto no solo busca modernizar el sistema financiero y ofrecer alternativas al dinero tradicional, sino que también se presenta como una estrategia para contrarrestar la influencia de las criptomonedas extranjeras, especialmente el dominio del dólar estadounidense en transacciones digitales y comercio internacional. El contraste entre la prohibición oficial y la práctica local de vender criptoactivos confiscados refleja las tensiones inherentes en el modelo de gestión financiera del país. Por un lado, está el deseo del Partido Comunista Chino de mantenerse firme en el control absoluto sobre la economía y evitar riesgos asociados a la volatilidad y la descentralización que caracterizan a las criptomonedas. Por otro, las necesidades concretas de las administraciones locales que enfrentan retos económicos considerables y carecen de las herramientas suficientes para aumentar sus ingresos mediante métodos convencionales.
Este fenómeno no es exclusivo de China. A nivel internacional, varios gobiernos enfrentan desafíos similares en cuanto a la gestión de activos digitales. Sin embargo, la particularidad del caso chino radica en la coexistencia de una política estatal restrictiva con una realidad práctica en la que se permite la gestión y liquidación de criptomonedas confiscadas a través de terceros, lo que genera un escenario híbrido que despierta tanto interés como controversia en la comunidad global de finanzas y tecnología. Además, esta dinámica puede interpretarse como una muestra de la necesidad de que los gobiernos se adapten a la rápida evolución del ecosistema cripto. Aunque la tecnología blockchain y las monedas digitales presentan riesgos, también ofrecen oportunidades para la modernización, transparencia y eficiencia en la gestión de activos.
En este sentido, la experiencia china podría sentar bases para futuras discusiones sobre cómo equilibrar la regulación estricta con la innovación tecnológica y las demandas económicas locales. Desde la perspectiva de los mercados internacionales, la venta vía empresas privadas en offshore de estas criptomonedas confiere liquidez adicional a un sector que ha ido ganando peso en años recientes. Sin embargo, también abre interrogantes sobre la trazabilidad, legalidad y transparencia de estas operaciones, especialmente ante la crítica global hacia la utilización de criptomonedas en actividades ilícitas como el lavado de dinero o la evasión fiscal. En conclusión, el caso de las administraciones locales en China que venden criptomonedas confiscadas a pesar de la prohibición vigente refleja la complejidad y las contradicciones del enfoque chino hacia las monedas digitales. Mientras el país persigue de manera rígida eliminar ciertas prácticas relacionadas con las criptomonedas que considera riesgosas, simultáneamente explora mecanismos para aprovechar las oportunidades financieras que estas ofrecen.
Esta ambivalencia revela que, más allá de las políticas oficiales, las criptomonedas están profundamente integradas en la economía global y representan un desafío para los sistemas regulatorios tradicionales. A futuro, será crucial observar cómo evoluciona este equilibrio entre control y aprovechamiento, y qué medidas adoptan los gobiernos para facilitar un entorno donde la innovación tecnológica conviva con la estabilidad financiera y la legalidad. China, con su enorme peso económico y oportunidad estratégica en el desarrollo de monedas digitales propias, jugará un papel fundamental en la configuración del panorama global de las criptomonedas en los próximos años.
