El mundo de las criptomonedas sigue evolucionando a gran velocidad, y con ello también cambian las estrategias y prioridades de las autoridades encargadas de la regulación y aplicación de la ley. Un claro ejemplo de esta dinámica es el reciente giro en el caso relacionado con Samourai Wallet, una billetera digital de bitcoin que en los últimos años ha estado en el centro de una investigación por parte del Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos. El caso, que implica graves acusaciones contra los cofundadores Keonne Rodriguez y William Lonergan Hill, está siendo reconsiderado después de un cambio en la política del DOJ que podría llevar a la suspensión de los cargos en su contra. Esta situación pone en evidencia varias cuestiones clave sobre el futuro del criptoespacio, la legislación y la forma en que se busca equilibrar la innovación con la seguridad y el cumplimiento normativo. En abril de 2025, un desarrollo inesperado sacudió a la comunidad cripto: los fiscales de Nueva York empezaron a evaluar la posibilidad de retirar los cargos contra los cofundadores de Samourai Wallet a raíz de una directiva interna del DOJ que restringe la persecución penal relacionada con criptomonedas en ciertos contextos.
La decisión representa un cambio radical respecto a las estrategias anteriores, cuando el escrutinio y las acusaciones contra empresas y servicios que operan en el universo cripto eran generalizadas y frecuentes, en especial cuando se sospechaba de conductas delictivas como el lavado de dinero o la operación ilegal de transmisiones monetarias. Samourai Wallet había sido acusada de facilitar alrededor de dos mil millones de dólares en transacciones ilícitas entre 2015 y 2024. Los fiscales señalaban que los cofundadores cobraron 4.5 millones de dólares en tarifas relacionadas con estas operaciones y enfrentaban posibles penas de hasta 25 años en prisión debido a cargos de conspiración para lavado de dinero y la operación de un negocio no licenciado de transmisión monetaria. Sin embargo, estos cargos ahora están bajo reconsideración gracias a una nueva directiva emitida por el Subprocurador General Todd Blanche.
El memo del 7 de abril de 2025 emitido por Blanche ordenaba a los miembros del equipo dedicado a la aplicación de la ley en materia de criptomonedas, conocido como el National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET), cerrar investigaciones que no se alinearan con las nuevas prioridades del DOJ. Este cambio incluye dejar de iniciar procesos penales contra intercambios cripto, servicios de mezcla de monedas o billeteras offline debido a acciones de usuarios finales o violaciones regulatorias no intencionales. La cancelación y reestructuración del NCET no solo implica un ajuste en las tácticas legales, sino también una reevaluación profunda sobre cómo se entiende y regula la tecnología distribuida en un contexto legal tradicional. La solicitud conjunta de una extensión de 16 días para considerar el futuro del caso Samourai Wallet refleja las continuas negociaciones entre defensa y fiscales. Ambas partes están ajustando sus estrategias jurídicas y tomando en cuenta el impacto general que esta nueva política del DOJ tendrá sobre la industria.
Si bien este movimiento puede beneficiar a proyectos cripto que operan en zonas grises legales, también plantea preguntas acerca de la responsabilidad y el control que deben tener las plataformas que facilitan transacciones digitales. Uno de los aspectos más interesantes de esta situación es la manera en que Estados Unidos, como una de las jurisdicciones más influyentes en materia financiera y tecnológica, está abordando su regulación. La decisión de restringir la persecución contra ciertos actores cripto podría interpretarse como un reconocimiento tácito de que la innovación no debe ser sofocada por un enfoque excesivamente punitivo. A su vez, este giro puede estimular una mayor madurez regulatoria, orientada a fomentar la transparencia y la colaboración con las autoridades en lugar de una confrontación directa. Desde la perspectiva de los usuarios y desarrolladores, la noticia es un alivio.
Muchos proyectos crypto han enfrentado temores similares a los que podría haber experimentado Samourai Wallet, especialmente servicios que ofrecen privacidad y anonimato, características a menudo vistas con recelo por las autoridades debido a su potencial uso indebido. La nueva línea de actuación del DOJ sugiere que el enfoque puede desplazarse a castigar conductas claramente ilegales cometidas intencionalmente en lugar de penalizar inadvertidamente innovaciones tecnológicas. A nivel internacional, este caso también podría tener repercusiones. El liderazgo del gobierno estadounidense en definir estándares de cumplimiento y lucha contra el lavado de dinero ha influido en cómo otros países diseñan sus políticas sobre criptoactivos. La revisión del caso Samourai Wallet, junto con la disolución del NCET, podría inspirar revisiones similares en otras naciones que hasta ahora han adoptado enfoques estrictos frente a la industria.
No obstante, el debate continúa abierto. Mientras que algunos actores destacan la importancia de proteger el desarrollo tecnológico y la privacidad financiera, otros insisten en la necesidad de evitar que los activos digitales se conviertan en herramientas para actividades ilícitas. La balanza entre regulación efectiva y libertad innovadora es delicada y debe manejarse con prudencia. El caso Samourai Wallet es un claro símbolo de esta tensión. Por un lado, evidencia la voluntad del DOJ de adecuar sus métodos a la realidad actual del mercado cripto, reconociendo que no todas las plataformas deben ser tratadas como criminales por las acciones de sus usuarios.
Por otro lado, pone de relieve la responsabilidad que tienen las empresas para cumplir con la legislación y colaborar con las autoridades para evitar usos ilegales de sus servicios. En conclusión, el giro en la postura del Departamento de Justicia en relación con Samourai Wallet representa un punto de inflexión para la regulación de las criptomonedas en Estados Unidos. La posible retirada de cargos contra los cofundadores establece un precedente significativo que podría influir en la manera en que se manejan futuras investigaciones y procesos legales relacionados con activos digitales. A medida que el gobierno busca un equilibrio entre fomentar la innovación y garantizar la seguridad, es probable que la industria cripto experimente una transformación en su relación con los entes reguladores, abriendo paso a un ecosistema más claro, seguro y sostenible para todos los participantes.
