En marzo de 2025, la gobernadora de New Hampshire, Kelly Ayotte, firmó una ley que representa un cambio significativo en la política de fianzas del estado, otorgando a los jueces una mayor discreción para decidir sobre la detención preventiva de individuos acusados de delitos. Esta reforma busca revertir algunos aspectos de las políticas anteriores, especialmente aquellas implementadas en 2018 que habían elevado los estándares legales para mantener a las personas en prisión antes de su juicio. La firma de esta ley llega tras un proceso legislativo rápido impulsado por las mayorías republicanas en la Cámara y el Senado de New Hampshire, quienes argumentan que los cambios son necesarios para mejorar la seguridad pública y cerrar lo que denominan «una puerta giratoria» que permitía la liberación rápida de personas acusadas de crímenes, incluyendo actos violentes. La ley entrará en vigor en un plazo de 180 días, dando a los tribunales y funcionarios tiempo para adaptarse a las nuevas disposiciones. Uno de los aspectos más destacados del cambio legislativo es la ampliación del plazo para la audiencia inicial de fianza, que pasa de 24 a 36 horas, exceptuando fines de semana y feriados.
Esta modificación busca otorgar más tiempo para evaluar detenidamente cada caso, evitando decisiones apresuradas que puedan afectar la seguridad comunitaria. Para entender el impacto de esta reforma, es importante revisar el contexto y la evolución de las políticas de fianza en New Hampshire. En 2018, bajo la administración bipartidista del entonces gobernador Chris Sununu, se promulgó una ley que buscaba reducir la cantidad de personas privadas de libertad antes del juicio simplemente por no poder pagar la fianza. Esta política se alineó con un movimiento nacional orientado hacia la equidad en la justicia penal, reconociendo que la capacidad económica no debería determinar la libertad previa al juicio. Sin embargo, desde entonces, diversos sectores, incluyendo autoridades policiales y alcaldes, han expresado preocupaciones sobre la reincidencia y la comisión de nuevos delitos por parte de individuos que, aunque acusados de crímenes, eran liberados rápidamente.
Algunos casos de alto perfil, como un incidente de apuñalamiento en Manchester, han generado debates intensos sobre el equilibrio entre derechos individuales y la protección del público. La reforma firmada por Ayotte conserva la consideración de la capacidad financiera de los acusados al momento de fijar una fianza en efectivo, un aspecto clave de la ley de 2018 que busca prevenir la detención indiscriminada de personas por razones económicas. Aun así, al bajar el estándar legal para la detención previa al juicio, la ley permite que los jueces retengan más fácilmente a aquellos que representen un riesgo para la sociedad o que sean potenciales fugitivos. Esta medida ha sido criticada por algunos representantes del partido demócrata y defensores de derechos civiles, quienes argumentan que la reducción de protecciones para los acusados contradicta las tendencias nacionales hacia una reforma de la justicia penal más humana y equitativa. Asimismo, señalan que las estadísticas del FBI muestran una disminución continua en los delitos violentos y contra la propiedad en el estado, lo que pondría en duda la necesidad de endurecer las condiciones para la liberación bajo fianza.
Por su parte, la gobernadora Ayotte ha defendido la reforma como una respuesta necesaria a una «experiencia social fallida» que no protegía adecuadamente a las comunidades de New Hampshire. En sus declaraciones públicas, ha destacado que el cambio busca reforzar la seguridad y confianza en el sistema judicial penal, asegurando que no se permita la liberación inmediata y sin suficiente evaluación de individuos que puedan representar un peligro. El proceso legislativo fue expedito, reflejando el compromiso firme del liderazgo republicano con esta prioridad política. Durante su discurso inaugural, Ayotte destacó la reforma de las fianzas como un eje central de su agenda, lo que se tradujo en un fuerte respaldo en ambas cámaras legislativas. En la práctica, esta ley dará a los jueces, magistrados y comisionados de fianzas una capacidad reforzada para decidir si mantener detenidos a ciertos acusados mientras esperan el juicio.
Esto podría significar una reducción en la cantidad de liberaciones inmediatas tras una detención, especialmente en casos donde el riesgo para la seguridad pública sea evaluado como significativo. El debate sobre las políticas de fianza en New Hampshire es un reflejo de una discusión nacional sobre cómo equilibrar los derechos individuales con la necesidad de proteger a las comunidades. La dificultad radica en encontrar un mecanismo que evite la encarcelación innecesaria de personas inocentes antes de un juicio, al tiempo que se asegure que aquellos que representan un peligro no sean liberados prematuramente. Entre los desafíos que enfrenta la implementación de esta reforma está la necesidad de capacitación adecuada para los actores judiciales y la posible sobrecarga que un período de audiencia más largo puede generar. Además, organizaciones defensoras de derechos civiles probablemente continuarán vigilando el impacto de estas modificaciones para asegurarse de que no se traduzcan en un aumento desproporcionado de detenciones preventivas.
En última instancia, la reforma de fianzas en New Hampshire representa un cambio sustancial en la política criminal del estado, que pone en primer plano la seguridad pública y otorga un rol más activo a los jueces en la evaluación de riesgos antes del juicio. Será importante observar en los próximos meses y años cómo este nuevo marco legal influye en la dinámica del sistema judicial, los índices de criminalidad y el acceso justo a la justicia. La discusión sobre la justicia y la seguridad en New Hampshire continúa evolucionando, y con la firma de esta ley, la gobernadora Ayotte y el poder legislativo esperan marcar un precedente que otros estados podrían considerar como modelo para abordar los desafíos del sistema de fianzas y detención preventiva en los Estados Unidos.
