En un contexto global donde las estafas con criptomonedas se han disparado, afectando a miles de personas e infligiendo pérdidas multimillonarias, las autoridades del Reino Unido han adoptado una estrategia innovadora para hacer frente a esta creciente amenaza. La colaboración entre la Policía de la Ciudad de Londres y firmas legales especializadas, como Gowling WLG, ha marcado un precedente al lanzar un programa civil de recuperación de activos criptográficos tras una exitosa intervención que permitió recuperar más de medio millón de libras esterlinas estafadas a una persona mayor. Esta iniciativa se presenta como un avance significativo en la lucha contra el fraude dentro del ecosistema digital y plantea un modelo que puede replicarse en otras jurisdicciones que enfrentan desafíos similares. La complejidad del seguimiento y recuperación de criptomonedas, debido a la naturaleza pseudónima y descentralizada de estas tecnologías, había limitado hasta ahora la capacidad de las fuerzas del orden para devolver activos sustraídos a sus legítimos dueños, especialmente en ausencia de procesos penales. La experiencia piloto que motivó esta colaboración involucró un caso donde la víctima, un hombre de 80 años, fue defraudada por un monto que ascendía a aproximadamente 2 millones de libras, una cifra que evidencia la magnitud de las pérdidas que sufren muchas personas, especialmente las más vulnerables.
Gracias a la cooperación estrecha entre la policía y el equipo jurídico, fue posible rastrear las transacciones a través de direcciones digitales proporcionadas por la víctima, lo que permitió identificar y congelar los activos mal habidos bajo el amparo de la Ley de Proceeds of Crime Act 2002, recientemente actualizada para incluir bienes digitales. Esta actualización legislativa representa un cambio fundamental, ya que dota a las autoridades de un marco legal robusto para actuar en entornos digitales, permitiendo medidas más efectivas en la congelación y recuperación de criptoactivos que, hasta hace poco, escapaban de los mecanismos tradicionales de justicia. Bajo esta ley, la policía puede ahora solicitar órdenes para incautar criptomonedas relacionadas con actividades ilícitas, incluso cuando un proceso penal no esté claramente definido o no sea posible iniciar uno. El programa no solo se enfoca en la recuperación de bienes sino también en la asistencia directa a las víctimas. Las personas afectadas por fraudes reciben apoyo legal y orientación para presentar reclamaciones civiles, un recurso que anteriormente no estaba ampliamente disponible.
El director de Gowling WLG, Bríd Holden, ha resaltado la importancia de este mecanismo para aumentar la confianza de las víctimas para denunciar incidencias y colaborar activamente con las autoridades, reforzando la prevención y detección temprana de delitos. El impacto de las estafas con criptomonedas a nivel mundial no puede subestimarse. En 2024, los fraudes de este tipo costaron cerca de 9.9 mil millones de dólares, una cifra alarmante que refleja tanto la sofisticación de los delincuentes cibernéticos como las oportunidades que ofrece el mercado digital para actos ilícitos. En este marco, Reino Unido ha demostrado liderazgo al establecer alianzas público-privadas que no solo incrementan la eficacia en la recuperación de activos sino que también refuerzan el sistema de justicia y la protección a los consumidores de tecnologías financieras.
El papel de las firmas legales especializadas ha sido fundamental para complementar la labor policial. Abogados con experiencia en derecho digital y financiero aportan la experticia necesaria para navegar un panorama legal complejo, gestionar procedimientos de congelamiento globales, y presentar litigios que exigen conocimiento profundo sobre criptoactivos y procedimientos multilaterales. Edmonds Marshall McMahon y 5SAH son ejemplos de firmas que han colaborado activamente en estos casos, aportando un enfoque multidisciplinario necesario para el éxito de la recuperación. Esta colaboración se evidencia también en la detención y procesamiento exitoso de sospechosos vinculados a estafas criptográficas, como en el caso reciente donde dos hombres fueron arrestados por su implicación en un fraude de seis cifras contra un jubilado en Escocia. La coordinación interpolicial entre diferentes regiones del Reino Unido ha sido clave para trasladar la investigación y detener a los responsables, mostrando la capacidad integrada de las fuerzas del orden para afrontar amenazas criminales transfronterizas en el ámbito digital.
No obstante, la experiencia no ha estado exenta de desafíos. Casos recientes han demostrado que no todas las firmas legales ofrecen la competencia necesaria para manejar la complejidad de las cuestiones relacionadas con criptoactivos. Por ejemplo, una acusación de negligencia contra Wealth Recovery Solicitors por no tener la capacidad de rastrear bitcoins robados puso en evidencia la necesidad de contar con profesionales altamente especializados y la infraestructura adecuada para gestionar estos casos. En respuesta, los expertos legales y policiales han insistido en la importancia de la formación continua y el establecimiento de protocolos claros que guíen la cooperación entre sectores. Según Ashley Fairbrother, representante de Edmonds Marshall McMahon, la creación de pactos firmes entre cuerpos policiales y firmas privadas es una estrategia indispensable para abordar el problema endémico de fraude digital en el Reino Unido.
El desarrollo de estas iniciativas también tiene un efecto preventivo al dificultar que las redes criminales operen con impunidad, al retirarles sus recursos ilícitos y limitar su capacidad para reinvertir en actividades delictivas o lavado de dinero. Además, al dar voz y mecanismos tangibles a las víctimas, se fortalece la percepción pública de que denunciar es útil y efectivo, lo que puede aumentar la cooperación social y la detección de nuevos casos fraudulentos. Las lecciones aprendidas en el Reino Unido pueden servir como modelo para otros países que enfrentan retos similares en la protección de sus ciudadanos y mercados digitales. La integración de la tecnología, el derecho y el esfuerzo policial es la fórmula necesaria para combatir las modalidades cada vez más sofisticadas de fraudes que proliferan en la era digital. Además, este enfoque multisectorial enfatiza la importancia de adaptar las legislaciones para que contemplen las particularidades de los activos digitales y se mantengan a la vanguardia de los avances tecnológicos.
Sin regulaciones adecuadas y mecanismos efectivos, los esfuerzos para combatir el fraude serán incompletos, dejando a las víctimas desprotegidas y al sistema sin herramientas para responder con eficacia. Finalmente, la alianza entre la policía de Londres y firmas como Gowling WLG no solo representa un avance significativo en la recuperación efectiva de activos defraudados, sino que también establece un precedente inspirador en la construcción de un entorno más seguro y justo para los usuarios de criptomonedas y activos digitales en general. La cooperación entre sectores se convierte en un pilar fundamental para garantizar justicia y confianza en el mercado financiero moderno, combatiendo el fraude y protegiendo a quienes participan en el pujante mundo de las finanzas digitales.
