La Cámara de los Lores en el Reino Unido ha protagonizado una nueva y significativa oposición a los planes del gobierno para regular la inteligencia artificial, en un debate que ha suscitado gran preocupación tanto en el ámbito tecnológico como en el cultural. En el centro de esta controversia se encuentra la propuesta gubernamental que permitiría a las empresas de inteligencia artificial utilizar obras protegidas por derechos de autor para entrenar sus modelos sin necesidad de pedir permiso a los creadores, un punto que ha generado una profunda división. La oposición más destacada ha llegado a través de una enmienda al proyecto de ley de datos, presentada por la parlamentaria independiente Beeban Kidron, que exige que las empresas que desarrollan inteligencia artificial detallen qué contenidos con derechos de autor han sido empleados para entrenar sus sistemas. Esta enmienda fue respaldada con una amplia mayoría en la Cámara de los Lores, con 272 votos a favor frente a 125 en contra, a pesar de la oposición manifiesta del gobierno británico. Más allá de los números, el respaldo a esta enmienda refleja una creciente inquietud ante la posibilidad de que las compañías tecnológicas puedan explotar masas de contenido protegido sin compensar ni siquiera informar a los creadores originales.
Esta preocupación no es solo de carácter legal o ético, sino que involucra directamente intereses económicos y culturales de enorme relevancia para el Reino Unido. Figuras destacadas del mundo artístico, como Paul McCartney, Jeanette Winterson, Dua Lipa y organismos culturales como la Royal Shakespeare Company, se sumaron públicamente a esta demanda. Su llamado al primer ministro fue claro y contundente: no ceder las obras creadas por artistas y autores al interés de unas pocas grandes empresas tecnológicas internacionales que dominan el sector. Esta coalición de voces procedentes del ámbito creativo subraya la percepción de que las propuestas actuales podrían suponer un daño irreversible para el ecosistema cultural del país. Beeban Kidron, al defender la enmienda, enfatizó con contundencia que no se trata de oponerse a la tecnología ni a la innovación.
Por el contrario, valoró el potencial creativo y económico de la inteligencia artificial, pero rechazó la idea de que los creadores deban contribuir gratuitamente a la construcción de estas tecnologías, solo para después verse obligados a pagar por el uso posterior de sus obras. En sus palabras, la normativa propuesta es un asalto directo a un sector cuyo valor se estima en 120 mil millones de libras para la economía británica y que representa un pilar esencial tanto para la estrategia industrial del país como para su riqueza cultural. En paralelo con esta enmienda, el debate político se enmarca en una consulta gubernamental sobre legislación de derechos de autor que se espera concluya en el presente año. Sin embargo, para los opositores, el proyecto de ley de datos ha servido como un vehículo para expresar su descontento y para intentar forzar cambios más ambiciosos que garanticen la transparencia y el respeto a los derechos de los creadores. La propuesta inicial del gobierno contempla un sistema de exclusión (opt-out), mediante el cual las obras protegidas podrían ser utilizadas por las firmas de IA salvo si los titulares de derechos indican expresamente que no desean que sus contenidos sean empleados.
Esta medida ha sido calificada por expertos y creadores como poco práctica y difícil de implementar, dado el volumen y la naturaleza dispersa del contenido a considerar. Por otro lado, el ejecutivo insiste en que la situación actual, donde la legalidad del uso de obras protegidas para el entrenamiento de IA no está clara, limita tanto el desarrollo del sector tecnológico como el crecimiento de las industrias creativas. Consideran que la nueva legislación es vital para desbloquear este estancamiento y facilitar la innovación. En un intento por mitigar la polémica, el gobierno ha prometido realizar un análisis del impacto económico de sus propuestas e incluso ha indicado que la opción del opt-out no es la única que están considerando, según declaraciones atribuidas a fuentes cercanas al secretario de Tecnología, Peter Kyle. No obstante, aún persiste una fuerte desconfianza entre los creadores y legisladores que temen que la protección real de la propiedad intelectual sea sacrificada en favor de los intereses de grandes conglomerados tecnológicos.
A nivel institucional, el Departamento de Ciencia, Innovación y Tecnología ha asegurado que no se apresurarán a introducir nuevas leyes de derechos de autor hasta que tengan un plan viable y pragmático que cumpla con todos los objetivos planteados, desde la protección de los derechos de autor hasta la promoción del desarrollo tecnológico. Este episodio refleja un momento decisivo en la política tecnológica y cultural del Reino Unido, donde confluyen legítimos intereses en pugna. La presión de la Cámara de los Lores para que las empresas de IA transparenten el uso de contenido protegido pone de relieve las dificultades para equilibrar la protección de los derechos de autor con la necesidad de impulsar la innovación tecnológica. En términos más amplios, el debate en Reino Unido también ejemplifica una tendencia global. Países de todo el mundo observan con atención cómo regular la inteligencia artificial sin desincentivar la investigación ni poner en riesgo los derechos de creadores y artistas.
