En la era digital actual, la recopilación y el uso de datos personales se han convertido en temas centrales en el debate sobre la privacidad y la gestión gubernamental. Los países escandinavos, reconocidos por sus avanzadas infraestructuras de gobernanza digital, representan un caso paradigmático en la recopilación masiva de datos de sus ciudadanos a través de servicios electrónicos estatales. Sin embargo, un aspecto preocupante que ha salido a la luz es el uso extendido de rastreadores de terceros en los sitios web municipales, los cuales recogen datos personales con fines comerciales, especialmente en sectores tan sensibles como los servicios públicos digitales. Los servicios gubernamentales digitales en Dinamarca, Noruega y Suecia han facilitado una relación más eficiente entre el Estado y los ciudadanos. A través de plataformas donde las personas pueden buscar empleo, gestionar permisos de construcción o consultar calendarios escolares, se acumulan ingentes cantidades de datos personales.
Estos datos, en teoría, se utilizan para mejorar la experiencia del usuario y optimizar la administración pública. Sin embargo, detrás de estas páginas, muchas veces se esconden rastreadores comerciales que recopilan información para fines publicitarios. Un estudio exhaustivo realizado entre 2007 y 2023 en 745 sitios web municipales escandinavos identificó la presencia de 2,761 rastreadores, una cifra que revela la magnitud de la exposición digital de los ciudadanos. Gran parte de estos rastreadores pertenecen a grandes corporaciones tecnológicas como Alphabet y Meta, cuyo objetivo principal es la publicidad dirigida basada en los datos obtenidos. La infiltración de estos actores en espacios digitales gubernamentales plantea serias preguntas sobre la ética, la transparencia y el respeto a los principios fundamentales de la administración pública.
La universalidad, un principio clave en la gobernanza escandinava, implica que todos los ciudadanos deben tener acceso equitativo a los servicios públicos sin costos ocultos o desigualdades. El cobro no monetario a través del intercambio de datos personales para usos comerciales contradice esta premisa. Los usuarios de servicios digitales gubernamentales, en lugar de pagar con dinero, están pagando con su información personal, a menudo sin un conocimiento claro de cómo se utiliza ni de las implicaciones que esto conlleva. Esta situación despierta inquietudes sobre la transparencia y el consentimiento informado. Aunque muchos gobiernos escandinavos promocionan la digitalización como sinónimo de eficiencia y modernidad, no siempre se acompañan de políticas estrictas que regulen el uso de rastreadores de terceros ni informen adecuadamente a los usuarios.
La falta de claridad sobre quién recoge los datos, para qué fines y cómo se protegen, puede erosionar la confianza ciudadana en las instituciones y debilitar la legitimidad de las plataformas digitales públicas. En cuanto a la privacidad, la integración de rastreadores comerciales convierte los sitios gubernamentales en puntos vulnerables para la explotación de datos. Si bien la legislación europea, como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), establece límites rigurosos al uso de información personal, la práctica en entornos digitales gubernamentales no siempre refleja una protección efectiva. La recopilación masiva mediante rastreadores puede derivar en perfiles detallados de los ciudadanos, los cuales pueden ser utilizados para fines comerciales que escapan al control público. Además, esta dinámica genera un costo invisibilizado para los usuarios, quienes, sin pagar una tarifa directa, entregan valiosos datos que alimentan economías digitales privadas.
Esta práctica conocida como “pago con datos” introduce un nuevo tipo de desigualdad, en la que los derechos digitales y la privacidad de los ciudadanos se convierten en moneda de intercambio. El problema es particularmente agudo en instituciones públicas, ya que se espera que estas protejan el interés general y garanticen la equidad. El análisis también muestra que los sitios municipales escandinavos, al depender de servicios de terceros para funcionalidades técnicas o de marketing, terminan cediendo el control sobre la información de los usuarios a corporaciones externas. Este fenómeno plantea un dilema sobre la soberanía digital y la capacidad de los gobiernos para proteger a sus ciudadanos en un entorno hiperconectado y comercializado. Para abordar estos desafíos, expertos en gobernanza digital han propuesto dos líneas de acción fundamentales.
La primera es implementar una mayor transparencia sobre los costos reales que supone para los usuarios la presencia de rastreadores en los sitios gubernamentales. Los ciudadanos deben ser informados claramente sobre qué datos se recopilan, con qué propósito y quién es el responsable. La segunda recomendación consiste en prohibir el uso de rastreadores comerciales en estos espacios digitales públicos para evitar la explotación comercial de información personal dentro de la administración pública. Adoptar estas medidas no solo fortalecería los principios de universalidad y transparencia sino también la confianza de los ciudadanos en sus gobiernos digitales. Además, impulsaría una reflexión más amplia sobre el equilibrio entre digitalización y privacidad, instando a construir plataformas digitales que respeten los derechos fundamentales y prioricen el interés público.
Este caso de los países escandinavos es emblemático y puede servir de lección para otras naciones en proceso de transformar sus infraestructuras gubernamentales mediante tecnologías digitales. La interfaz entre tecnología y gobernanza debe ser gestionada con responsabilidad ética y jurídica para que la digitalización no signifique una renuncia a la privacidad ni una apertura indiscriminada al capitalismo de datos. Finalmente, el reto futuro es diseñar políticas públicas que regulen la integración de tecnologías de rastreo y datos en el sector público, garantizando que la innovación tecnológica sirva al bien común y no a intereses comerciales particulares. Las experiencias escandinavas invitan a un diálogo urgente y profundo sobre cómo construir gobiernos digitales que respeten el derecho a la privacidad, aseguren la equidad y promuevan una verdadera gobernanza transparente y universal en la era digital.
