En un giro sorprendente dentro del ámbito regulatorio de las criptomonedas en Estados Unidos, los fundadores de Samourai Wallet han presentado una acusación formal contra los fiscales federales por supuestamente ocultar información crucial que podría haber demostrado que su servicio de mezcla de criptomonedas no requería licencia. Esta revelación ha generado controversia y ha puesto nuevamente en el centro del debate la regulación de los mixers de criptomonedas y su papel dentro del ecosistema crypto. Samourai Wallet, conocido por su característica de mezclado de criptomonedas que permite a los usuarios ocultar el origen de sus fondos digitales mediante la fusión de múltiples transacciones, fue investigado y procesado en 2024 en relación con cargos de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y de conspiración para lavado de dinero. Sin embargo, abogados de la empresa aseguran que el Departamento del Tesoro, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), había comunicado a los fiscales que el servicio no calificaba como un negocio que requería licencia. Las bases para esta defensa radican en un intercambio previo entre fiscales y representantes de FinCEN, incluyendo al jefe de la sección de activos virtuales y tecnología emergente, Kevin O’Connor, y Lorena Valente, funcionaria de la división de políticas.
Según documentos presentados, FinCEN indicó que, debido a que Samourai no tenia custodia directa de las criptomonedas y no poseía las llaves privadas asociadas a las direcciones de almacenamiento, el servicio no debería ser considerado como un negocio de transmisión de dinero sujeto a licencia requerida por ley. Lo que resulta especialmente polémico es que esta asesoría fue provocada a los fiscales seis meses antes de que presentaran los cargos en contra de los cofundadores Keonne Rodriguez y William Hill, pero la información clave fue mantenida en reserva por más de un año, llegando a ser revelada recién en abril de 2025. Los abogados de Samourai sostienen que este retraso intencional perjudicó notablemente la defensa de sus clientes, quienes habían actuado bajo el supuesto de que estaban cumpliendo con la ley. La defensa argumenta que esta conducta de los fiscales viola el principio de debido proceso, especialmente porque los acusados no tuvieron aviso claro ni justo de que sus acciones pudieran ser ilegales bajo las regulaciones de FinCEN. Además, destacan que esta ocultación afectó el derecho fundamental a una defensa adecuada, lo que podría influir en la demanda de desestimación del caso.
En un comunicado dirigido a la corte federal de Manhattan, los abogados pidieron una audiencia especial para evaluar las circunstancias de esta revelación tardía y considerar las posibles sanciones o remedios por la falta de transparencia de la fiscalía. El caso de Samourai Wallet cobra relevancia en un momento en que las autoridades estadounidenses han reforzado el escrutinio sobre las plataformas de mezcla de criptomonedas, debido a su potencial uso para operaciones ilícitas como el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el lavado de ganancias provenientes del cibercrimen. El gobierno ha señalado que estas plataformas pueden facilitar la ocultación del origen de activos obtenidos a través de mercados negros en línea, fraude y otras actividades ilegales. De acuerdo con las acusaciones oficiales, Samourai habría facilitado transacciones ilegales por más de dos mil millones de dólares, incluyendo más de cien millones en operaciones relacionadas con lavado de dinero. A pesar de ello, los fundadores han mantenido su inocencia y han señalado que su tecnología busca proteger la privacidad financiera sin violar las leyes vigentes.
El debate legal sobre si las plataformas que no toman custodia directa de fondos pero facilitan la mezcla o anonimización de transacciones constituyen o no un negocio regulado ha sido uno de los puntos más controversiales en la regulación de activos digitales. Mientras algunos reguladores presionan para imponer regulaciones estrictas para combatir delitos financieros, la comunidad cripto y ciertos expertos advierten que medidas demasiado rígidas podrían obstaculizar la innovación y la privacidad legítima en el uso de criptomonedas. A principios de abril de 2025, el Departamento de Justicia emitió un memo firmado por el Subprocurador General Todd Blanche, en el que se estableció que no se perseguirían penalmente a los mixers de criptomonedas por violaciones involuntarias de regulaciones, una señal que ha tenido impacto en varios casos judiciales relacionados, incluido el de Samourai. En respuesta a esta directiva, la defensa ha manifestado su intención de solicitar la desestimación definitiva de los cargos en base a que no existió intención criminal ni falta de conocimiento legal en sus acciones. Samourai Wallet es uno de los pioneros en el mercado de mezclado de criptomonedas y su caso podría sentar un precedente importante para la interpretación futura de las regulaciones aplicables a servicios similares.
La resolución de este asunto podría influir en cómo las autoridades federales abordan la supervisión y aplicación de las leyes en el mundo cripto, afectando a desarrolladores, inversores y usuarios por igual. Este caso también subraya la necesidad de una mayor claridad normativa y transparencia por parte de las agencias reguladoras, para que los actores del ecosistema comprendan claramente sus obligaciones y prevengan posibles conflictos legales. La regulación de servicios innovadores como los mixers debe equilibrar la prevención de actividades ilícitas con la protección de la privacidad y la promoción de la innovación tecnológica. Mientras tanto, el proceso judicial continúa y la atención del sector criptográfico se mantiene firme en las próximas decisiones de la corte de Manhattan. La petición de los fundadores de Samourai para revisar la conducta de los fiscales y valorar la posible desestimación de los cargos podría redefinir las reglas del juego para la industria cripto USA y sus servicios asociados.
Por último, este episodio también genera discusión sobre la correcta comunicación interinstitucional dentro del sistema judicial y el impacto que la falta de divulgación oportuna de información puede tener sobre casos complejos que mezclan tecnología, derecho y finanzas en un entorno de rápida evolución como el de las criptomonedas. El resultado de esta controversia podría propiciar reformas internas en la forma de manejar la información sensible en investigaciones regulatorias y judiciales del sector tecnológico. En definitiva, la situación de Samourai Wallet pone en evidencia las tensiones existentes entre innovación, regulación y derechos legales dentro del universo crypto, y cómo la transparencia y el cumplimiento normativo adecuado pueden ser factores críticos para el desarrollo sano y sostenible de esta industria emergente.
