En un giro irónico que ha captado la atención de expertos, usuarios y defensores de la libertad de expresión, la Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos se encuentra bajo el ojo crítico debido a su investigación sobre la denominada "censura tecnológica". Lo paradójico radica en que esta investigación, que originalmente pretende evaluar si las grandes plataformas digitales censuran injustamente ciertas voces, está censurando activamente los comentarios públicos que critican la misma censura, generando un debate indispensable sobre la moderación, la libertad de expresión y los límites del control gubernamental en internet. La investigación lanzada por la FTC bajo la dirección de su presidente Andrew Ferguson comenzó en marzo de 2025 con el propósito anunciado de indagar supuestas prácticas de censura en redes sociales, principalmente aquellas que afectan a contenidos con posturas políticas conservadoras. Esta iniciativa surge en un contexto político tenso, donde acusaciones y teorías sobre sesgos ideológicos y manipulación de contenidos se han hecho recurrentes. Sin embargo, el llamado público a opinar ha revelado un fenómeno inesperado y digno de análisis: la FTC está realizando una moderación estricta sobre los comentarios que se presentan en el marco de esta investigación, llegando incluso a eliminar aquellos mensajes en los cuales se denuncian prácticas de censura por parte de las propias plataformas.
La paradoja es evidente en el caso de Michael Dukett, quien se autodefine como un “patriota americano preocupado” y que presentó una serie de quejas sobre TikTok, una de las plataformas acusadas de suprimir su libertad de expresión al eliminar repetidamente sus comentarios. Dukett adjuntó a su denuncia capturas de pantalla como pruebas, las cuales justamente muestran las moderaciones de contenido aplicadas por TikTok. Sin embargo, la FTC tomó la decisión de bloquear varias de esas capturas de pantalla bajo el argumento de contener “lenguaje inapropiado” o “profánidades”. De esta manera, la agencia gubernamental reprodujo exactamente las mismas prácticas de moderación que Dukett denunciaba, borrando contenidos que señalaban censura y convirtiéndose, en acto y forma, en un censor. Este caso no es aislado.
La revisión de más de dos mil comentarios presentados en el expediente público de la investigación revela un patrón preocupante. Usuarios que denuncian la pérdida de cuentas en plataformas como Instagram y TikTok por contenidos que consideran legítimos han visto parcialmente bloqueadas sus denuncias, muchas veces por compartir información personal o, según la FTC, por contener material inapropiado o profano. Incluso quienes solicitan un equilibrio razonable en la expresión y moderación —como “Jo Sullivan”, que pidió una investigación a los moderadores y abogó por el derecho a expresarse dentro de ciertos límites—, han tenido gran parte de sus materiales censurados o editados en la plataforma de comentarios de la propia investigación. Este fenómeno instala un debate crucial: mientras las redes sociales privadas tienen la libertad, protegida por la Primera Enmienda de los Estados Unidos, de moderar su contenido bajo sus propios términos, la actuación de un organismo público como la FTC que también censura, abre interrogantes legales sobre potenciales violaciones a esta misma enmienda. La protección constitucional no se extiende de igual manera al gobierno, que debe abstenerse de prácticas censuradoras que limiten la libertad de expresión.
Por tanto, la decisión de la FTC de regular el contenido en sus espacios públicos de comentarios, especialmente aquellos que critican la censura, se podría interpretar como una transgresión a derechos fundamentales. La situación revela, además, una ironía profunda. Desde hace años, las empresas tecnológicas sostienen que la transparencia en la moderación de contenidos es complicada y que la gestión de millones de mensajes exige sistemas complejos y en permanente aprendizaje, que inevitablemente deben aplicar criterios para eliminar o restringir materiales conflictivos, ofensivos o dañinos. La experiencia práctica muestra que controlar todo el contenido sin arbitrariedad ni controversias es prácticamente imposible, fenómeno que algunos medios y expertos han denominado la “imposibilidad de la moderación perfecta”. En este sentido, la investigación y el propio sistema de comentarios de la FTC parecen demostrar empíricamente esta dificultad al reproducir las mismas limitaciones y controversias que afectan a las plataformas.
Sin embargo, el problema se agrava cuando la institución que investiga la censura termina aplicando prácticas idénticas a las que critica, especialmente si estas prácticas parecen sesgadas hacia ciertos grupos o discursos. Algunos usuarios y analistas interpretan que el presidente Andrew Ferguson y la FTC no están siendo neutrales, sino que favorecen una narrativa pro-Trump o conservadora, exigiendo que las plataformas promuevan dicho contenido y limitando discursos que puedan considerarse contrarios o críticos. Esta dinámica ha generado numerosas críticas públicas, también reflejadas en redes sociales y medios especializados. La comunidad digital y periodistas especializados se preguntan sobre el impacto y la legitimidad de un ente regulador que censura en su propio espacio de diálogo, mientras intenta controlar a gigantes tecnológicos. La confianza pública se ve afectada cuando quienes regulan muestran inconsistencias o contradicciones tan flagrantes.
Además, la discusión trasciende lo legal y entra en el terreno ético y funcional de la gobernanza digital. ¿Cuál es el papel adecuado del Estado en la regulación de contenidos online? ¿Cómo balancear la protección de la libertad de expresión con la necesidad de contener discursos dañinos, amenazas o desinformación? ¿Es posible que un órgano público administre una plataforma abierta sin incurrir en censura arbitraria o sesgada? Estas preguntas son centrales y la acción de la FTC abre un debate necesario sobre las responsabilidades y límites de las entidades públicas en el ámbito digital. En términos técnicos, se especula que la FTC podría estar utilizando herramientas de inteligencia artificial para filtrar y moderar los miles de comentarios recibidos, lo que podría explicar decisiones automáticas y aparentes inconsistencias en la selección y bloqueo del contenido. Sin embargo, la dependencia excesiva en algoritmos sin supervisión humana suficiente suele conducir a errores y sesgos, como ha sido documentado reiteradamente en estudios sobre moderación automatizada. Por otro lado, cabe destacar la importancia de la transparencia en procesos de este tipo.
Si el gobierno impone filtros o bloqueos, debería justificar claramente sus decisiones y ofrecer mecanismos para apelar o revisar dichas acciones, asegurando que el proceso sea justo y abierto. La falta de estas garantías puede convertir un intento legítimo de investigar en un ejemplo de censura institucionalizada. La coyuntura actual pone en evidencia las tensiones existentes entre las narrativas políticas, las exigencias sociales, los derechos constitucionales y las dificultades técnicas y éticas que entraña la gestión de contenidos digitales. La FTC, en su papel de ente regulador, tiene la responsabilidad de equilibrar todos estos factores. Hasta ahora, su proceder ha generado más preguntas que respuestas, y ha convocado a expertos, activistas y ciudadanos a reflexionar sobre cómo debe ser abordada la moderación y la libertad de expresión en el siglo XXI.
En resumen, la investigación de la FTC sobre la censura tecnológica que busca evidenciar imparcialidad y proteger el derecho a la libre expresión, ha terminado por censurar las críticas sobre sus propias prácticas, dibujando un panorama complejo y contradictorio. Esta situación resalta la dificultad de equilibrar libertad, moderación y regulación en la era digital y cuestiona cuál es el rol adecuado que deben jugar los organismos gubernamentales frente al poder de las plataformas tecnológicas y sus usuarios. El futuro de esta investigación no solo impacta al ecosistema digital, sino también al entendimiento y defensa de derechos fundamentales en ambientes tecnológicos y políticamente polarizados. La comunidad internacional observa con atención cómo se desarrollan estas discusiones, que sin duda marcarán precedentes sobre la gobernanza de internet y la protección de la libertad de expresión en el mundo.
