En los últimos meses, el proyecto Worldcoin se ha convertido en un fenómeno que ha captado la atención mundial, pero particularmente ha puesto en el centro del debate la realidad de la privacidad de datos en Kenia. Este país, a pesar de contar con una legislación avanzada en protección de datos, enfrenta grandes desafíos al enfrentar tecnologías disruptivas que recopilan información biométrica masiva y operan en un marco regulatorio poco claro. La historia comenzó cuando Worldcoin, una iniciativa tecnológica cofundada por Sam Altman, CEO de OpenAI, instaló dispositivos conocidos como orbes capaces de escanear el iris de las personas para almacenar datos biométricos a cambio de una recompensa en criptomonedas. Esta propuesta sedujo a miles de kenianos, muchos de los cuales provenían de entornos económicos desfavorecidos y vieron en el ofrecimiento una oportunidad económica. No obstante, la operación pronto fue suspendida por las autoridades locales ante preocupaciones por violaciones a la normativa vigente y posibles riesgos a la soberanía y seguridad nacional.
La polémica no solo refleja la tensión entre innovación tecnológica y protección de derechos fundamentales, sino que también revela un desconocimiento generalizado sobre las implicaciones y el manejo adecuado de los datos personales. Biométricos como el iris, las huellas dactilares o el reconocimiento facial se usan desde hace años para fines de seguridad, desde desbloqueo de teléfonos hasta controles migratorios, pero su empleo masivo, por actores privados y sin un marco legal claro, genera alarma. Una de las principales preocupaciones es la forma en que Worldcoin utilizó estrategias de mercadeo que llevaron a que muchos ciudadanos entregaran información sensible sin conocimiento pleno de los riesgos ni el destino final de sus datos. Además, la persistencia de la empresa en seguir recopilando datos a pesar de las órdenes para detener sus actividades, evidenció el vacío en la capacidad de control y sanción efectiva por parte de las autoridades. Las audiencias parlamentarias y comités investigativos pusieron en evidencia que esta actividad no solo contravenía leyes nacionales, sino que también podría considerarse una forma de espionaje.
La cuestión adquiere relevancia cuando se considera que minores habrían sido registrados y que no existe un conteo transparente sobre el número de dispositivos en el territorio keniano. Estos episodios plantean la urgencia de fortalecer y actualizar la legislación relativa a la protección de datos, que cubriría también las dinámicas propias de las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y los activos virtuales, incluyendo criptomonedas. Kenya cuenta con la Ley de Protección de Datos de 2019, una norma elaborada para proteger la privacidad de los ciudadanos, sin embargo, especialistas señalan que la carencia de una regulación específica para las criptomonedas y nuevas tecnologías limita la capacidad para enfrentar casos como Worldcoin. Adicionalmente, las instituciones encargadas de velar para que se cumplan estas leyes enfrentan dificultades relacionadas con falta de recursos, capacidad técnica y una estrategia clara para monitorear este tipo de iniciativas. La influencia de factores socioeconómicos también juega un papel determinante en la facilidad con la que las personas aceptan entregar sus datos.
La pobreza afecta a aproximadamente el 30% de la población, según estadísticas oficiales, y para muchas personas la promesa de recibir un incentivo monetario representa una oportunidad difícil de rechazar, aún sin entender del todo las posibles consecuencias. Este problema no es exclusivo de Kenia, sino que se enmarca en un contexto global donde el avance acelerado de tecnologías digitales y la era de la información desafían la regulación y la ética. El marco ético sobre la inteligencia artificial adoptado por Kenia como parte de la comunidad internacional enfatiza la importancia de cuidar los derechos humanos y la transparencia. La recomendación de organismos como UNESCO indica que los Estados deben establecer políticas fuertes y garantizar la seguridad máxima de los datos personales para prevenir daños irreparables a los individuos. El caso de Worldcoin pone además en evidencia la necesidad de mayor educación y concienciación pública acerca de la privacidad y el manejo de sus propios datos.
Profesionales universitarios y expertos en tecnologías señalan que las personas usualmente no conocen qué sucede con la información que entregan y que prácticas aparentemente cotidianas pueden exponerlas sin que lo perciban. Aunque la innovación en tecnologías biométricas aporta muchas ventajas potenciales para la seguridad y desarrollo, su uso debe hacerse siempre con un respeto absoluto a la privacidad y con reglas claras para evitar abusos y vulnerabilidades. El sector privado debe trabajar en cooperación con entidades gubernamentales y la sociedad civil para crear un entorno seguro, vigilante y ético. Asimismo, es indispensable que las autoridades mejoren sus mecanismos de vigilancia y auditoría, realizando evaluaciones periódicas de los procesadores y controladores de datos tal como reza la ley vigente. En conclusión, la saga de Worldcoin en Kenia es un llamado urgente tanto a la actualización normativa como a fortalecer el marco institucional y la conciencia pública en torno a la protección de datos personales en la era digital.
Solamente con un enfoque integral que conjugue legislación robusta, supervisión constante, responsabilidad empresarial y ciudadanía informada podrá Kenia garantizar que la innovación tecnológica se traduzca en desarrollo sostenible y respeto a los derechos humanos.
