En mayo de 2024, la Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) de Estados Unidos adoptó una postura novedosa respecto a la creciente industria de «Compra Ahora, Paga Después» (BNPL). A través de una interpretación normativa, la agencia clasificó a las empresas proveedoras de BNPL como emisores de tarjetas de crédito. Esto implicaba que dichas compañías debían cumplir con ciertas protecciones legales que tradicionalmente se aplican a las tarjetas de crédito convencionales, incluyendo derechos específicos para que los consumidores pudieran disputar cargos y acceder a información clara y transparente sobre sus préstamos. No obstante, en mayo de 2025, la CFPB anunció un giro significativo: decidió abandonar la aplicación estricta de estas reglas hacia los proveedores de BNPL, priorizando recursos y supervisión en otras áreas que considera de mayor urgencia para la protección del consumidor estadounidense. Esta decisión refleja un cambio en la estrategia regulatoria de la CFPB y plantea importantes preguntas sobre el futuro de la regulación financiera en un mercado digital y en rápida evolución.
La medida fue comunicada mediante un enfoque en la reasignación de supervisión por parte de la agencia, cuyo objetivo es concentrarse en amenazas consideradas más inmediatas para ciertos grupos vulnerables, como los miembros del servicio militar, veteranos y pequeñas empresas, dejando en un segundo plano la regulación específica de BNPL. La industria de BNPL experimentó un crecimiento exponencial en los últimos años, ofreciendo a los consumidores la posibilidad de financiar compras a corto plazo, generalmente sin intereses, mediante pagos fraccionados. Este modelo ha sido especialmente popular entre los jóvenes y aquellos con historiales crediticios limitados o subprime, ya que permite acceder a bienes y servicios sin la necesidad de una tarjeta de crédito tradicional o préstamos personales. Sin embargo, también ha generado creciente preocupación por su potencial para fomentar sobreendeudamiento y falta de transparencia en condiciones y costos asociados. Según un estudio realizado por la misma CFPB, más del 20% de consumidores con historial crediticio utilizaron servicios BNPL en 2022.
Este porcentaje es particularmente elevado entre los individuos con puntuaciones de crédito subprime o profundas subprime. Además, el informe reveló que más del 60% de estos usuarios tenían múltiples préstamos BNPL activos simultáneamente, y aproximadamente un tercio solicitaba créditos en varios proveedores diferentes. Esta práctica aumenta el riesgo financiero personal, pues concentra deudas en diferentes plataformas con posibles impactos en la estabilidad económica individual. Las empresas de BNPL, como Affirm, han expresado críticas hacia la aplicación de regulaciones diseñadas para tarjetas de crédito tradicionales, argumentando que estas reglas no se ajustan a la naturaleza específica de los productos BNPL. Estas compañías señalan que la normativa podría generar confusión entre los consumidores y crear barreras innecesarias que afectarían la experiencia de usuario y el acceso al crédito democrático.
Desde su perspectiva, las características de BNPL, que suelen operar con préstamos a corto plazo y pagos fijos, requieren un enfoque regulatorio diferenciado. La CFPB, por su parte, ha justificado la decisión de apartarse de la aplicación de estas reglas bajo el argumento de optimizar sus recursos para abordar riesgos de mayor gravedad que afectan a sectores más vulnerables o a temas con impactos económicos más amplios. La agencia está evaluando incluso la posibilidad de rescindir la framework regulatoria inicial aplicable a BNPL, lo que supondría un retroceso en cuanto a la protección jurídica directa para los usuarios de estos servicios. Este cambio regulatorio se da en un contexto más amplio de retroceso o ajuste en la aplicación rigurosa de ciertas políticas dentro de la CFPB, coincidiendo con un periodo reciente en que la agencia ha revisado o desestimado algunas acciones legales relevantes. Por ejemplo, en marzo de 2025, la CFPB decidió desistir de una demanda federal contra bancos vinculada a la gestión del servicio de pagos Zelle, demostrando una postura más conservadora en cuanto a litigios y sanciones regulatorias.
Para los consumidores, esta decisión implica un nuevo escenario donde los servicios de BNPL podrían operar con menos supervisión directa y menores requerimientos de transparencia respecto a los derechos tradicionales que se otorgaban a los usuarios de tarjetas de crédito. Aunque esto podría traducirse en mayor flexibilidad y comodidad para algunos usuarios, también aumenta el riesgo de prácticas menos responsables por parte de prestamistas y potenciales perjuicios para consumidores con menor capacidad financiera o desconocimiento de los mecanismos de deuda. Desde el punto de vista empresarial, la pausa regulatoria es percibida como una oportunidad para expandir el modelo de negocio BNPL sin enfrentar las restricciones y costos asociados a la regulación crediticia plena. Esto podría incentivar la innovación y aumentar la oferta de servicios financieros alternativos, aunque también requiere un compromiso ético de las compañías para evitar abusos y asegurar que la deuda generada sea manejable para los clientes. El debate sobre la regulación adecuada para BNPL resalta la tensión entre la protección del consumidor y la promoción de la innovación financiera.
Mientras que por un lado se busca evitar que el acceso fácil a crédito genere problemas sistémicos o individuales, por otro se reconoce que los modelos alternativos al crédito tradicional son esenciales para inclusión financiera y adaptación a nuevas formas de consumo. Además, el enfoque de priorizar protección a ciertos grupos como militares y pequeñas empresas denota una sensibilidad especial de la CFPB hacia segmentos que podrían estar expuestos a riesgos financieros específicos y representa un cambio estratégico para maximizar el impacto social de sus acciones. Mirando hacia el futuro, la industria BNPL podría enfrentar discusiones legislativas para establecer marcos normativos más claros, que equilibren los beneficios de este tipo de financiamiento con la adecuada protección del consumidor. En algunos países, la regulación de BNPL ya está tomando forma con leyes específicas o normativas ajustadas a su naturaleza particular. Para los consumidores, es fundamental mantener una educación financiera constante y un entendimiento claro de los riesgos inherentes a los créditos rápidos y fragmentados que ofrecen los sistemas BNPL.
La transparencia, el control sobre la deuda acumulada y la posibilidad de disputas o reclamaciones serán aspectos clave para evaluar la conveniencia y seguridad de estos productos. En conclusión, la decisión de la CFPB de suspender la aplicación de la regulación que consideraba a BNPL como un emisor de tarjeta de crédito marca un punto de inflexión en la regulación financiera de Estados Unidos. El énfasis en reasignar recursos a problemas considerados más urgentes para consumidores vulnerables refleja una nueva etapa en el equilibrio entre supervisión, protección y promoción de la innovación en el sector crediticio. A medida que la industria BNPL siga evolucionando y expandiéndose, será crucial observar cómo se desarrollan tanto las respuestas regulatorias como las prácticas empresariales para garantizar un mercado justo, transparente y responsable.
