En 2023, los estadounidenses mayores de 60 años sufrieron pérdidas financieras que alcanzaron la cifra alarmante de 3.4 mil millones de dólares debido a fraudes, según un reporte reciente del FBI. Este incremento del 11% con respecto al año anterior refleja no sólo el creciente número de ataques dirigidos a los adultos mayores, sino también la complejidad y agresividad creciente de las tácticas utilizadas por los estafadores. La cifra es impactante y obliga a una reflexión profunda sobre la vulnerabilidad de esta población y las estrategias necesarias para evitar que estas cifras sigan en aumento. Los adultos mayores representan un segmento crucial de la sociedad con necesidades y características particulares que los hacen especialmente susceptibles a fraudes.
Muchas veces, factores como la falta de familiaridad con las tecnologías digitales, la confianza inherente a su generación, y en algunos casos el aislamiento social, se suman como elementos que los delincuentes explotan para concretar sus estafas. Según el FBI, durante el 2023 se presentaron más de 101,000 quejas formales de víctimas mayores de 60 años, un aumento del 14% respecto al año anterior. El promedio de dinero perdido por víctima ronda los 34,000 dólares, y casi 6,000 personas perdieron más de 100,000 dólares cada una. Estas cifras evidencian la gravedad del problema y la urgencia de mecanismos de prevención más efectivos. Entre los tipos de estafa más comunes se destacan las relacionadas con soporte técnico falso, donde los delincuentes se hacen pasar por empleados de compañías reconocidas para engañar a las víctimas y obtener acceso remoto a sus computadoras, cuentas bancarias o información personal sensible.
Esta táctica es particularmente efectiva porque se apoya en el miedo que generan los supuestos problemas técnicos o ciberseguridad comprometida, logrando que los adultos mayores actúen con urgencia y desconfíen menos. No obstante, aunque estos fraudes de soporte técnico son los más frecuentes, los más costosos en términos de pérdidas económicas pertenecen al área de inversiones fraudulentas, acumulando daños por un total de 1.2 mil millones de dólares en 2023. Este tipo de estafa suele implicar promesas de altos rendimientos con poco o ningún riesgo, y exhortaciones a invertir grandes sumas de dinero en esquemas que terminan siendo piramidales o completamente ficticios. Los fraudes telefónicos ilegales, como aquellos en los que los estafadores se hacen pasar por funcionarios gubernamentales o representantes de servicios al cliente, también continúan en aumento y generaron pérdidas superiores a los 700 millones de dólares, con casi la mitad de las víctimas siendo personas mayores.
Este tipo de engaño se basa en la intimidación, la manipulación psicológica y el uso de llamados a la acción inmediatos para que la víctima entregue dinero o información confidencial. Una diferencia fundamental que señala el reporte del FBI es que solo cerca del 50% del total de quejas presentadas ante el Centro de Quejas de Delitos en Internet (IC3) incluyen información de la edad del denunciante. Esto indica que el monto real de pérdidas entre las personas mayores podría ser aún más elevado. Además, muchas víctimas no reportan sus pérdidas debido a sentimientos de vergüenza, culpa o miedo al estigma asociado con ser estafadas, lo que complica aún más la estimación precisa y la eficacia de las intervenciones. La complejidad del problema también se agrava por la dificultad que enfrentan las autoridades para identificar, perseguir y castigar a los responsables.
Gran parte de estas operaciones fraudulentas se realiza desde fuera de Estados Unidos, y aunque el FBI ha incrementado la cooperación internacional con países como India, Laos y Reino Unido, muchos estafadores continúan impunes. Esto se suma al desafiante panorama tecnológico, donde las estafas que involucran inteligencia artificial, suplantación de identidad digital y otros avances tecnológicos son cada vez más frecuentes. La creciente incidencia de las estafas de clonación de voz con inteligencia artificial es una de las tendencias más preocupantes. Según especialistas en ciberseguridad, estas modalidades permiten replicar con gran precisión la voz de una persona para engañar a familiares o instituciones, solicitando transferencias de dinero o información confidencial bajo supuestos contextos de emergencia. Esta novedad representa un reto para la detección y prevención tradicional y requiere un nivel más avanzado de educación y protección para las personas mayores.
Para enfrentar estos desafíos, es fundamental fortalecer la educación y concienciación tanto de los adultos mayores como de sus familiares y cuidadores. Entender las señales de alerta, desconfiar de solicitudes inesperadas o presionantes, y verificar siempre a través de canales oficiales son herramientas básicas pero esenciales. Asimismo, se recomienda mantener los dispositivos tecnológicos actualizados, utilizar software antivirus y evitar compartir datos sensibles por teléfono o internet sin confirmar la autenticidad de la otra parte. Las instituciones también juegan un papel fundamental en la protección de los adultos mayores. Bancos, compañías de telecomunicaciones y agencias gubernamentales deben implementar y promover protocolos específicos para detectar y bloquear intentos de fraude hacia este grupo vulnerable, facilitando mecanismos para reportar sospechas o incidentes sin que la víctima sufra un daño mayor.
Además, el trabajo coordinado entre organismos internacionales es vital para desmantelar las redes criminales con alcance transnacional. El paisaje demográfico de Estados Unidos indica un envejecimiento creciente, con un aumento constante en el número de personas mayores de 60 años durante las próximas décadas. Esto implica que, sin acciones concretas, la exposición a fraudes podría intensificarse igualmente, generando un daño económico, emocional y social considerable. En resumen, el reporte del FBI sobre fraudes contra mayores en 2023 es un llamado de atención urgente. Los 3.
4 mil millones de dólares perdidos evidencian no solo la magnitud del problema, sino la necesidad imperiosa de implementar estrategias integrales que incluyan educación, tecnología, políticas públicas y colaboración internacional. Proteger a la población mayor de estas estafas no es solo una cuestión financiera, sino un compromiso ético y social para garantizar su seguridad, dignidad y bienestar en una era cada vez más digitalizada y desafiante.
