La reciente firma de ley por parte del expresidente Donald Trump que elimina la normativa establecida por la IRS (Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos) sobre corredores en plataformas de finanzas descentralizadas (DeFi) representa un cambio profundo en la política regulatoria de activos digitales. Esta nueva legislación revierte una regla clave que había sido implementada durante la administración de Joe Biden y que buscaba ampliar las obligaciones fiscales de los usuarios y agentes relacionados con las operaciones dentro del ecosistema DeFi. Desde la popularización de las criptomonedas, los organismos regulatorios han enfrentado un gran desafío en la adaptación de las leyes tradicionales a estas novedosas tecnologías financieras. Las plataformas DeFi, basadas en contratos inteligentes y operaciones sin intermediarios, han ganado una gran tracción, permitiendo a usuarios realizar préstamos, intercambios y otras operaciones financieras directamente entre pares. Sin embargo, la naturaleza descentralizada y en muchos casos anónima de estas transacciones ha generado preocupaciones en cuanto a la transparencia fiscal y el control para evitar prácticas ilícitas o evasión de impuestos.
La regla propuesta y aprobada durante la presidencia de Biden buscaba imponer a los proveedores de servicios DeFi la condición de "corredores" bajo las normativas de la IRS, haciéndolos responsables de reportar las transacciones a gran escala y el movimiento de activos digitales. Esta medida consideraba que los intermediarios debían cumplir con requisitos similares a los de corredores tradicionales financieros, como bancos o casas de bolsa, facilitando el rastreo y declaración de impuestos sobre criptos. Sin embargo, esta propuesta encontró resistencia significativa dentro del sector descentralizado. Muchos argumentaban que la descentralización inherente de estas plataformas hace imposible identificar un solo ente responsable o intermediario, lo que empujaba a una regulación que podría restringir la innovación tecnológica, aumentar la carga burocrática y, en última instancia, perjudicar el desarrollo del mercado DeFi en Estados Unidos. Con la firma de Trump, se elimina esta exigencia, devolviendo un nivel mayor de libertad operativa a los proyectos DeFi y a sus usuarios.
Este gesto es visto como un apoyo a la innovación disruptiva y una señal clara de postura menos intervencionista con respecto a las criptomonedas. Además, refleja un enfoque regulatorio que busca equilibrar la necesidad de supervisión fiscal con la preservación del potencial económico y tecnológico del sector. La importancia de esta reversión también radica en el contexto político y económico actual. La administración Biden había manifestado una intención firme de controlar y regular el mercado de criptoactivos para evitar fraudes, lavado de dinero y evasión fiscal, al tiempo que buscaba proteger a los inversores y garantizar la estabilidad financiera. Sin embargo, la eliminación de esta regla limita la capacidad de la IRS para obtener información detallada sobre las actividades DeFi, dificultando la vigilancia y seguimiento que se pretendía lograr.
Los expertos en criptomonedas y reguladores internacionales observan con interés cómo esta nueva legislación influirá en la dinámica del mercado. Algunos prevén que Estados Unidos podría perder terreno frente a otros países con políticas más flexibles al atraer proyectos DeFi y capitales interesados en un entorno regulatorio menos restrictivo. Por otro lado, la ausencia de control también puede acarrear riesgos asociados a un incremento de actividades ilegales y una mayor dificultad para asegurar la transparencia. Desde la perspectiva fiscal, los usuarios de criptomonedas deben ser conscientes de que, aunque la normativa de corredores DeFi ha sido eliminada, las obligaciones tributarias existen y deben cumplirse. La responsabilidad del pago de impuestos sobre ganancias derivadas de operaciones en el ecosistema cripto permanece vigente, y el hecho de que los proveedores no tengan el deber de reportar directamente no exime a los individuos o empresas de declarar correctamente sus ingresos y movimientos.
