La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) atraviesa una etapa de cambios profundos bajo la actual administración. En un anuncio realizado en mayo de 2025, la EPA informó sobre una reestructuración ambiciosa que implica reducir su plantilla a niveles que no se veían desde la década de 1980, además de disolver su emblemática Oficina de Investigación y Desarrollo. Estas medidas forman parte de un plan más amplio para recortar el presupuesto en 300 millones de dólares para el año fiscal 2026 y reorientar la agencia hacia prioridades políticas alineadas con la agenda energética y económica promovida por el expresidente Donald Trump. La decisión ha generado preocupación e incluso alarma en diversos sectores, desde científicos hasta grupos de defensa ambiental, quienes ven en este movimiento una amenaza para la independencia y la calidad científica de la agencia. La EPA fue creada en 1970 con la misión fundamental de proteger la salud humana y el medio ambiente, apoyándose fuertemente en evidencia científica rigurosa y evaluaciones independientes para diseñar políticas y regulaciones que eviten la contaminación y promuevan la conservación.
Con el transcurso de las décadas, la agencia fue creciendo tanto en personal como en presupuesto, reflejando la creciente conciencia ambiental y la respuesta regulatoria a retos como la contaminación del aire, agua y suelos, así como el cambio climático. Sin embargo, esta expansión no ha estado exenta de controversias y tensiones políticas, especialmente en momentos donde distintas administraciones federales han llevado visiones divergentes sobre el papel del gobierno en la regulación ambiental. El actual plan de recorte anunciado por la administración de Lee Zeldin, administrador de la EPA, contempla reducir el número de empleados de más de 15,100 en 2024 a poco más de 11,400, la cifra que se tenía durante la presidencia de Ronald Reagan. Esta comparación es sintomática, pues en ese mismo periodo, la EPA estuvo bajo la dirección de un administrador que era conocido por ser crítico con la agencia, y la reducción de recursos tuvo efectos notables en la capacidad de la EPA para llevar adelante su labor regulatoria y científica. Más allá de la reducción del personal, el cambio más polémico radica en la disolución de la Oficina de Investigación y Desarrollo, un organismo central dentro de la EPA que ha permitido durante años mantener un enfoque científico independiente y riguroso en la toma de decisiones.
La investigación realizada bajo este techo ha sido la base para la creación de normas de calidad del aire, agua potable, regulación de químicos tóxicos y estudios sobre impacto ambiental, entre otros. Su disolución supone un cambio estratégico: la investigación científica será redistribuida entre otras oficinas, algunas de ellas bajo la dirección directa de cargos políticos designados por la administración, lo que, según críticos, puede poner en riesgo la objetividad y la autonomía científica. Este movimiento ha levantado críticas pronunciadas de organizaciones como la Unión de Científicos Preocupados (Union of Concerned Scientists), quienes advierten que convertir a la EPA en una agencia donde la investigación responde a intereses políticos diluye su misión ambiental y científica. Chitra Kumar, directora de programas de cambio climático y energía limpia de dicha organización, expresó que desmantelar la oficina científica y reclasificar a los científicos como empleados políticos podría transformar la agencia en un instrumento político más que en un organismo científico. Estas preocupaciones no solo reflejan el temor a una menor regulación ambiental y un debilitamiento de las medidas para proteger la salud pública, sino también el riesgo de que la política sobre energía y medio ambiente responda exclusivamente a intereses económicos y de corto plazo.
El impacto de estos recortes y reestructuraciones será tangible en múltiples frentes. Por un lado, la cancelación de miles de millones de dólares en subvenciones para proyectos ambientales en todo el país reduce la capacidad estatal y local de implementar programas de control de contaminación y conservación. Además, la incorporación de apenas 400 puestos en nuevas oficinas para la investigación significa que alrededor de 1,100 empleados del área de investigación y desarrollo deberán competir por estos limitados cargos, generando incertidumbre sobre la permanencia de muchos especialistas en el organismo. Paralelamente, la EPA ha anunciado la creación de una Oficina de Asociaciones Estatales para la Gestión del Aire, que trabajará directamente con agencias estatales para facilitar procesos de permisos y planes de cumplimiento con normas federales. Además, se incrementarán los puestos en la Oficina de Seguridad Química y Prevención de la Contaminación, enfocándose en la revisión de miles de nuevos químicos y pesticidas.
Aunque estos aumentos podrían fortalecer áreas específicas, el debate se centra en si el énfasis puesto en la burocracia y la aprobación de permisos favorecerá la relajación de controles y un enfoque más permisivo hacia industrias energéticas y manufactureras. El contexto político juega un rol clave en estas decisiones. Las acciones de la EPA están claramente alineadas con las directrices y los objetivos establecidos por el expresidente Donald Trump, quien, durante su mandato, impulsó una agenda para fomentar el desarrollo energético doméstico, revitalizar la manufactura y reducir la regulación ambiental considerada excesiva o radical. La administración de Zeldin ha explicado que los recortes y la reorganización buscan eliminar la “burocracia regulatoria” para acelerar la aprobación de proyectos energéticos y reducir costos para las familias norteamericanas. Sin embargo, la comunidad científica y ambientalista sostiene que un debilitamiento de la capacidad y la integridad de la EPA podría traer consecuencias negativas a largo plazo.
La contaminación del aire y el agua, así como la exposición a sustancias químicas peligrosas, conllevan riesgos graves para la salud pública, incluyendo enfermedades respiratorias, cáncer y daños neurológicos. Además, la falta de regulación estricta puede agravar el cambio climático al permitir mayores emisiones de gases de efecto invernadero, poniendo en riesgo el cumplimiento de compromisos ambientales tanto a nivel nacional como internacional. En cuanto a la estructura interna, la eliminación de la Oficina de Ciencia y Tecnología, que ha jugado un rol clave en el desarrollo de directrices sobre calidad del agua, resalta la intención de concentrar y politizar el control científico dentro de áreas de toma de decisiones menos independientes. Estas transformaciones también afectan la gestión del agua, un recurso vital y en riesgo en varias regiones de Estados Unidos debido a sequías prolongadas y contaminación. La reorientación estratégica hacia la ciberseguridad, respuesta a emergencias y conservación del agua sugiere un intento de la EPA por mantener áreas prioritarias relevantes, pero el impacto de la reducción de personal y la disolución de las unidades científicas podría limitar severamente la efectividad de cualquier plan.
En resumen, la decisión de reducir el personal de la EPA a niveles de hace cuatro décadas y desarmar su oficina científica responde a una visión política que prioriza la desregulación y el desarrollo energético por encima de la protección ambiental y la investigación independiente. Esta transformación puede tener repercusiones directas en la capacidad de Estados Unidos para combatir problemas ambientales apremiantes y cumplir con sus compromisos climáticos internacionales. La comunidad científica sigue alerta y preocupada ante un futuro donde la política podría prevalecer sobre la ciencia, poniendo en riesgo no solo la salud ambiental sino también la salud de millones de estadounidenses.
